Con la droga hasta el cuello

Productor, distribuidor y consumidor. Son los tres rostros que ahora Bolivia le muestra al mundo cuando de narcotráfico se trata, rostros que son retratados por informes de organismos internacionales encargados del monitoreo del tráfico de estupefacientes a nivel global y que no hacen otra cosa que confirmar lo que se ve cotidianamente en el país, pese a la ceguera selectiva de las autoridades de gobierno.

El Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), conocido el jueves 16 de marzo, señala que en 2021 Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden, exportaron la cifra récord de 2.000 toneladas de esa droga hacia Estados Unidos y Europa, lo que nos ubica como terceros en la actividad criminal.

El informe de la Unodc establece que de 113 muestras enviadas a la administración antidrogas por seis países europeos, se pudo determinar que el 67% rastrearon a Colombia como país de origen, el 27% a Perú y el 5% a Bolivia. Por supuesto que no es para alegrarse. Al contrario, es la constatación de que somos un país productor, pero también de tránsito de la droga más demandada en el mundo.

Haciendo un ejercicio entre los datos proporcionados por el organismo internacional, el 5% de 2.000 toneladas son 100 toneladas de cocaína de alta pureza que habrían partido de Bolivia, como país de origen, hacia mercados principalmente europeos. Preocupante.

Este aspecto esta conectado con los continuos operativos que realizan agentes antidrogas en Bolivia, casi todos concentrados en el Chapare, en los que se han decomisado importantes cantidades de clorhidrato de cocaína, además de pasta base, y se han destruido megalaboratorios que estaban a punto de entrar en funcionamiento para incrementar la producción de droga en el país.

Como siempre, los operativos realizados en el trópico cochabambino, en parques nacionales del departamento de Santa Cruz como el Noel Kempff Mercado y en municipios del Beni terminan con la exhibición de ladrillos de cocaína, armas de fuego, equipos de comunicación, precursores, enseres, la respectiva cuantificación en dólares y, de vez en cuando, la presentación de responsables de poca monta.

Ricardo Soberón Garrido, exencargado de la oficina contra las drogas de Perú, le dijo al diario El Deber que se identificaron 65 organizaciones o clanes que se encargan de adelantar a los productores con dinero, acopiar la hoja de coca, procesar pasta base de cocaína y coordinar con al menos seis cárteles internacionales. Esto ocurre, según Soberón, en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando, además de otras varias regiones peruanas.

Apelando a un informe de la Policía peruana y de la DEA estadounidense, el experto boliviano Franklin Alcaraz afirmó que en el país estarían operando al menos 10 cárteles de narcos, entre ellos los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación; los colombianos de Medellín y Norte del Valle; los brasileños PCC y Comando Vermelho; y el grupo América de la temible mafia balcánica de Ndrangheta Calabresa.

¿Qué hacen las autoridades de gobierno ante estas referencias? O meten la cabeza dentro de la tierra o repiten el patético y desgastado libreto de que en Bolivia no existe presencia de cárteles de la droga, como el proferido por el Viceministro de Seguridad Ciudadana, luego de conocido el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023.

Pero hay más. Mientras se daba cuenta de la exportación de 2.000 toneladas de cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia, el Vicepresidente y el Ministro de Gobierno no tuvieron mejor idea que viajar a Austria para pedir la despenalización de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención de Viena, un verdadero absurdo dadas las circunstancias y porque la defensa de la coca parece encubrir un implícito apoyo al narcotráfico, ya que el 90% de la “hoja sagrada e indestructible” es destinada a la producción de cocaína.

En cuanto al tránsito de drogas desde y por territorio boliviano rumbo a mercados de alta demanda, el informe de la Unodc menciona la evolución de la ruta del Cono Sur que involucra al país en la distribución permanente de kilos y kilos de clorhidrato por aire, tierra y ríos hacia Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, a fin de que los alijos sean llevados a países europeos, ya que el suministro a Estados Unidos es tarea predominante de los cárteles de Colombia.

Se sabe que en el narcotráfico un elemento inherente a la distribución es la expansión. El informe de la Unodc revela que Asia y África se han convertido en mercados emergentes para la cocaína boliviana, potenciando aún más la ruta del Cono Sur. El contacto con la mafia nigeriana parece ser la puerta de ingreso de droga de origen nacional a países africanos, en un trabajo sin intermediarios.

A la producción y distribución, se suma una tercera y alarmante dimensión: el ascenso imparable del consumo de drogas entre jóvenes y adultos bolivianos. Al paso que vamos, pronto podría extenderse a niños y adolescentes. Frecuentemente se reporta la detención de vendedores de drogas al raleo, entre ellas, marihuana, cocaína y marihuana cripy, una planta genéticamente alterada que provoca alteraciones en el neurodesarrollo, pérdida de la motivación, memoria y de capacidades cognitivas.

Penosamente hay que decir que en Bolivia hay drogas para todo bolsillo y ocasión. Canabis y marihuana cripy entre 10 y 50 bolivianos para universitarios y jóvenes invitados a fiestas clandestinas a través de las redes sociales. Para gente con mayor capacidad económica, se oferta cocaína desde 100 bolivianos y pastillas de fentanilo y éxtasis, entre 20 y 30 dólares la unidad.

Todavía no se ha visto en el país imágenes de personas fallecidas en las calles con sobredosis o graves hechos de violencia de gente que lo único que busca es solventar sus adicciones, pero no estamos lejos. Lo que se está naturalizando es ver ciudadanos bolivianos y extranjeros baleados por sicarios en los famosos ajustes de cuentas entre bandas de narcos.

Ya sea como productor, distribuidor o consumidor, el país está con la droga hasta el cuello y lo que preocupa es que el narcotráfico y la drogadicción tienden a consolidarse en lugar de ir disminuyendo.

La culpable es la demanda internacional, dicen quienes abordan el problema con los ojos vendados. No quieren ver que más bolivianos quedarán atrapados en las redes mafiosas por el veloz rédito económico que supone ser parte del negocio y en las adicciones que generan tanto la cocaína extraída de la hoja de coca como las drogas producidas en laboratorios.

Ser un país productor y distribuidor de cocaína y otros estupefacientes por supuesto que amplía el riesgo de terminar como un país consumidor. El peligro es para las actuales y las nuevas generaciones de bolivianos.

Edwin Cacho Herrera es periodista