Importantes reservas de gas natural, que es un condensado asociado al gas y petróleo, fueron descubiertas en el periodo de apertura a inversiones privadas entre 1995 a 2002. Ello fue fruto de incentivos económicos y fiscales, seguridad jurídica, mercado en Brasil y mucho más.
Resulta que una vez realizadas las inversiones y los descubrimientos, los pensantes, visionarios de corte socialista y nacionalista comenzaron a reclamar la nacionalización del sector hidrocarburos, el control de toda la cadena por parte de YPFB y captar más renta para el Estado boliviano. Entre 2004 y 2009 una serie de medidas tomadas nos comenzaron a llevar a donde nos encontramos hoy en día. Con escasa producción de energía y sin divisas para importar lo que necesitamos. Es decir, un desabastecimiento cada vez más crónico y donde empiezan a verse los cupos de venta como en Venezuela y Cuba.
El 2004 se hizo un referéndum popular que por supuesto, por la forma de su redacción, tuvo un voto favorable (qué sabe la gran mayoría de la población sobre asuntos técnicos como los de los hidrocarburos). En 2005 se impuso una nueva Ley de Hidrocarburos (la 3058) que cambió las reglas de juego establecidas para los que invirtieron e invertirían capital de riesgo en el futuro, elevó los impuestos en boca de pozo al 50% y dio protagonismo a YPFB. En 2006 se comenzó con el proceso de la “falsa nacionalización” con militarización de empresas e instalaciones; se cambiaron los contratos y se elevó aún más la renta hidrocarburífera para el Estado. Las empresas que se quedaron tomaron una parte del pastel que se les dio, otras se marcharon con jugosos montos y las otras se fueron a procesos de arbitraje, en los que el Estado tuvo que calladito aflojar y pagar los fallos establecidos.
En 2009 se le dio la estocada final al sector económico boliviano, incluido el del gas. En la CPE se pusieron candados perniciosos, como anular los arbitrajes internacionales y establecer que YPFB iba a dirigir el sector de hidrocarburos.
Fruto de las reservas descubiertas y el contrato de exportación de gas con Brasil iniciadas en 1999 y el posterior envío de gas a Argentina a partir de 2010, los ingresos subieron como espuma. Con precios internacionales elevados, los dólares caían del cielo a raudales. Gloria para todos los que gastaron y malgastaron a mano suelta aproximadamente 65.000 millones de dólares. Épocas de gloria y de una corta bonanza rentista. Recuerdo frases de esas épicas épocas: “YPFB, la fuerza que mueve Bolivia”, “Tenemos un mar de gas que ustedes no visualizan”, “Bolivia, corazón exportador de energía de Sudamérica”, “Somos el país de la industrialización del gas” y mucho más. Era una propaganda goebeliana infernal cuando el sector caminaba hacia el abismo.
Desde 2013, los que algo conocíamos del sector de hidrocarburos, visualizábamos y alertábamos que, a partir de 2015 se avecinaba una rápida declinación de campos de gas, condensado y petróleo. También advertíamos que necesitábamos inversiones nuevas en exploración (no en desarrollo), para lo cual era necesario hacer ajustes al marco jurídico e impositivo. Lo anterior buscaba que se repusieran las reservas y mantuviera la producción de hidrocarburos, lo que permitiría cumplir con la creciente demanda para continuar exportando y no desabastecer el mercado interno en el largo plazo. No se hizo nada y la propaganda continuó hasta hace poco.
La realidad nos muestra que se cerró el mercado de exportación de gas natural a Argentina antes del fin del contrato; a Brasil solo se envía el 45% de lo que se exportaba y se dejará de exportar a ese país, al paso que vamos, en tres o cuatro años. El país comenzó a importar cada vez más diésel y hoy importa el 85% de la demanda total. En gasolina se importa 51% de la demanda y las refinerías se van quedando sin materia prima. En 2025 empezaremos a importar GLP y al ritmo que vamos, en 2027-2028 terminaremos importando gas natural. Las importaciones este 2024, por gasolina y diésel, bordearán los 3.200 millones de dólares y en 2030 serán de 5.100 (con escenario de economía deprimida y a 80 dólares el barril).
Sufrimos ya un desabastecimiento crónico de gasolina y diésel y si no tomamos acciones rápidas, en breve será también de GLP y, después, de gas natural. YPFB y el Banco Central de Bolivia se han quedado con escasas divisas para importar y mantener un abastecimiento normal. Estamos comenzando a vivir de ruegos, como se reflejó en el reciente viaje de un ministro a Rusia para obtener diésel.
No hay energía más cara que la que no existe y la economía boliviana se comienza a resentir. Pedimos que urgentemente se promulgue una norma legal para que privados puedan importar y comercializar libremente gasolina, diésel, GLP y gas natural. Que compitan en servicio, precio y calidad. YPFB y el gobierno pueden continuar produciendo, importando y subsidiando si así lo desean.
Necesitamos urgentemente un nuevo marco jurídico que traiga inversiones en exploración de hidrocarburos, que cambie el giro de trabajo que lleva adelante YPFB y que se geste un regulador independiente.
Los bolivianos queremos un cambio de modelo económico y no vivir con desabastecimientos, haciendo largas filas y con cupos como en Cuba y Venezuela.
Álvaro Ríos Roca fue ministro de Hidrocarburos; es socio director de Gas Energy Latin América.