Crítica a un reciente artículo sobre las aguas del Silala

En un reciente artículo titulado “La traición de Evo sobre las aguas del Silala”, Raúl Peñaranda, director del portal de noticias Brújula Digital, se refiere a uno de los temas de mayor actualidad nacional: el conflicto de Bolivia con Chile por las aguas del Silala. Al haber encontrado algunas discrepancias con su planteamiento que, en mi opinión, terminaría en realidad dando la razón al anterior gobierno y tomando a los potosinos como los últimos chivos expiatorios del problema, me veo obligado a proponer los principales elementos de crítica al mismo.

Empecemos por el análisis de su provocativa tesis de traición a la patria. Al respecto, primero dice que la posición boliviana con relación al Silala era que sus aguas “no constituían un río y que llegaban a Chile solo gracias a que habían sido canalizadas’, razón por la cual “Bolivia tiene el derecho sobre el 100% de las mismas y podía cobrarle por su uso a ese país”.

A continuación, sostiene que, en el marco de la defensa de los intereses nacionales en el juicio instaurado por Chile, la Cancillería boliviana del anterior gobierno decidió “no insistir en esa posición histórica y, más bien, reconocer que Chile tiene derecho sobre el 50% de esas aguas”. Por último, argumenta que esto se parece a una traición debido a que las mencionadas autoridades no supieron defender tal posición nacional. Además, da a entender que el entorno de Evo advirtió a los chilenos que Bolivia pensaba iniciar una demanda en contra de Chile para que aquellos reaccionaran tan pronto como lo hicieron para perjudicar a nuestro país.

Se debe aclarar antes que nada que lo que Peñaranda considera hasta aquí como “la posición boliviana” era y sigue siendo, en realidad, la “posición de Potosí” sobre las aguas del Silala. En efecto, como él mismo señala más adelante en su contribución periodística, hace prácticamente 11 años, “Bolivia convenció a Chile a que pagara el 50% de esas aguas, a precios internacionales”.

O sea que la posición del gobierno de Evo Morales nunca fue la defensa del 100% de las aguas del Silala, razón por la cual, en el juicio en La Haya el año pasado, la Cancillería boliviana lo único que hizo fue ratificar su perspectiva entreguista, aquella que ya enarboló en 2009 cuando negoció una capitulación con el vecino del Mapocho en términos de una inadecuada compensación monetaria por el uso de las aguas de los manantiales del Sudoeste potosino.

Por tanto, la traición de Evo Morales se perpetró hace 11 años, tal como ya dejé entrever en 2015 (Véase: https://www.paginasiete.bo/opinion/2015/7/25/cronica-auto-derrota-goleada-64296.html) y solo fue reiterada en 2019. Este punto demuestra también la incongruencia de la argumentación de Peñaranda que primero plantea una tesis desfasada en el tiempo para luego contradecirse en sus propios términos.

La conclusión precedente solo puede reforzarse con un despliegue innecesario de conceptos que rayan en la especulación, como aquellos mencionados líneas arriba, en sentido de que el gobierno de Morales hubiera anticipado a su similar transandino acerca de su intención de presentar una demanda ante La Haya para que este último hiciera entonces lo que Bolivia quería hacer en el futuro. Sobre este particular, Peñaranda sólo confirma la imprudencia e ineptitud del gobierno anterior ilustradas por el adagio popular de que “guerra avisada no mata moros”, a tiempo de especular sin fundamento alguno acerca de una supuesta incapacidad de la diplomacia chilena para defender sus propios intereses de no haberse dado la “ayuda” boliviana.  

Ahora nos falta describir algunas imprecisiones del citado artículo periodístico. En primer lugar, Peñaranda sobredimensiona el ingreso que hubiera obtenido Potosí de haber aceptado el preacuerdo establecido en 2009 entre Bolivia y Chile. Así es. Dice que Potosí hubiera recibido unos 10 millones de dólares al año, cuando el dato exacto es 6,2 millones, resultante de la multiplicación de 17.000 dólares día por 365 días del año, con lo que la cifra de 110 millones de dólares presentado por Peñaranda baja a 68,2 millones, una caída no poco significativa del 38% (Véase: http://eju.tv/2009/05/chile-pagar-us-17-mil-por-da-a-bolivia/).

En segundo lugar, sugiere que Potosí se opuso a este arreglo supuestamente tan interesante, como lo ha hecho “a otras inversiones y ofrecimientos”,  dando a entender asimismo que Evo Morales podía haber convencido a la dirigencia cívica potosina a que recibiera esos montos de dinero, para luego afirmar que cuatro años más tarde el gobierno del MAS “cometería la falta de iniciar un proceso sin base técnica y admitir que el 50% de las aguas son chilenas, y que por lo tanto no tenemos nada que exigir a ese país en términos monetarios”.

Habría que recordarle en principio que no fueron cuatro sino siete años los que transcurrieron entre tal preacuerdo con Chile y el momento en que Bolivia decidió iniciar una demanda a ese país por las aguas del Silala habiendo sido, sin embargo, “madrugada” por nuestros vecinos a través de la instauración de tal proceso legal internacional en La Haya en su contra unas cuantas semanas después del ingenuo anuncio o amenaza.

Adicionalmente, como ya hemos anotado, el reconocimiento por parte del gobierno de Morales de que el 50% de las aguas son chilenas no es nada nuevo ni mucho menos, aunque la opinión pública debería saber que en ocasión de la reunión que tuvimos dirigentes y asesores del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) con el exmandatario en octubre del año pasado, éste nos lo espetó en la Casa Grande del Pueblo casi de la misma forma en que Peñaranda lo hace en su artículo.

Pero, todavía hay más. En una temeraria cuanto desinformada afirmación se atreve a desahuciar cualquier exigencia de compensación monetaria de parte de Chile a Bolivia por el uso de las aguas del Silala. Me pregunto si el autor del artículo criticado en esta contribución sabrá que Chile usa el 100% de dichas aguas desde 1908 sin pagar un solo centavo a Potosí y que, en el peor de los casos, aun perdiendo el juicio en La Haya, deberíamos tener derecho a un pago compensatorio por la utilización del 50% de las mismas.

Esto nos conduce a reiterar el reclamo de Potosí respecto a la deuda histórica de Chile por el uso de las aguas del Silala que a la sazón alcanzaría a 626 millones resultante de la multiplicación del monto anual anteriormente señalado por los 112 años transcurridos, aspecto sobre el cual ni el anterior gobierno ni Peñaranda habrían expresado nada.

En tercer y último lugar, el autor realiza algunos comentarios sobre el litio que solo reforzarían su equivocada opinión sobre los potosinos. Considera prácticamente que vemos visiones, lo que hace muy difícil la captación de nuevas inversiones, particularmente en el caso del litio. Curiosamente, argumenta en seguida también que a pesar de una cuantiosa inversión realizada por el gobierno anterior, no habríamos obtenido nada. Quisiera saber qué tuvimos que ver los potosinos con ese pésimo manejo de uno de los proyectos más estratégicos de Bolivia en los últimos tiempos.

Finalmente, concluye su elucubración hablando sobre nuestra oposición al contrato con FMC Corporation (ex Lithco) y que fue enmendado de manera acertada por el Congreso de la República en julio de 1992, lo que derivó en la salida de la transnacional de Bolivia en enero de 1993, intentando convencer a todos que nos equivocamos otra vez por cuanto, trascurridos 30 años, llegó otra empresa a ofrecer condiciones incluso más desventajosas que las de la ex Lithco, razón por la cual ese contrato también se tuvo que anular, después de una prolongada protesta.

A este respecto, quisiera preguntarle: como al parecer, a pesar de todo, parece estar de acuerdo con la abrogación del DS 3738 que deja sin efecto el acuerdo con los alemanes, ¿conoce los términos exactos del contrato suscrito con FMC Corporation en 1992 para apuntarnos con el dedo acusador?   

Juan Carlos Zuleta es economista.