Señalan que el 85% de las 76 empresas públicas se encuentran en situación deficitaria

Brújula Digital |29|12|20|

De las 76 empresas públicas del Estado, el 85% son deficitarias, y no hay garantías de que puedan superar la crisis económica y pagar el préstamo, informó este lunes la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos. El Gobierno programó a través de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 la inyección de 500 millones de bolivianos para evitar la quiebra de las empresas públicas.

La legisladora afirma que no hay garantías de que estos recursos vuelvan al Estado. “Se están omitiendo los mecanismos de control. No hay cómo exigir a Papelbol que dé garantías de pago; la empresa no es solvente. ¿Quién presta plata a empresas que no demuestran capacidad de pago?”, cuestionó la senadora en declaraciones a Los Tiempos.

El economista Walter Morales dijo a Los Tiempos considera que no es recomendable continuar destinando recursos a empresas públicas, sin estudios de factibilidad previa o seguimiento y control estricto a las que ya están en marcha.

“Habría que ver las condiciones en las cuales se otorgarán dichos créditos. Debieran ser de mercado, para incentivar a que sean competitivas como las empresas privadas. De lo contrario, serán recursos ineficientes e inefectivos, sólo serán derroche para una reactivación ilusoria, efímera y de corto plazo”, dijo Morales.

El economista José Gabriel Espinoza cuestionó que se otorgue tal cantidad de recursos económicos a las empresas públicas, mermando el presupuesto para la inversión pública y salud.

“Evidentemente hay un mal uso de recursos, no es el adecuado en un momento de crisis económica y pandemia, donde las prioridades son otras. Se está apostando por una cuestión ideológica basada en el crecimiento del Estado”, dijo. Espinoza considera que se hace un manejo “discrecional” de los recursos nacionales debido a que no todas las empresas estatales podrán salir de crisis económica.

Espinoza dijo que la Ley del PGE además otorga un crédito de 350 millones de bolivianos para el sector productivo. A estos recursos puede acceder el sector público y privado, de modo que algunas empresas estatales también serán beneficiadas. “Se trata de 850 millones de bolivianos que beneficiarán a las empresas del Estado”, dijo.

El artículo 16 de la Ley 1356 que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a otorgar un crédito extraordinario de hasta 500 millones de bolivianos a favor del Tesoro General de la Nación (TGN) para la constitución de un fideicomiso destinado a la otorgación de créditos de capital de operación a las empresas públicas del nivel central del Estado.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, precisó que BoA recibió una inyección económica de 37,4 millones de bolivianos para la recuperación de la estatal empresa aérea nacional.

Bs 500 millones para empresas públicas

El PGE 2021 establece el fortalecimiento de las empresas públicas en su capital operativo con un fondo de 500 millones de bolivianos, el aumento de fondos para el fideicomiso de reactivación productiva que otorga créditos al empresario boliviano que sustituye importaciones, alivia el servicio de la deuda de empresas públicas y las entidades territoriales autónomas, entre otros incentivos para la inversión pública.

"Las leyes promulgadas hoy, generan una base de redistribución del ingreso, mayor justicia social, con las que puedan y deban contribuir para reencauzar la economía nacional en una senda de crecimiento sostenido que tuvimos desde el 2006 al 2019. Generación de mayor empleo y efectos multiplicadores a partir de los mayores montos de inversión pública", destacó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La Ley del PGE 2021 también garantiza 10% del presupuesto tanto para salud como para educación.

El Gobierno proyectó que el Impuesto a las Grandes Fortunas gravará a las personas que tengan un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos, de acuerdo a las primeras estimaciones sólo 152 personas en el país están alcanzadas por este tributo.

“El Impuesto a las Grandes Fortunas es un impuesto de carácter anual, se aplica para fortunas mayores a 30 millones de bolivianos, las tasas efectivas se enmarcan en los parámetros promedio de otras economías de la región que aplican un impuesto similar y se guarda la plena confidencialidad de quienes son alcanzados con este impuesto”, dijo Montenegro.

La norma señala que se considera como fortuna de una persona a los bienes inmuebles, los bienes muebles, bienes suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro bien material o inmaterial con valor económico, de los cuales sea titular o esté en posesión de ellos.

Este impuesto aplica a personas naturales residentes en Bolivia, que tengan una permanencia en el país por más de 183 días durante los últimos 12 meses, y cuenten con una fortuna mayor a 30 millones de bolivianos situada en el territorio nacional o en el exterior; así mismo aplica a los no residentes siempre y cuando estas personas tengan un patrimonio que supere dicho monto en Bolivia.