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28/03/2021
Articulista Invitado

El golpe que no fue

Franz Barrios Suvelza
Franz Barrios Suvelza

El desmontaje sistemático del Orden Legal Parcia (OLP) en Bolivia es la razón para afirmar que lo que se produjo en noviembre de 2019 fue un reencauzamiento de Estado y no un golpe. El OLP comenzó a ser quebrado a más tardar desde 2013. Ese año los jueces del Tribunal Constitucional desconocieron una disposición transitoria constitucional que limitada la reelección de Evo Morales, a la vez de que le quitaron efecto al artículo constitucional que no permite más de dos mandatos consecutivos.

Los jueces argumentaron que el primer mandato de Evo Morales no contaba ya que se había producido en una república que ya no existía luego de que en 2009 había sido sustituida por el “Estado plurinacional”. Y eso a pesar que Evo Morales, a fin de desbloquear el voto aprobatorio de la nueva Constitución, había anunciado públicamente que, en aras del país, había aceptado el límite a la reelección. Pero la más gruesa violación ocurriría en 2016, cuando Evo Morales desconoció los resultados del referéndum inducido por él mismo para que el pueblo aprobara o rechazara una reforma de la Constitución que permitiera la reelección indefinida.

Evo Morales perdió el referéndum y la Corte Electoral eludió aplicar la ley electoral que le conminaba a imponer los resultados de cualquier referéndum. En lugar de acatar la ley y aceptar el veredicto democrático, Evo Morales buscó sin demora vías para insistir en una candidatura ilegal. Para ello acudió de nuevo al Tribunal Constitucional para habilitar su reelección. Esta vez los jueces decidieron el 2017 declarar inaplicable el art. 168 de la Constitución, que establece el límite a la reelección. Aplicando esta vez un control de convencionalidad, los jueces arguyeron que de acuerdo al art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Evo Morales se beneficiaba del derecho a la reelección indefinida por tratarse de un derecho humano. Como en 2013, esta decisión volvió a vulnerar al poder constituyente.

Finalmente, en las elecciones de 2019, con Evo Morales como candidato de por sí ilegal, el pueblo como poder constituido puede haber sido nuevamente desconocido, pues queda la duda de si es fidedigno el resultado de las elecciones de octubre de 2019, donde 0,57 puntos porcentuales salvaron a Evo Morales del balotaje. Agregando todo esto se puede concluir que el daño fue sistemático, ya que se violentó en 2016 y en 2019 la democracia (basada en el pueblo como cuerpo electoral regular decisorio no constituyente); y se afectó, además, en 2013 y 2017, lo que podría denominarse la demoarquía (concerniente al pueblo como origen de la Constitución).

Un OLP se quiebra cuando una acumulación de daños en variables sensibles (como la seguridad jurídica o la validez del orden legal) de las estipulaciones normativas dirigidas a regular el régimen político –tanto en la dimensión del poder constituido como del constituyente– impide que ellas regulen operacional y estructuralmente la conformación del máximo poder político del Estado, sin que ello implique necesariamente que el orden quebrado no afecte aún el comportamiento de la gente. A la luz de la envergadura del quebrantamiento del OLP, la decisión de Evo Morales de renunciar no solo supuso un recambio irregular de personal en la dirección del Estado boliviano, sino que abrigó simultáneamente la oportunidad de iniciar la reparación del OLP previamente quebrado. La instalación del nuevo Gobierno apareció como potencial reencarrilamiento del país en los rieles de la legalidad.

Pruebas adicionales de que no hubo golpe

La plausibilidad del reencauzamiento de Estado como mejor forma de describir lo sucedido no acaba ahí. En el caso boliviano, varios parámetros usualmente considerados para afirmar la existencia de un golpe no se dejan probar. Un factor que atrajo la atención fue el rol jugado por los militares durante esos días de conmoción nacional. Muchos tomaron las declaraciones del general Kaliman sugiriendo a Evo Morales a que renuncie minutos antes de que este lo hiciera, como la piedra de toque. Steven Levitsky fue uno de los que dedujo el golpe de esas declaraciones. Su confianza apodíctica sobre su diagnóstico es inversamente proporcional a su interés por los datos del contexto inmediato y más general que rodearon al acontecimiento. Levitsky no ve como relevante, por ejemplo, que antes de que el general Kaliman hiciera su sugerencia el domingo 10 de noviembre, la Central Obrera Boliviana (COB), que Evo Morales adujo como pilar de su legitimidad, también le había conminado a dejar el cargo.

Más aún: en la madrugada de ese domingo, Evo Morales se enteró de que la auditoría electoral de la OEA estaba a punto de publicarse. Las conclusiones de tal reporte, que mencionaban dolo en las elecciones, hicieron que Evo Morales pidiera, sin éxito, que no se publicara al intuir que tal noticia achicaba su margen de maniobra. La firmeza con la que Levitsky defiende que el golpe se sustenta en que la sugerencia del militar (cerca de las 15:50) se produjo antes que la renuncia (alrededor de las 16:50 horas, es ya a la luz de estos datos debatible, pero pierde definitivamente norte cuando tiempo después se supo que antes del pronunciamiento militar Evo Morales había encomendado a su portavoz a que organizara una reunión con la oposición (Peñaranda, 2019: 237, shorturl.at/hqQW6). Allí su portavoz comunica que el presidente ha decidido renunciar, pero espera que la oposición apoye la sucesión constitucional en favor de una correligionaria que fungía como presidenta del Senado.

Esto cuadra con las memorias de Evo Morales, donde se advierte cómo el entonces presidente madura la decisión de renunciar muchas horas antes y con clara independencia del pronunciamiento militar que él menciona como una anécdota. Sus memorias dan a entender que lo decide así incluso un día antes, el sábado 9 de noviembre. No sorprende, pues, que en su carta de renuncia Evo Morales no mencione la declaración del general Kaliman como causa de su salida.

Debería llamar la atención adicionalmente que ningún militar asumió cargo alguno luego de los eventos y que a horas del juramento de la nueva presidenta, y siguiendo los protocolos preestablecidos, el comando general en pleno fue relevado. No se menciona que el lenguaje usado por el general Kaliman se hallaba explícitamente respaldado por la ley militar boliviana. La razón que Evo Morales esgrime para la renuncia es que fue para evitar muertes entre los bolivianos. Quien hubiera observado la evolución de la conducta de las FFAA bolivianas durante los 35 años después de la recuperación de la democracia, no se sorprendería del papel cauto y hasta indiferente que los militares jugaron durante esos días.

No deja de ser una ironía que cuando los militares bolivianos, al contrario de una historia proclive al alzamiento armado contra el Gobierno civil, actúan de una forma relativamente institucional, sean tomados como los perpetradores de un supuesto golpe. Tal vez impresionados por un país aquejado en el pasado por prácticas militares desestabilizantes, los analistas prefirieron extrapolar el factor militar sin mayores consideraciones de contexto y asumieron que, ante una situación de crisis, los militares solo podían haber tenido un reflejo hacia la violencia, como si eso les fuera inextricable.

El rompecabezas parecería cerrarse si se parte de que los militares suelen encarnar una fuerza conservadora cuya reacción ante un presidente como Evo Morales, considerado como progresista, solo puede haber sido la de su violenta expulsión en aras de la protección de los intereses amenazados por las transformaciones sociales en beneficio de los excluidos. Si bien tanto esta estrategia analítica simplista, cuanto la insistencia en la actuación del general Kaliman, aislada de todo contexto, son legítimas para concluir que hubo golpe, los datos expuestos revelan que una estrategia analítica más sensible al contexto y más exigente en lo conceptual, es más fructífera para ajustar mejor el diagnóstico a los hechos.

Hay algo más en favor de la teoría del reencauzamiento de Estado. Su plausibilidad recibe adicionales respaldos por el incumplimiento de condiciones adicionales que se suponen caracterizan un golpe. Como se dijo, Powell y Thyne postulan la ilegalidad como un rasgo de golpe y lo hacen con el fin de no confundirlo con relevos irregulares de presidentes que se hallan basados llanamente en el derecho de movilización de los ciudadanos. Para estos autores, movilizaciones de este tipo también pueden desembocar en una remoción irregular, pero no por ello son automáticamente ilegales. Los autores también insisten en que los perpetradores de un golpe deben provenir de dentro del aparato estatal. En el caso boliviano ni hubo necesariamente ilegalidad en el acto de remoción ni hubo actores urdiendo el desenlace desde dentro del aparato estatal. Tampoco se cumple aquella condición en el sentido de que los militares deben ser proactivos, por lo que no será suficiente que las fuerzas del orden se nieguen a cumplir instructivos para reprimir. En Bolivia los militares fueron pasivos.

La prueba final para el reencauzamiento de Estado es observar qué pasa con los tres parámetros de su plausibilidad sugeridos arriba. Primero, Evo Morales no solo fue el damnificado de una suspensión irregular de su mandato, sino que él mismo fue propulsor del quiebre del OLP. El solo hecho de su separación del cargo contenía la potencialidad de detener la erosión del OLP. En segundo lugar, la primera ley que sacó el nuevo Gobierno contiene propósitos de reencarrilamiento del país en la legalidad. En esta primera disposición se llega a excluir de las nuevas elecciones que se realicen a candidatos que hubieran ejercido el mando más de dos veces, revirtiendo ex post la negación de Evo Morales del resultado del referéndum de 2016. Luego de tres años de desconocimiento de la decisión soberana, la primera medida legislativa post-Morales repara dicha usurpación. En tercer lugar, las actuaciones dirigidas a cerrar el vacío de poder que siguen a la renuncia de Evo Morales se desplegaron en sujeción al marco constitucional, lo cual fue refrendado por el Tribunal Constitucional, que avaló las modalidades de transición adoptadas.

Conclusiones

A fines de 2019 la política internacional fue sorprendida con la dimisión de Evo Morales de la presidencia de Bolivia luego de catorce años de gobierno. Los observadores se dividieron entre quienes vieron un golpe de Estado y quienes diagnosticaron lo contrario. Este artículo toma este evento como la ocasión para reflexionar sobre la potencia y los límites que tiene el concepto de golpe de Estado. Luego de un cotejo de conceptos y respaldos empíricos, el artículo concluye que el concepto de golpe de Estado no es apto para dar cuenta de este evento. Para llegar a esa conclusión, el artículo comienza con un ajuste parcial del concepto de golpe de Estado, articulando diversas perspectivas, como las de la ciencia política, la teoría constitucional y la teoría del Estado.

Sugiere ampliar la convencional estructura trifásica de atributos usados para definir golpe, con un cuarto atributo, el del orden legal parcial del Estado. Esta ampliación va acompañada de una teorización más detenida sobre la naturaleza del OLP y de cómo se engrana con el concepto más amplio de constitución. Este artículo encuentra que solo destacando el OLP se puede visualizar la posibilidad de un nuevo concepto que permita clasificar casos en los que la remoción anómala de un presidente no coincide con la ruptura del OLP por suceder cuando este ha sido quebrado de antemano.

En tal caso, el artículo sugiere hablar de un reencauzamiento de Estado en vez de usar el concepto de golpe, estirándolo para dar cuenta de un hecho que carece de las premisas que un golpe de Estado exige. Luego de establecer los parámetros de plausibilidad de un reencauzamiento de Estado y de confrontar este esquema con diversas alternativas y contraargumentos que se le pudieran anteponer, el artículo sintetiza las virtudes del concepto a la luz de datos empíricos del caso boliviano.

Este enfoque contiene una valía analítica más allá del caso boliviano, ya que puede repercutir en discusiones derivadas de reconocer que tanto golpe como reencauzamiento de Estado suponen la remoción de un presidente sin que se aplique el mecanismo de un acto electoral limpio. En consecuencia, ambas técnicas ponen sobre la mesa la cuestión de si son únicamente fórmulas de solución estrictamente extraídas del catálogo de procedimientos democráticos las que se deben emplear para neutralizar gobernantes democráticamente electos que, al día siguiente de su legal y legítima entronización, comienzan a desmantelar, a veces usando medios legales o constitucionales, el sistema que los llevó al poder.

Este es un extracto del artículo académico publicado bajo el título "El golpe que no fue. La última crisis estatal boliviana y los límites del concepto de golpe de Estado" por el cientista social boliviano Franz Barrios Suvelza en la Revista de Estudios Políticos. La revista es editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. El artículo íntegro se encuentra aquí: CEPC - revistas electrónicas



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