El anuncio de un acuerdo judicial en EEUU con el narcotraficante Ovidio Guzmán, El Chapito, podría sacar a la luz muchos nexos del crimen organizado con el poder político y militar no sólo en México.Al otro lado de Latinoamérica, en Chile, uniformados eran parte de una red de tráfico de drogas y en Bolivia está el caso del narcotraficante Sebastián Marset.
|Brújula Digital|Connectas|11|08|25|
Cristian Ascencio/ Connectas
“Plata o plomo”. La famosa frase que se le atribuye a Pablo Escobar, el capo colombiano muerto hace más de 30 años, parece tan vigente como entonces. En tres palabras el narcotraficante condensaba su relación con los actores de la sociedad. Si participaban de su juego: dinero. Si no participaban: muerte.
En parte por ese mismo principio, hoy muchos dirigentes mexicanos se preocupan por las posibles revelaciones que pueda hacer el hijo de Ovidio, El Chapo Guzmán, quien negocia una rebaja de pena en Estados Unidos, donde permanece preso. Y en el otro extremo de la región, en Chile las autoridades descubrieron una red de infiltrados del narcotráfico nada menos que en las fuerzas armadas, una de las instituciones más sólidas del país, tradicionalmente considerada inexpugnable para las garras del delito transnacional.
Esos casos demuestran que la presencia del narcotráfico en las sociedades latinoamericanas no solo ha permanecido sino que se ha extendido a través de las décadas y comienza afectar nuevos países.
Colombia, la tierra natal de Escobar, simboliza la infiltración del narco en el poder. De hecho el mismo Escobar llegó a ser elegido como suplente en la Cámara de Representantes y tuvo vínculos con numerosos políticos y miembros de la Policía, a los que compró para facilitar su actividad criminal con impunidad. En su momento, el expresidente Ernesto Samper pasó todo su período defendiéndose de acusaciones de haber aceptado fondos del cartel de Cali para su campaña. E incluso según documentos desclasificados en Estados Unidos, el expresidente Alvaro Uribe Vélez recibió en algún momento financiación proveniente del Cartel de Medellín.
Y la historia sigue
Tal como en los años 80, buena parte de las veces es el propio poder el que se acerca al narco en busca de su tajada. En México, el caso del general Salvador Cienfuegos muestra la “duda eterna” de las sociedades civiles latinoamericanas en torno a qué tan arriba en la escala política está el crimen organizado. O dicho de otro modo: quiénes están en su nómina.
El caso salió a flote este mes, en medio de una confrontación verbal entre el abogado del Chapito en Estados Unidos, Jeffrey Lichtman, y la presidenta de México, Claudia Scheinbaum. El abogado Lichtman llegó a sostener que esta actúa como “brazo de relaciones públicas” del Cártel de Sinaloa. La mandataria anunció acciones legales con Lichtman.
Cienfuegos estuvo a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante el mandato de Enrique Peña Nieto. En 2020 lo capturaron en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, pero inexplicablemente pocas semanas después salió libre, retornó a México y nunca enfrentó proceso alguno. Durante la gestión de Cienfuegos se cometieron algunos de los crímenes que marcaron la historia reciente, la masacre de Tlatlaya y las desapariciones de Ayotzinapa, ambas atribuidas a miembros del Ejército.
Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, una organización que trabaja por los derechos humanos y la transparencia, sostiene que es conocido que “muchas campañas fueron financiadas a través de recursos del crimen organizado. Una vez que los políticos llegan al poder, vienen con esta deuda”. De hecho, en la elección de jueces realizada este año en ese país, un proceso sin precedentes, varios de los elegidos fueron abogados de narcotraficantes. Una de ellas es Silvia Delgado, exabogada del Chapo Guzmán.
Para León, el gobierno mexicano “está en estado de negación” frente al poder que tiene el narcotráfico. Y esa negación “ha permitido que el poder criminal vaya creciendo más y más”. Para ella es importante tomar en cuenta que el crimen organizado se ha diversificado. “No es sólo trasiego de drogas. También parte de su negocio está en las obras públicas, en empresas inmobiliarias, en su inserción en el mercado”. Y ahí los funcionarios públicos desempeñan un rol clave para el narco. “Es momento de exigir una rendición de cuentas a las autoridades, en específico a las del poder federal. No queremos que México sea controlado por el crimen organizado. En Sinaloa ya estamos viendo las consecuencias y sería imperdonable que esto también sucediera a nivel nacional”, dice León.
También en Venezuela las organizaciones civiles y el periodismo han advertido sobre el alcance del crimen organizado dentro del Estado. Esto además en el ambiente de opacidad característica del régimen autoritario que gobierna ese país. El periodista y director de El Pitazo, César Bátiz, explica que desde principios de este siglo se viene hablando de la existencia de “El Cartel de los Soles”, integrado por miembros de las fuerzas armadas. “Lo que tenemos pleno conocimiento es que funcionarios militares y policiales ayudan logísticamente al traslado de la droga a través de diferentes rutas que atraviesan Venezuela, hasta llegar a los puertos que permitan su salida hacia otros países, bien sea de Europa, África, Estados Unidos o Centroamérica”.
Bátiz explica que el general Hugo “el Pollo” Carvajal se declaró culpable de narcotráfico y terrorismo en una corte de Nueva York, lo que confirmó “que hay una participación y vinculación de miembros de la Fuerza Armada en el narcotráfico”.
No es el único: el general Cliver Alcalá recibió una condena de 21 años de cárcel, dictada por un juez de Nueva York en 2024. “Como miembro de alto rango del ejército venezolano y del Cártel de Los Soles, Clíver Antonio Alcalá Cordones y sus cómplices intentaron usar la cocaína como un arma mientras ayudaban a las FARC a armar a sus miembros y enviar toneladas de drogas a Estados Unidos”, dijo en un comunicado el fiscal Damian Williams.
El poder del narco llega a los países “tranquilos”
Los casos de corrupción vinculada al narcotráfico en Colombia, México y Venezuela podrían no sorprender, debido al poder de los carteles en estos países. Pero los tentáculos del narco ya llegaron a todo el continente.
En Chile, un país con fama de seriedad y seguridad, cinco miembros de la Fuerza Aérea acaban de quedar en prisión preventiva después de que las autoridades aeroportuarias descubrieron que venían transportando ketamina desde al menos enero pasado. Según el testimonio de uno de los exuniformados, él mismo se ofreció a transportar droga a cambio de dinero, pero cuando tiempo después quiso salirse del negocio, amenazaron con dañar a su familia.
Su caso vino a sumarse al de otros siete soldados del Ejército detenidos por transportar cocaína. En ese momento el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que “es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales, pero es especialmente sensible en las vinculadas a la Defensa nacional y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque después de ellas no hay nada más”. Una sensación compartida por la sociedad civil: si el crimen ya permeó las instituciones castrenses, altamente jerarquizadas y herméticas, es porque su poder rompió todos los límites.
Para Pablo Zeballos, analista en crimen organizado, aunque Chile no ha llegado a un punto de no retorno, sí “cruzó un umbral altamente peligroso”. Es que hasta hace pocos años la infiltración de instituciones armadas era considerada un fenómeno “propio de otras realidades”, apunta Zeballos. “Hoy con casos comprobados esa barrera simbólica se ha quebrado. Lo que antes era excepcional, ahora es un patrón”, asegura el analista.
Una crisis de desconfianza recorre el país del sur. Este mismo mes un tribunal dejó en libertad a un presunto sicario venezolano que habría asesinado a un conocido comerciante de Santiago. Aún no está claro si se trató de soborno o una absurda cadena de errores, pero el imputado quedó en libertad en solo horas. Poco después, el sujeto pudo llegar por tierra sin problemas a la frontera con Perú, a dos mil kilómetros de distancia, y el Poder Judicial se dio cuenta del error una semana después.
Todo lo ocurrido se ha transformado en un caldo de cultivo perfecto para el populismo, justo en época de elecciones. “El primer paso para contener la corrupción funcional del crimen organizado es nombrarla por su nombre, identificar sus patrones, blindar las instituciones más vulnerables y proteger a quienes se atreven a investigarlo. Negar o utilizar como herramienta electoral solo sirve para acelerar su expansión”, dice Pablo Zeballos.
Sebastián Marset y Bolivia
En Uruguay el caso del prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera ha puesto en dudas la integridad de funcionarios y policías de uno de los países más estables de la región. Autoridades de ese país le habrían ayudado a acceder a un pasaporte mientras estaba preso en Dubai.
Lucas Silva, periodista del medio uruguayo La Diaria, sostuvo en una nota publicada anteriormente por Connectas, que “de sus orígenes delictivos en Uruguay sabemos que tenía contactos estrechos con la Brigada Antinarcóticos y quizás hasta haya sido informante. No está claro qué pasó con esas conexiones cuando se convirtió en un jugador regional, pero resulta llamativa su capacidad para zafar siempre. Entender estos aspectos será importante para determinar el nivel de penetración que tiene el narcotráfico en nuestros Estados”.
El caso de este excéntrico narcotraficante con pasos por Paraguay y Bolivia, fanático del fútbol (incluso fue dueño de un equipo en Santa Cruz en el cual alcanzó a jugar), muestra justamente como a la corrupción le importan poco las fronteras. Marset dijo en un video, grabado desde la clandestinidad, que un jefe policial boliviano “agarró platita” y lo ayudó a escapar desde su mansión en esa ciudad. En el lugar dejó armas, vehículos de lujo y animales exóticos.
Costa Rica, otro de los países “modelo” de la región, actualmente enfrenta un escándalo por corrupción y narcotráfico que también merma la confianza ciudadana en las instituciones. A fines de junio la policía capturó al exministro de Seguridad Celso Gamboa, tras una solicitud de extradición de Estados Unidos por conspiración y complicidad –nada menos que con el Cartel del Golfo– para traficar y distribuir cocaína. El caso también toca al actual presidente Rodrigo Chaves, ya que Gamboa habría dicho que contaba con la protección del mandatario. Chaves negó cualquier vínculo con el exministro. “No lo conozco, nunca he hablado en mi vida (con Gamboa)”, dijo Chaves.
El uso militar: espada de doble filo
Algunos Estados al verse sobrepasados por el crimen organizado, han decidido involucrar a las fuerzas armadas. Pero en varios casos ese choque frontal ha terminado por corromper a los militares. Para Pablo Zeballos, ese involucramiento siempre es complejo, debido a que “son instituciones concebidas y entrenadas para enfrentar un conflicto bélico. Eso quiere decir que no están preparadas ni doctrinaria ni operativamente para mantener una relación prolongada en entornos dominados por economías criminales, redes ilícitas o estructuras del crimen organizado, que actúan con mayor sofisticación y capacidad de corrupción”.
Por eso, Zeballos recomienda no improvisar. “Ese despliegue debe estar acompañado por una capacitación específica, con mandatos acotados, bien definidos, con un plan de salida claro, con mecanismos de rotación de personal, pero sobre todo con unidades de contrainteligencia que monitoreen los riesgos internos de ese despliegue. Lamentablemente, en América Latina hemos visto cómo la ausencia de estos elementos, termina por exponer a los uniformados al contacto directo con redes criminales que tienen una mayor capacidad de corrupción económica o de intimidación”.
El papel de la transparencia
Entonces, ¿qué debe exigir la sociedad civil para detener la infiltración del narco, antes de llegar a un punto de no retorno? Para Zeballos, son necesarias mayor transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, y también de las actuaciones judiciales. “Debemos saber en qué terminan los procesos cuando se investiga a sujetos vinculados al crimen organizado o facilitadores del crimen organizado. Por eso es necesario apoyar la creación y el fortalecimiento de organismos independientes, como observatorios, que investiguen las denuncias de corrupción sin interferencias políticas”.
El experto agrega otra clave: “la incorporación del sistema educativo para evitar, por ejemplo, el reclutamiento temprano de niños y adolescentes en los circuitos del crimen organizado, y la construcción de redes comunitarias fuertes”. Zeballos sostiene que en Chile no se ha llegado a un punto de no retorno, pero se debe actuar rápido para detener la infiltración del narco en el Estado.
La mexicana Marlene León y el periodista venezolano César Bátiz tienen visiones menos optimistas sobre sus naciones. “Justo ahora tenemos una crisis de seguridad tremenda que nos pone en desventaja para hacerle frente a esta situación”, dice León. “Veo complicado con el oficialismo en el poder, sin colaboración internacional, que se logre paralizar el avance del narcotráfico en Venezuela”, afirma Bátiz. Ambos expresan unas angustias de las cuales nadie puede considerarse a salvo. Porque más allá de los comentados, no hay prácticamente ningún país de la región que no tenga algún caso de corrupción o infiltración del narcotráfico en sus instituciones.
