Cruel desprecio

Tres hechos recientes, entre varios ocurridos en los últimos 17 años, marcan el menosprecio de los gobiernos masistas por los derechos humanos en el país, considerados éstos como base de la democracia y el Estado de derecho, por lo que su vigencia y protección debería ser esencial para garantizar el bienestar y la armonía entre los integrantes de la sociedad.

Los derechos humanos garantizan la dignidad, igualdad y libertad de todas las personas. Protegen los valores universales y promueven la justicia, el respeto y la convivencia pacífica. Los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce los ven como un estorbo y su permanente violación están poniendo en serio riesgo uno de los pilares del sistema democrático.

Jueces, fiscales, policías, organizaciones sociales cooptadas y grupos de choque son los dispositivos para intentar aniquilar los derechos humanos, aquellos que en algún momento fueron el escudo protector de Morales en las décadas del 80 y 90, cuando se produjeron atropellos de los gobiernos de turno en contra del entonces activo dirigente cocalero.

La arbitraria toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia por oficialistas disfrazados de activistas, el 2 de junio, desnuda la intención gubernamental de dejar la sociedad inerme, pese a que la Constitución establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos que, según el texto constitucional, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

En lugar de desalojar a los invasores del oficialismo, la Policía y el sistema judicial recibieron órdenes para resguardarlos, premiarlos con la impunidad y esperar que el tema salga de las agendas de los medios para consolidar la mayor agresión a la histórica institución de defensa de los derechos en el país y, como se ha hecho costumbre, hacer que los victimarios enjuicien a las víctimas.

Organizaciones no gubernamentales, grupos de activistas, gremios periodísticos, partidos de oposición y otras instituciones nacionales y extranjeras han repudiado el avasallamiento de la Asamblea de Derechos Humanos presidida por Amparo Carvajal, pero la repulsa no pasará de ser un gesto testimonial porque el temor y la indiferencia de la gente parecen inmutables.

Otro hecho que retrata lo que los derechos humanos representan para los actuales gobernantes es la grave situación del presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza, desde que fue violentamente detenido en septiembre del año pasado, cuando los cocaleros de los Yungas paceños le plantaron cara al gobierno y su organización paralela.

Un informe de la Defensoría del Pueblo dirigida por Pedro Callisaya, explicado en detalle por la defensa legal del dirigente cocalero en el programa Encontrados de La Paz, revela que Apaza fue víctima de torturas aplicadas por policías encapuchados bajo órdenes del exdirector de la fuerza anticrimen de la sede de gobierno para que acepte su aprehensión.

En febrero de este año, el país vio impotente el trato inhumano a Apaza durante su internación en el complejo hospitalario de la sede de gobierno, luego de un cuadro de embolia en el penal altiplánico de Chonchocoro, donde fue reingresado semanas después y ahora se encuentra postrado en una pequeña celda con medicación psiquiátrica debido a su estado de depresión.

El derecho a la salud del dirigente Apaza, entre otros, es violado todos los días porque no recibe fisioterapia y no le dejan salir de su celda, así sea con ayuda de otros reclusos. Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, murió encarcelado tras recurrentes y graves violaciones a sus derechos, solo por haber denunciado la millonaria corrupción en esa institución. Ojalá que Apaza no corra la misma suerte.

La conducta violatoria de los derechos fundamentales también alcanza a cívicos opositores como Rómulo Calvo, expresidente del comité cruceño, a quien policías intentaron detener el martes 6 de junio, tras una audiencia judicial en la que fue condenado a dos años de prisión, aunque el juicio penal procedimentalmente aún no ha terminado y existe el recurso de apelación.

Los abusos antidemocráticos y el paralelismo en sindicatos, organizaciones e instituciones independientes son ahora moneda común en Bolivia. El objetivo es tener una Asamblea Permanente sumisa, que vuelque la mirada y no denuncie las violaciones de derechos, sobre todo de personas que cuestionan las vejaciones del autoritarismo.

El menosprecio por los derechos humanos desde el gobierno es sencillamente un cruel desprecio desde por la vida misma. ¿Vamos a seguir mirando de palco?

Edwin Cacho Herrera es periodista