|OPINIÓN|Benjamin Netayanhu, un genocida de vocación|Waldo Albarracín|

No satisfechos con la cadena de actos genocidas perpetrados contra el pueblo palestino, este 27 de mayo último se produjo un nuevo ataque de parte del Ejército israelí, con la gravedad de que esta vez se suscitó el hecho en un área de refugio, que había sido designado por las propias tropas agresoras como segura. Se argumenta que se trató de un ataque dirigido exclusivamente a dos altos mandos de Hamas con armas de “alta precisión”. Lo evidente es que sobre el campamento de desplazados en el barrio de Tel Al-Sultan, ubicado en el lado oeste de Rafah, se materializó uno más de los crímenes de lesa humanidad a través del bombardeo que ocasionó la muerte de 45 personas, mayoritariamente niños, mujeres y personas adultas mayores, además de cuerpos que recién están siendo rescatados de los escombros y un número cuantioso de heridos de gravedad.

Lo indignante de este último genocidio es la actitud del primer ministro israelí Benjamin Netayanhu, quien afirma públicamente que el asalto no tenía como objetivo causar víctimas civiles y que el operativo militar será objeto de una investigación. Añade que “desafortunadamente algo salió trágicamente mal, estamos investigando el incidente y sacaremos conclusiones, porque esa es nuestra política”. Esta afirmación tiene cierto parecido al argumento que en la última década del siglo pasado utilizaba el Ejército norteamericano cuando tipificaba como “daños colaterales” los misiles que terminaban ocasionando la muerte de gente indefensa e inocente, como siempre niños, mujeres, pacientes de hospitales, entre otros.

Lo evidente es que, pese a las afirmaciones del Ejército israelí, no existe ninguna seguridad en Gaza y las potenciales víctimas de esta guerra sigue siendo la población civil, no es suficiente con lamentar públicamente los resultados de estos operativos militares, no podrás devolverle su ser querido a aquella madre cuyo hijo terminó siendo asesinado a consecuencia de este operativo militar.

A estas alturas es evidente que se le miente a la comunidad internacional cuando se habla de la existencia de zonas seguras, Rafah, lugar donde se habían desplazado cerca de dos millones de personas con la esperanza de encontrar resguardo a su seguridad y su vida, hoy se encuentran expuestos a nuevos atentados genocidas a cuya consecuencia al menos 800.000 palestinos que con la ilusión de respirar aires de paz llegaron a Rafah, tuvieron que volver a desplazarse en la búsqueda de lugares que le otorguen cierta seguridad a su vida.

El argumento del Ejército de Israel de usar armas denominados por ellos “de alta precisión contra blancos legítimos” para aniquilar a los líderes de Hamas, sólo nos está demostrando que su alta tecnología aún no resuelve la importancia de resguardar la vida de los indefensos en plena contienda bélica, cuyos derechos humanos, bajo el principio de universalidad de los mismos, valen tanto para palestinos como para israelíes, así como para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, raza, creencia religiosa o cualquier otra condición, tal cual lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diversos convenios aprobados en el ámbito de las Naciones Unidas. 

Lo afirmado en el presente artículo no absuelve para nada de la responsabilidad también de carácter genocida que le corresponde a Hamas, en ambos lados se advierte que se priorizan objetivos políticos y militares y se posterga a un segundo plano lo principal, la vida de las personas, de la población civil.

Pero hay un tercer responsable indirecto sobre todo lo que viene aconteciendo, me refiero a la comunidad internacional, que mirando de balcón permite que se hayan limitado severamente el acceso de la ayuda humanitaria para esos colectivos que no sólo están expuestos a la muerte, sino que carecen de alimentación, atención médica y elementales recursos que le permitan su sobrevivencia en mínimas condiciones de dignidad. La tibieza de la ONU, de la Unión Europea, implica una indirecta complicidad con todo lo que viene aconteciendo.

La muerte de más de 36.000 seres humanos palestinos desde el 7 de octubre pasado y más de 81.000 heridos es un dato que nos interpela a todos, máxime si en la actualidad hay una orden de la Corte Internacional de Justicia del 24 de mayo presente, dirigida al Estado de Israel de detener inmediatamente la incursión en Rafah, como parte de las medidas para prevenir un genocidio contra el pueblo palestino.

Urge aplicar los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. Israel no lo hará de mutuo propio, es la comunidad internacional la que debe resolver este problema y tiene los mecanismos legales para hacerlo.

Waldo Albarracín fue presidente de la APDHB, Defensor del Pueblo y rector de la UMSA.