|ANÁLISIS|Ecuador: la fiscal que declaró la guerra a las mafias|Hernán Terrazas|

Brújula Digital|10|01|24|

Hernán Terrazas, especial desde Ecuador

A mediados de diciembre de 2023, la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, destapó el caso “Metástasis” tras una minuciosa investigación que puso en evidencia la compleja red de encubrimiento del narcotráfico que involucra a prácticamente todas las instituciones del Estado: Consejo de la Judicatura, policía, sistema penitenciario y la propia fiscalía.

Las acusaciones se dieron con nombre y apellido y, en menos de 48 horas, 31 de los 38 funcionarios relacionados fueron detenidos en 75 allanamientos realizados en siete provincias (departamentos) del Ecuador.  Se sabía que el narcotráfico había penetrado a las instituciones, pero nadie se imaginó el alcance de la estructura promiscua que, durante años, sirvió para proteger a los delincuentes.

Para dar el mayor golpe contra las mafias en América Latina, Diana Salazar esperó la llegada del nuevo presidente, Daniel Noboa, un joven empresario de 35 años que, entre sus ofertas, había planteado la urgencia de luchar contra el crimen organizado en Ecuador.

Los objetivos de la fiscal coincidieron con los del nuevo mandatario y, en unas cuantas horas, antes que los tiempos políticos adormecieran las buenas intenciones presidenciales, uno a uno fueron cayendo los responsables institucionales de la impunidad en la que operaron las organizaciones criminales durante los últimos años.

Salazar, como Noboa, estaba consciente de que un operativo de esas características no iba a quedar sin reacción. Desmontar la red de protección institucional de la que habían sido beneficiarios los capos de las mafias iba más allá de cualquier cálculo político, porque de otra manera “Metástasis”, como otras investigaciones, habría quedado como el testimonio de un acto de coraje condenado al olvido y sin consecuencias para sus responsables.

Las investigaciones de la fiscal Salazar están en el origen de los hechos de violencia que han sacudido Ecuador en los últimos dos días. Atentados, secuestros de policías, vehículos incendiados, tiroteos en centros comerciales, asaltos en las carreteras y, por si todo eso fuera poco, la violenta toma de las instalaciones de una canal de televisión en la ciudad de Guayaquil, precisamente cuando se difundía el noticiero de mediodía.

Días antes, se dice que el 31 de diciembre, había fugado de la cárcel de la misma ciudad, Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda de Los Choneros, una de las más temidas de las que disputan el territorio de este país con otros carteles locales e internacionales. Y el 8 de enero, en medio de la resaca policial de las fiestas de fin de año, también fugó  Fabricio Colón Pico, líder regional de la banda criminal Los Lobos, señalado por la fiscal general Diana Salazar de preparar un presunto atentado contra su vida.

Hasta la mañana del 9 de enero y pese a que ya había decretado su primer estado de excepción en todo el país, el presidente Noboa era la víctima política más importante de la ola de violencia desatada por los delincuentes.

Desorientado e inexperto, el mandatario fue sorprendido por la fuga del criminal más peligroso del Ecuador y la nueva toma de varias cárceles del país, con cientos de guardias en condición de rehenes y miles de presos decididos a todo para evitar los traslados a otros centros penitenciarios luego que la Fiscalía desmontara las redes de protección dentro del sistema penitenciario.

Paradójicamente, el atentado perpetrado por unos 13 delincuentes jóvenes, de entre 18 y 25 años, supuestamente vinculados a la banda de los Tiguerones, contra las instalaciones del canal 10 de Guayaquil, que terminó afortunadamente sin víctimas y con la rendición sorpresiva, pacífica e incondicional de los atacantes, fue el punto de inflexión entre un Gobierno débil y en dramática caída, y la consolidación del liderazgo del presidente Noboa. El mandatario terminó de afianzarse con la aprobación del decreto 111 de su Gobierno, que le otorga poderes especiales para enfrentar con Policía y Fuerzas Armadas un “conflicto armado interno”, en el marco de un estado de excepción que dispone el toque de queda en todo el territorio nacional entre las 23:00 y las 05:00 de la madrugada.

Ecuador está en guerra contra la mafias y eso se advierte en las calles de todas las ciudades del país. En Quito, la capital, la tarde del martes mostró escenas de pánico en distintos puntos concurridos y el descontrol absoluto del tráfico de cientos de miles de automóviles cuyos ocupantes buscaban dirigirse lo más rápido posible a sus domicilios.

En el resto del país, sobre todo en Guayaquil y en algunos lugares críticos de la costa, las persianas de los negocios comenzaron a cerrar muy temprano, mientras la gente se ponía a buen recaudo y las fuerzas policiales y militares comenzaban intensos patrullajes para prevenir nuevos atentados terroristas. Se vienen días de temor, pero los ecuatorianos esperan que todo esto al menos sirva para que los delitos se castiguen, los delincuentes estén donde deben estar y nadie los proteja.

BD/RED