El gobierno busca ampliar la frontera agrícola en zonas de vocación boscosa

El desastre ecológico que afecta a la Chiquitania es consecuencia de un modelo de desarrollo agrícola que alienta la expansión de la superficie cultivada en vez de la productividad de la tierra como medio para incrementar la producción agrícola.

La caída de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial y la deficiente gestión gubernamental de dicho sector –que mermó los ingresos fiscales por concepto de las exportaciones de gas– llevó al gobierno del MAS a poner los ojos en el incremento de la producción agropecuaria por la vía de la ampliación de la frontera agrícola, aliándose para ello con los poderosos gremios agroindustriales del oriente del país.

Esta alianza, lograda con el beneplácito de las organizaciones campesinas cooptadas por el MAS permitió que la agenda desarrollada desde 2006 por el sector agroempresarial fuera progresivamente adoptada como política pública por el gobierno de Evo Morales.

Hacia 2013, bajo el argumento vicepresidencial de que “Bolivia tiene que ser una zona que produzca alimentos para el mundo” (el nuevo oro demandado por el mercado mundial, en sus palabras), el gobierno se planteó la meta de lograr, hasta 2025, 13 millones de hectáreas cultivadas y una producción agrícola de 45 millones de toneladas métricas.

Unos años después, como los precios de los productos agrícolas estancados y con un sector agroempresarial sin incentivos para incrementar la producción agrícola, el gobierno optó por asegurar las ganancias agroempresariales habilitando el mercado interno para la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel), bajo el justificativo de desarrollar un proceso de sustitución de importaciones de combustibles.

En este sentido, el gobierno del MAS, a través de su vicepresidente García Linera, plantea como uno de los retos del país consolidar una alianza entre los productores agropecuarios, los industriales y el Estado a través de YPFB para ampliar la frontera agrícola.

De esta manera, el desarrollo agrícola ya no es visto como un proceso orientado a la producción de alimentos para el mercado interno y para el mundo, como rezaba la propaganda inicial, sino para el incremento de cultivos que, como la caña de azúcar y la soya, sean materia prima para la producción de biocombustible.

Si durante los 13 años del gobierno del MAS un poco más del 70% del incremento neto de la producción agrícola obedece a estos dos cultivos, a futuro su peso será, ni duda cabe, cada vez mayor.

Consecuencias de la ampliación de la frontera agrícola

En diferentes estudios hemos señalado que los procesos de saneamiento han consolidado las tierras aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en favor de los grandes propietarios. Las tierras fiscales identificadas para su distribución se asientan en áreas de vocación forestal.

La obsesión gubernamental por ampliar la frontera agrícola no sólo está llevando a la aprobación de una serie de normas que facilitan el desbosque y el chaqueo en pleno año electoral, sino también a una masiva distribución de tierras fiscales en áreas de vocación forestal, con las consecuencias que hoy se expresan en el incendio en la Chiquitania.

Hace 17 años, el “Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y Pantanal” editado por la Fundación Amigos de la Naturaleza, advertía que el impacto de una masiva colonización hacia el territorio del Bosque Seco Chiquitano que no tenga un conocimiento en el manejo sostenible de recursos naturales podría tener un impacto fatal, más aún en condiciones de sequía y altas temperaturas.

Asimismo, advertía que “las praderas naturales (24,4% del área) ya están con capacidad de carga utilizada, por lo que cualquier extensión de la actividad ganadera tendrá que realizarse en combinación con la conversión de bosques en sabanas si no se opta por la intensificación de la producción, la cual, por la baja calidad del suelo, no es factible. Entonces, un posible crecimiento del sector amenaza la persistencia de muchos bosques, especialmente si no se logra un mejoramiento del manejo del fuego”.

Al parecer, las autoridades gubernamentales ignoraban la existencia de este plan o sencillamente, como ya es costumbre suya, despreciaron estas certeras recomendaciones al momento de definir la distribución de tierras en la zona devastada por el incendio.

Lo cierto es que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que ya ha sido denunciado insistentemente por supuestos actos de corrupción en la dotación de tierras, ha aprobado un proceso masivo de asentamiento de nuevos “comunarios” en la zona, los mismos que, con la finalidad de demostrar la función económica o social de la tierra, proceden a tareas de desmonte y chaqueo de sus nuevos predios.

La reciente declaración del presidente Morales de una “pausa ecológica” que prohíba la venta de tierras en esta región, confirma que muchos de los nuevos “comunarios” que acceden a estas tierras fiscales terminan alquilando o vendiendo las mismas a los medianos y grandes empresarios de la región.

¿Ampliación de la frontera agrícola o productividad?

Contrariamente a lo que se cree acerca de una ampliación casi infinita de la frontera agrícola, respaldada por el vicepresidente García Linera en su afán desmedido por defender los intereses de la gran burguesía agroindustrial, Bolivia no cuenta con grandes superficies de tierras aptas para el desarrollo de una agricultura sostenible.

El estudio denominado “Compendio Agropecuario 2012”, publicado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, señala que la superficie total agrícola disponible (es decir la sumatoria de la superficie cultivada, barbecho, descanso y tierras con potencial agrícola) alcanza a 8,9 millones de hectáreas, es decir, sólo el 8,1% de la totalidad del territorio nacional.

Es más, si se no se toman en cuenta las tierras que ya están siendo cultivadas y aquellas en barbecho o descanso, las tierras con potencial agrícola para el futuro desarrollo de la frontera agrícola llegan a 4,5 millones de hectáreas, es decir, sólo el 4,1% del territorio nacional.

Y lo anterior es aún más relativo si se considera que la ampliación de la frontera agrícola implica el desarrollo de materias primas para la producción de etanol y biodiesel, que se concentrarán fundamentalmente en las tierras bajas. Las posibilidades de expansión de la frontera agrícola sobre tierras aptas para la agricultura son mucho menores: según el estudio del Ministerio mencionado, las tierras con potencial agrícola (descontando las que ya son cultivadas y aquellas en descanso o barbecho) tanto en Santa Cruz, Beni y Pando, solamente alcanzan a dos millones de hectáreas.

Como se puede inferir, una ampliación de la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas supone sobrepasar ampliamente estos límites, por lo que el incremento de la frontera agrícola se hará sobre tierras no aptas para la agricultura; es decir, se expandirá a áreas de clara vocación forestal del uso del suelo, que incluyen los territorios indígenas, seguramente con resultados productivos de muy corto plazo, pero no sustentables a futuro.

Al parecer, las autoridades de gobierno no sólo ignoran los estudios e información de las instituciones de la sociedad civil sino también aquellos que son generados por sus propios ministerios.

El estudio del Ministerio citado, además de presentar información oficial con relación al uso actual y potencial de tierras agrícolas en el país, advierte que “la apariencia exuberante de la Amazonía y trópico hace pensar que sus suelos tienen un potencial ilimitado, pero tienen serios problemas de acidez; además como es una región con altas precipitaciones, se logró formar una cobertura vegetal abundante, pero que se sustenta en un delicado equilibrio ecológico, que al ser alterado por las quemas y chaqueo, lleva a procesos intensos de degradación”.

Existe demasiada evidencia de que Bolivia se sitúa entre los países con los menores rendimientos agrícolas de la región y con distancias abismales en relación a la productividad alcanzada por los países desarrollados.

Entre 2005/2006 y 2016/2017, es decir durante el “proceso de cambio”, los rendimientos promedio anuales totales apenas han sufrido un muy ligero incremento de 4,76 toneladas métricas por hectárea a 4,96. Se requieren, por tanto, políticas públicas orientadas a mejorar sustancialmente la productividad para enfrentar la necesidad de una mayor producción agrícola.

Si no nos equivocamos en la división y tomamos en cuenta la propuesta gubernamental de lograr 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas métricas hacia 2025, en realidad estaríamos retrocediendo en los niveles de productividad, pues llegaríamos a un rendimiento promedio de sólo 3,46 toneladas métricas por hectáreas. Gran regalo del gobierno del MAS para celebrar el bicentenario de la fundación de Bolivia a costa de sus bosques y la biodiversidad.

Enrique Ormachea Saavedra es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)