Emboscadas en evolución

Octubre es mes de temblores políticos y sociales en Bolivia. La guerra del gas en octubre de 2003 derivó en la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y su huida a Estados Unidos. El fraude electoral en octubre de 2019 desató una grave crisis política que incluyó la dimisión y fuga de Evo Morales a México y Argentina. Sí. Octubre trae remezones, de esos que hacen que la gente reflexione, asuma, actúe y se rebele.

En el gobierno de Luis Arce, que empezó el 8 de noviembre de 2020, luego del triunfo electoral del 18 de octubre de ese año, los meses de octubre, posteriores a su juramento, han quedado marcados por los avasallamientos de tierras cometidos por grupos armados que dicen pertenecer al sector de los interculturales y el paro de los 36 días en Santa Cruz por el Censo nacional.

El 28 de octubre de 2021, 17 personas —entre periodistas, policías, trabajadores agrícolas y empresarios agropecuarios— fueron emboscadas por un grupo de encapuchados en el predio Las Londras de la provincia Guarayos. Los cabecillas fueron identificados, pero no sentenciados hasta el momento. Atacaron con armas de fuego. Uno de los periodistas atacados capturó las imágenes.

Lo sucedido en Las Londras no había ocurrido antes. A la emboscada, le siguieron el secuestro y las torturas a los retenidos. Tres años después, la impunidad se está imponiendo en el ámbito de la justicia subordinada al poder político, pese al esfuerzo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y de una valiente abogada. La explicación tiene que ver con la complicidad gubernamental y de ciertos sectores privados.

Comenzando octubre de 2024, se constata que los avasalladores, la punta del iceberg, han pasado de las emboscadas con secuestros y torturas a las emboscadas precedidas de la quema indiscriminada de bosques y pastizales, confiados en que terminarán como detentadores de los predios invadidos para luego traficarlos.

Sucedió en el área protegida del Bajo Paraguá, en la provincia Velasco, los últimos días de septiembre. Un alcalde, una diputada, un fiscal, una juez y 30 policías, además de integrantes de una ONG y personeros de la ABT, fueron emboscados por avasalladores que admitieron ante el representante del Ministerio Público que ocupan ilegalmente parte de la también reserva forestal, pero comunicaron que no las abandonarán.

Tristemente para el país los invasores han “evolucionado” en su actividad ilícita, amparándose en la protección gubernamental y la complicidad del podrido sistema judicial. Si hubieran castigado, como correspondía, a los autores materiales e intelectuales del caso Las Londras, tal vez no se hubieran dado más emboscadas, nuevos avasallamientos y mayor impunidad.

El presidente y sus estrategas conocen que octubre es el mes de los sismos políticos y sociales. Pobladores de los municipios afectados por el fuego iniciaron marchas de protesta hacia la capital cruceña. Vecinos de Mairana instalaron bloqueos carreteros exigiendo ayuda efectiva y grupos de jóvenes ambientalistas preparaban ruidosas movilizaciones a nivel nacional ante la indiferencia del Ejecutivo. Desde el Ejecutivo, se adelantaron con un decreto tardío de desastre nacional.

Salvo el intento de incluir el delito de incendio forestal mediante una ley y la detención preventiva de tres supuestos pirómanos, mientras arden más de 7 millones de hectáreas producto de las quemas deliberadas para desmontar los bosques, los responsables de la emboscada a la Madre Tierra, a las zonas chiquitanas y amazónicas del país, gozan de la complicidad estatal. Hasta les han dado la ventaja de un acuerdo que flexibiliza la pausa ambiental a nivel nacional y la convierte en una prohibición regionalizada, siempre a favor de quienes emboscan, secuestran, torturan, prenden fuego y lucran con las tierras que avasallan cada año, pero especialmente este 2024 porque presienten que las cosas pueden cambiar a mediano plazo (con la elección de un nuevo gobierno) y, por tanto, ¡ahora es cuando!

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.