El (des)precio por la vida

En la disyuntiva entre aplicar una cuarentena rígida para combatir el coronavirus o abrir la economía, los economistas en EEUU han calculado el valor de 10 millones de dólares por cada vida humana salvada. Se ha llegado a esta cifra luego de haber estimado el valor presente neto (VPN) de la pérdida de ingresos futuros promedio a raíz de la muerte, más otros costos adicionales atribuibles a los efectos colaterales de traumas psicológicos, disrupción laboral, social, familiar, etc.

Expertos del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los EEUU han estimado que la negligencia del presidente Donald Trump al haber ocultado la gravedad del coronavirus, desde que ello le fue comunicado en febrero de 2020 hasta el momento en que se tomaron lenta y gradualmente medidas de contención del contagio, ha significado para ese país una pérdida estimada de 100 mil vidas. O sea, por esa irresponsabilidad EEUU ha perdido ¡un millón de millones de dólares! (un trillón de dólares en la nomenclatura estadounidense).

Consecuentemente se pudiera concluir que preservar la vida de 100 mil personas en EEUU equivale a evitar una pérdida económica de un trillón de dólares. Es decir, es posible tomar una decisión de política pública basada en una evaluación de costo-beneficio social, con esos parámetros. Si la pérdida ocasionada por el cierre de la economía es menor al valor de la muerte de 100 mil personas, se debiera preservar la cuarentena rígida hasta vacunar a la población.

La facilidad de recursos de emergencia de 107 billones de dólares puesta a disposición para más de 70 de sus países miembros por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para responder a la crisis de la pandemia, y la solicitud por Bolivia de 346.7 M en 2020, no sólo fue legítima, completamente legal y no requería de aprobación congresal alguna –siendo prácticamente hacer uso temporal de sus aportes institucionales–, sino que era absolutamente urgente para paliar el estrago causado por el virus. No haberlo hecho hubiera constituido una negligencia imperdonable del gobierno de Jeanine Añez.

El exministro José Luis Parada y las autoridades del Banco Central actuaron con diligente responsabilidad y oportunidad al acceder a esa facilidad del FMI, para devolverla en cinco años, pagando una mínima comisión de 1% anual. Ningún crédito de instituciones multilaterales o la banca, incluida la flotación de bonos, contratados por el largo gobierno del MAS, contó con una tasa ni condiciones más ventajosas que la de esos recursos obtenidos del FMI el año pasado.

Haber devuelto al FMI esos 371 millones de dólares, incluyendo el costo adicional, no sólo conlleva una negligencia e irresponsabilidad fiduciaria, sino implica una responsabilidad penal mayúscula para las autoridades del gobierno de Luis Arce Catacora, por no haber aplicado  oportunamente su uso en el combate de la pandemia. Ello se dio, primero, cuando la Asamblea masista se negó a autorizarlos, y peor aún cuando el presidente Arce instruyó su devolución.

Su falta de utilización es causante de cientos de miles de contagios y ciertamente de miles de muertes que pesan sobre los hombros y la conciencia de Arce y su administración. A la fecha, Bolivia tiene más de 275.000 casos y registra 12,344 fallecidos por Covid-19 ¿cuántos contagios y muertes se hubieran prevenido de haberse utilizado esos recursos oportuna y honestamente?

Aplicando el cálculo del valor de la vida humana ajustado a Bolivia por su menor ingreso per cápita, por ejemplo, a un millón de dólares por deceso, y si estos recursos del FMI hubieran evitado tan solo el 10% de éstos, salvando de la muerte a 1.234 personas, dicha inversión representaría un rendimiento de 300% o ¡1.234 millones de dólares de preservación de valor de vida!

Si el gobierno “socialista” carece de la sensibilidad y caridad humana como para preservar la vida por principio moral, por lo menos el presidente-economista pudo haberse percatado del rendimiento económico fabuloso que significaba invertir esos recursos en salvar vidas, que al parecer el gobierno des-precia.

*Ronald MacLean fue alcalde de La Paz y ministro de Planificación, Hacienda y Desarrollo Sostenible