La rebelión de la burguesía

Las recientes declaraciones de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, son muy expresivas de la nueva realidad social, al informar sobre la preocupación de los dueños de los Cholets, con relación al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. En mi opinión, esta es la declaración más representativa sobre el rechazo ciudadano a la imposición de nuevos controles, que, aunque basados en un fin legal, como es evitar el lavado de dinero, son percibidos como atentatorios contra los derechos fundamentales de la presunción de la inocencia, del debido proceso, del derecho al trabajo, a la propiedad y a la iniciativa privada.

“Hay dueños de cholets que han manifestado su preocupación contra el congelamiento de cuentas que puede haber a simple denuncia y luego se podría intervenir sus cuentas”, indicó la alcaldesa Copa. Uno se podría preguntar, cual es la relación entre los dueños de los cholets y este proyecto normativo.

Los cholets, son edificios, que congregan en sus distintos niveles, tiendas, almacenes de mercadería, salón de eventos y una casa en al último piso; son construidos por los comerciantes alteños, que así invierten su prosperidad. Sus propietarios, generalmente son grandes distribuidores del comercio informal, importando la mercadería principalmente desde China y distribuyéndola mediante las ferias populares de El Alto y de todo el país.

La importancia económica y social del sector es creciente, dando origen a una identidad económica y regional alteña, basada en el interés corporativo de este sector del comercio, que se proyecta con un notable peso político, tanto para las elecciones de ese municipio como para las del Departamento de La Paz, y, al mismo tiempo, generan impacto nacional.

No son los únicos, los comerciantes gremialistas de todo el país comparten el rechazo al proyecto de ley; también lo hacen los transportistas, los cooperativistas mineros, los cocaleros de los Yungas, entre otros sectores que también tienen el mismo origen popular y que han logrado un notable peso económico.

El problema del proyecto de ley es que amenaza simultáneamente al conjunto de los bolivianos, ya sean formales o informales, con una redacción arbitraria y discrecional, que, por la experiencia cotidiana de la ciudadanía, rápidamente se puede convertir en abuso de poder y extorsión por parte de los funcionarios públicos a cargo de las investigaciones y de las autoridades políticas que los controlen.

Si a ello le sumamos la absoluta desinstitucionalización de la justicia y de las entidades públicas que estarían a cargo de ejercer los nuevos poderes que el referido proyecto de ley establece, no hay dudas de que el temor ciudadano a sufrir mayor inseguridad jurídica de la que ya se sufre, es general y compartido por muchos sectores que incluso han votado por el actual presidente y su partido.

El problema de fondo es que se está atacando los efectos sin afrontar las causas que pueden originar un enriquecimiento ilícito, el cual en su más amplio sentido podría comprender en el alcance de la ley, no solo a aquellas actividades abiertamente criminales, sino también a otras consideradas legales como las que se realizan bajo los regímenes tributarios especiales, además de las incluidas en el Régimen General, cuyos representantes también se sienten sujetos al peligro de la arbitrariedad en la aplicación de esta norma.

Si fuésemos a las causas, debiéramos primero enfocarnos en la institucionalización de la justicia, del ministerio público y de todas las entidades de regulación sectorial y de recaudación tributaria, además de crear las condiciones para una formalización progresiva de todos aquellos espacios económicos informales en los que hoy trabaja más del 80% de los bolivianos. Entretanto, ya existen normas para investigar y procesar actividades criminales como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. No es necesario generar incertidumbre en el conjunto de la población.

Óscar Ortiz ha sido presidente del Senado y ministro de economía.