El crimen le cuesta a América Latina y el Caribe casi lo que la región gasta en educación, según el BID

Brújula Digital|Agencias|11|11|24

La violencia y el crimen representan cerca del 3,5% del PIB de la región, recursos que podrían ser destinados a la educación y a la protección de las personas más vulnerables, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe destaca que, más allá de su impacto humano, el costo del crimen equivale a casi el 80% de los presupuestos públicos destinados a la educación, el doble de lo gastado en asistencia social y 12 veces el presupuesto de investigación y desarrollo, con datos basados en 2022. 

"El crimen limita el crecimiento, fomenta la desigualdad y desvía inversiones públicas y privadas. Es necesario unir y redoblar esfuerzos para cambiar esta realidad", señaló el presidente del BID, Ilan Goldfajn, según Reuters.

El estudio desglosa el costo directo del crimen en tres áreas: pérdida de capital humano debido al tiempo productivo, gastos empresariales para mitigar el crimen y gasto público en prevención del delito y justicia penal. 

En 2022, el 47% del costo total del crimen provino de gastos de seguridad privada, mientras que el gasto estatal en prevención representó el 31% y la pérdida de capital humano el 22%. 

En comparación, países europeos como Polonia, Irlanda y Suecia muestran costos un 42% menores que los de ALC. 

Si la región redujera sus costos al nivel de estos países, podría destinar casi el 1% del PIB a programas de bienestar social, según el BID.

Un informe paralelo del FMI subraya que América Latina representa un tercio de los homicidios globales, a pesar de ser menos del 10% de la población mundial, con el crimen organizado como factor clave. 

"La presencia de pandillas y el narcotráfico encarece los negocios", indicó el FMI, señalando que el costo de daños es cuatro veces mayor para empresas en zonas con presencia de pandillas.

El costo fiscal también es relevante, ya que el gasto en seguridad pública y orden promedia el 1,9% del PIB regional y más del 7% del gasto total, según el FMI. Si bien aumentar el gasto en seguridad y reforzar la presencia policial puede reducir el crimen, la eficiencia del gasto es clave, destacando que, a pesar del presupuesto destinado al poder judicial, su capacidad para castigar delitos sigue siendo débil.

El FMI recomienda crear una "plataforma regional de conocimiento" para recopilar, compartir y analizar datos, además de difundir buenas prácticas en políticas económicas y de seguridad.

BD/MS

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