¿Amenazas del Estado narco-cocalero?

El dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, lanzó días atrás otra de sus temerarias declaraciones, amenazando al expresidente Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, para que no ingrese al Trópico de Cochabamba a hacer campaña. Dice que el no garantiza su seguridad. ¿Acaso, garantizar la seguridad de las personas no es una tarea de la Policía tal como manda la Constitución Política del Estado? ¿Es que existen sicarios bajo el mando de estos dirigentes?
Sus declaraciones muestran la intención de amedrentar e incluso afectar la propia integridad del expresidente. Ello es además un atentado a la libertad de expresión, circulación y de hacer política. Lo grave de todo es que no hay ninguna autoridad: ministros, jueces o fiscales que pongan punto final y lleven a este personaje a los estrados judiciales... Me pregunto, ¿qué ocurriría si a un dirigente vecinal de un barrio “x” se le ocurriera decirle al presidente Evo Morales “mejor no ingrese a mi barrio pues, como dirigente, no garantizo su seguridad, porque además su candidatura es ilegal”? Seguramente, en menos de 24 horas, estaría preso en una cárcel de alta seguridad acusado de amenaza de magnicidio.

Si nos preguntamos qué develan estas amenazas podríamos responder que demuestran que estamos frente al accionar de grupos al margen de la ley, que se arrogan el derecho de dictar sus normas en lo que consideran su propiedad, su feudo, como en la época de la colonia. O más bien estamos frente a la presencia de un cuasi “narco estado cocalero”, en el que los dirigentes sindicales son la suprema autoridad del lugar, que tienen su propio código de conducta por encima de las leyes del Estado Plurinacional.

Así, no es de extrañarse que el alcalde de Colomi, durante la entrega de obras con la presencia del presidente Morales, amenazara con “enterrar vivos” a los opositores que se atrevan a hacer campaña en su territorio. ¿Se habrá acordado el presidente Morales del nefasto suceso de octubre de 2000 cuando –en el Trópico de Cochabamba– asesinaron de esa manera al teniente Andrade y su esposa?

Las declaraciones del ministro de Gobierno, que ha señalado que en todo el territorio nacional existen las garantías para hacer proselitismo, han sido llevadas por el viento, pues todo indica que carece de autoridad en el Chapare. Pero demás, cuánta diferencia existe en sus declaraciones y acciones respecto de los productores de coca de los Yungas, a los que no solamente acusa de haber formado un sicariato sino que ingresan destacamentos policiales a reprimir en la región, vulnerando derechos de mujeres niños y personas de la tercera edad.

¿No será más bien que es en el trópico de Cochabamba donde existe un casi Estado narco-cocalero que se da el derecho de aplicar la ley con sus propias manos, por ejemplo, linchar a cualquier sospechoso? ¿No será que así dan señales de que en esa región hay una sola justicia, que es la de los productores de coca y de pasta base?

Al final del día fue contundente la respuesta del candidato Carlos Mesa. “Vamos a hacer campaña en el Chapare en los próximos meses; no nos van a amedrentar las amenazas de un partido que se cree dueño de vidas y haciendas y que lanza estas advertencias porque sabe a ciencia cierta que tiene que irse del Gobierno”.

Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas.