La política de pegas y el medioambiente

Las dos últimas semanas, el barrio en el que vivo se ha visto agitado por grupos de militantes del MAS que demandan cuotas de poder en el nuevo gobierno. Cada día, al menos tres barras bravas llegan a las puertas del comando general del partido para vitorear en favor de su candidato/a a ocupar algún Ministerio. Algunas veces coinciden entre quienes están disputando la misma plaza y entonces se producen agresiones verbales y físicas. En la vecindad hemos visto volar más de un guardatojo.  

Algunos analistas han advertido que la oposición está dividida, ciertamente, no es fácil perder. Pero, por lo que se ve desde mi ventana, el MAS también está dividido, aunque de otra forma. En este caso la lucha es por el pedazo del Estado que creen que les corresponde tras la victoria. Están ejerciendo la política de pegas o lo que consideran su derecho a ser retribuidos por la cosecha de votos que hicieron en la campaña, transformándolos en un número determinado de espacios para su facción. Algunos no se conforman con poco y reclaman más de un ministerio.  

La política de pegas es una práctica muy arraigada en los grupos políticos bolivianos. Malloy, a quien debemos el término, la identificó en el periodo posterior a la revolución del 52. Con la recuperación de la democracia del 82, y la consolidación de los partidos políticos, pareció verse fortalecida con los conocidos botines de guerra. Sin embargo, puede ser que, hoy por hoy, sea la única institución estatal en pie.

En efecto, una de las cosas que hizo el MAS desde el 2006 fue institucionalizarla. A las cooperativas mineras, por ejemplo, le entregaron el Ministerio de Minería. En la última década y media, aun en el gobierno de Jeanine Añez, esa cartera estuvo bajo control de esta dirigencia. Lo que podríamos caracterizar de una “captura cooperativa” del Estado porque desde esa posición táctica se repartieron derechos mineros (que son recursos constitucionalmente propiedad de todos los bolivianos), recursos estatales en forma de fondos de incentivo, se rebajaron impuestos y anularon todo sistema estatal de control ambiental, impositivo o laboral. Acuñaron una forma de enriquecimiento político arraigado en el número votos que pueden ofrecer al gobierno de turno. 

Otra de las más notorias capturas del Estado boliviano viene de la dirigencia vecinal de El Alto. Desde 2006 tomaron el Ministerio de Medio Ambiente o el recorte que hicieron del viejo Ministerio de Desarrollo Sostenible al convertirlo en Ministerio del Agua. En ese temprano momento, el MAS mostró que el medioambiente era la última rueda del carro y una moneda de cambio de favores con la dirigencia de la COR, Fedjuve y otros gremios alteños. Así fue hasta que Añez nombró, en 2019, a la cruceña María Elva Pinckert.

Ahora demandan recuperarlo.  Precisamente, esta semana, uno de los grupos de presión más activos en la calle ha sido el que presiona porque Maribel Flores, una líder vecinal de El Alto, sea nombrada ministra de medio ambiente y agua. Al grito de “renovación” piden que los viejos partidarios de Morales (identificados como q’aras) no vuelvan al gabinete. Por lo visto, el pedido incluye a los allegados de Choquehuanca, políticos de la élite blanca que, por más de una década, se disputan con la dirigencia alteña las trincheras internacionales de la pachamama. ¿La politización del racismo podría ser un arma de doble filo que esta vez perjudique a David Choquehuanca, uno de sus máximos exponentes? Ya veremos.  

La política de pegas está reñida con la inclusión social y otras concepciones y prácticas democráticas, como la democracia ambiental. Distribuir clientelarmente la gestión pública entre grupos de apoyo electoral, no amplia la presencia de grupos excluidos, por el contrario, la hace más excluyente al limitar severamente la participación social no prebendalizada. Precisamente contra esa pared (indolente, ineficiente e insolente) se estrellaron, todos estos años, quienes defienden el medio ambiente. Esa es la explicación de por qué, en materia ambiental, a pesar de los rituales “ancestrales” en Tiwanaku, la pachamama es asesinada cada día.

Marco Gandarillas es sociólogo.