Choquehuanca apoya cambios al sistema regulatorio para generar nuevas inversiones

Brújula Digital 22/06/2021

El Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, abrazó con interés la propuesta que hizo la Cámara Nacional de Comercio (CNC) de realizar cambios estructurales al sistema regulatorio para generar un clima adecuado de inversiones –tanto nacionales como extranjeras- y la creación de una Autoridad de Supervisión de la Competencia Económica, conoció Brújula Digital en fuentes oficiales.

De hecho el segundo mandatario del país solicitó plazo prudencial a los empresarios para conformar mesas técnicas de diálogo e intercambio de criterios, sobre las reformas que plantaron para la vigencia de una nueva política regulatoria,  en el campo de la defensa de la competencia, el gobierno de las empresas y el registro de comercio.

El Jefe de Estado además comunicó que abrirá un tiempo para socializar el documento en el Órgano Ejecutivo y luego asumirá decisiones en función de acuerdos de mutuo interés con los empresarios.

Los cambios tienen como norte facilitar la actividad económica, y en lo fundamental, promover las inversiones  necesarias para salir de la recesión y preservar el capital productivo y social, encaminando  un proceso de crecimiento, creación de empleo y mejora del nivel de vida de la población.

Así informó a Brújula Digital el gerente general de la CNC, Gustavo Jauregui, días después que participó del encuentro con Choquehuanca en la Vicepresidencia del Estado.

Reforma regulatoria estructural

La propuesta que ahora está en el escritorio del Vicepresidente, señala que “la regulación es una institución necesaria para el buen funcionamiento del sistema  económico, que debe proporcionar reglas claras y equitativas, así como márgenes adecuados de seguridad jurídica, de manera que el clima de negocios mejore y que las  capacidades emprendedoras y competitivas de los bolivianos se desarrollen”.

“Los problemas analizados en este estudio trasuntan con elocuencia la devaluación de la  función reguladora del Estado, lo que se manifiesta a una cadena de ineficiencia general en  la economía y en perjuicio de los consumidores y usuarios. Los problemas son inherentes  a un entorno institucional adverso para la marcha de la economía, y donde destaca un  modelo de fiscalización y control burocrático y político, que es como una camisa de fuerza  para las empresas, además de ser sumamente engorroso, fiscalmente oneroso y generador  de incertidumbre”, indica el documento al que tuvo acceso este periódico digital.

Los empresarios explicaron el alcance que tienen las reformas regulatorios a Choquehuanca bajo tres ejes fundamentales.

En primer lugar indican que está demostrado que la competencia en el mercado, es lo que genera oportunidades de expansión y recreación de las empresas.

En ese sentido, la eficiencia y la competencia, que van de la mano, son cuestiones de interés primordial tanto de las empresas como de los usuarios y consumidores que, a su vez, pueden favorecerse de buenos precios, y de una oferta más variada y de calidad, indica la propuesta.

Un segundo eje detalla cómo debería encararse la reforma y en qué áreas.

Una buena regulación debe facilitar la actividad económica para (i) reducir los costos de transacción en la vinculación de las empresas y los consumidores con el Estado; (ii) proveer seguridad jurídica, protegiendo los derechos de las empresas y usuarios, y limitando la  discrecionalidad en la intervención del Estado; (iii) estimular la buena gobernanza de las empresas; (iv) fomentar el desarrollo empresarial, el emprendimiento y la innovación; y (v) promover la formalización de las unidades económicas del sector informal.

Autoridad de Supervisión de la Competencia Económica (ASCE)

Un tercer eje del planteamiento señala que el Estado delegue la función regulatoria a un organismo independiente de los poderes políticos, económicos y otros grupos de interés, al que denominan Autoridad de Supervisión de la Competencia Económica para evitar el riesgo de que el Estado sea juez y parte, y tome decisiones arbitrarias y discrecionales, en materia de controversias económicas y garantizar la prestación de servicios a la población.

Esta nueva entidad reguladora tendría como campo de acción la promoción de la competencia, la gobernanza empresarial, la tuición del registro de comercio, la protección de derechos de los consumidores y otras cuestiones esenciales para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas, beneficiar a los ciudadanos con bienes y servicios de calidad adecuada y precios accesibles y proveer de seguridad jurídica a todos los actores de la economía, señala el documento.

La ANSCE debería asumir todas las competencias de la actual Autoridad de Fiscalización  y Control social de Empresas, que dejaría de existir, así como también las competencias  relativas a la promoción de las empresas que no operan juegos de azar y que ahora están  bajo la Autoridad de Juegos.

La nueva entidad además debería hacerse cargo de las funciones de las actuales  Autoridades de Fiscalización y Control Social que operan en el Estado en los ámbitos financiero, tributario, minero, petrolero, del medio ambiente y otros.

La ANSCE tendría como máxima instancia de decisión un Consejo Nacional compuesto  por altos representantes del gobierno nacional y del sector privado empresarial, y con  atribuciones para aprobar normas, políticas y programas, darles seguimiento y evaluar sus  resultados, erigiéndose como un espacio de concertación público-privado. La conformación  de esta instancia se replicaría en cada uno de los departamentos del país, a través de  Consejos Departamentales, de modo que las competencias del nuevo organismo regulador  se ejerzan de forma descentralizada.

BD/EMV.