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06/12/2020
Otra vuelta

Improrrogable institucionalización de la Defensoría del Pueblo

Marco Gandarillas
Marco Gandarillas

Personas de la talla moral y profesional de Ana María Romero de Campero sentaron las bases de una institución entre las instituciones de Bolivia. Con un equipo de personas notables, la Defensoría del Pueblo se puso al frente del abuso de poder estatal en los momentos más duros de la crisis de la democracia pactada. Su actual ocaso es la mayor muestra del desmantelamiento de las instituciones democráticas. Dejó de ser la Defensoría del Pueblo para convertirse en la Defensoría de un partido en el gobierno. 

La peor época empezó cuando, usando el rodillo de los dos tercios en la Asamblea Legislativa, el MAS eligió como nuevo defensor del pueblo a David Tezanos. Hasta entonces un funcionario de alto rango (pero de pocas luces) del Ministerio de Justicia. Esta designación marcó un punto de inflexión respecto de los procesos anteriores por la abierta contravención a la Constitución Política que señala en el artículo 220 que el/la defensora se elegirá por méritos “entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos”. Este señor era un completo desconocido en ese campo y, como se verificó en el examen público, tenía pocos méritos profesionales para ser elegido ya que desconocía hasta las atribuciones del cargo al que postulaba.

El papel del nuevo defensor consistió en poner a la Defensoria al lado del gobierno del MAS (lo dijo en su examen público). El camino fue cambiar la ley de la Defensoría del Pueblo (No 870, 13/12/2016) que eliminó la incompatibilidad del ejercicio del cargo con la militancia partidaria; suprimió la incompatibilidad de postulación a cargos electivos cinco años después del cese de funciones; y estableció el interinato indefinido para quien reemplace al defensor del pueblo. De este modo sentaron las bases de la pérdida de autonomía de la Defensoria.

El resultado fue un verdadero desastre. La institución pasó a ser la principal entidad antiderechos, querellándose penalmente contra grupos sociales opositores al gobierno. En un par de años, la imagen pública conquistada en más de 15 años de existencia se vino abajo. El ciclo de Tezanos acabó cuando fue obligado a renunciar tras una serie de escándalos de violencia contra su pareja. Un defensor del pueblo violador de derechos humanos, increíble.  

El nombramiento de Nadia Cruz respondió a los mismos fines partidarios y, por eso, adoleció de los mismos vicios que el de Tezanos. Es una completa desconocida en el mundo de los derechos humanos. Su interinato es, hasta ahora, el más largo en toda la historia de la entidad: 23 meses y contando. Se aferra al cargo en base a su inocultable alineamiento con el MAS.

Baste nombrar a dos de sus más cercanos colaboradores: Teresa Subieta y Nelson Cox, ambos abiertos militantes del MAS. Cox asumió el cargo de delegado departamental en Cochabamba dos veces, intercalando funciones en el Ministerio de Justicia. La primera vez fue obligado a renunciar tras un escándalo por conducción en estado de ebriedad y actualmente es candidato a alcalde de Cochabamba por el MAS. Subieta, por su parte, comandó un grupo que, en 2013, tomó violentamente la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz. 

El sometimiento de la Defensoría explica la situación de desamparó de las víctimas de los sistemáticos abusos de poder de este partido y es una de las razones por las que la crisis política derivó en una crisis de derechos humanos con una inédita espiral de violencia callejera. La Defensoría no propició escenarios de diálogo institucionales (como lo hicieran sus paren en pasadas crisis) porque no tenía credibilidad entre las partes y porque jugó a la estrategia de confrontación y polarización mostrándose del lado de unas víctimas y actores de la violencia contra otros.   

En la actualidad, Nadia Cruz es una autoridad interina ilegitima con una deteriorada imagen y casi nula credibilidad interna. Con una autoridad como ella, la Defensoría es incapaz de cumplir su misión de velar por los derechos humanos. Por eso, aunque asuma algunas acciones en favor de los derechos, como se ha visto con algunos obrados sobre la interrupción del embarazo, es un blanco fácil de los grupos antiderechos que levantan la ilegitimidad de su cargo. De hecho, su prolongado interinato juega también en contra del proceso de pacificación que demanda de instituciones y autoridades legítimas capaces de convertirse en interlocutores de todas las partes.  

Marco Gandarillas es sociólogo.



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