Relator Especial de la ONU destaca importancia del Acuerdo de Escazú ratificado por Bolivia

Brújula Digital|15|06|21|

Durante la Conferencia internacional pública "La protección del medio ambiente ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos " con la participación de defensores indígenas de Bolivia, el Relator especial sobre DDHH y Medio Ambiente, David Boyd destacó la importancia del Acuerdo Escazú, ratificado por Bolivia, y que entró en vigencia el 22 de abril.

En la conferencia internacional organizada por el Centro de Documentación e Información de Bolivia – Cedib, se contó con la participación de David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre DDHH y Medio Ambiente, junto con defensoras y defensores de Bolivia como Ruth Alipaz Cuqui, Alex Vilca Limaco de la CONTIOCAP y Oscar Campanini, director ejecutivo de CEDIB.   

El Relator Especial de la ONU señaló la emergencia de tomar el enfoque de derechos humanos como un mecanismo para poder denunciar violaciones de derechos del medio ambiente y obligar a los Estados a tomar parte en las necesarias soluciones ante la eminente crisis ecológica que vivimos.

En un contexto mundial de emergencia climática, donde por lo menos 7 millones de personas mueren al año solo por contaminación del aire, el Dr. Boyd apuntó los seis puntos para lograr una verdadera justicia ambiental: derecho al agua y aire limpios, a un clima seguro y sostenible, a un ecosistema saludable, a un medio ambiente libre de tóxico y a comida producida de forma saludable y sustentable.

En este camino señaló la importancia del Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia Este tratado internacional obliga a los Estados a cumplir con la justicia ambiental para personas defensoras de derechos, y sobre todo a facilitar el acceso a la necesaria información para poder participar activamente como sociedad civil en la toma de decisiones que involucran el medio ambiente.

Adicionalmente, el Relator expresó la importancia de presentar información o “comunicaciones” a la Relatoría sobre violaciones a derechos humanos emergentes de acciones que dañan el medioambiente.

Ruth Alipaz, indígena uchupiamona y parte la resistencia a la hidroeléctrica Chepete – El Bala, por su parte reclamó la falta de acceso a información en Bolivia que permita una consulta verdaderamente libre e informada a los pueblos indígenas. Al respecto, se preguntaba cómo los pueblos indígenas pueden opinar sobre proyectos de lo que no tienen conocimiento claro de sus impactos.

Por su parte, Alex Vilca, vocero de la Contiocap denunció que está situación viene en aumento en el actual contexto político, ya que las presiones extractivistas sobre los territorios indígenas están aumentando con la crisis económica de fondo.  Puso como ejemplo la reciente cesión de más de 55 cuadrículas para explotación minera en el Río Tiuchi que atraviesa el parque Madidi.  

El director de Cedib, Óscar Campanini, apuntalo el contexto legal en Bolivia, donde si bien se tienen marcos legislativos favorables a preservar el derecho al medio ambiente sano, como la CPE o la Ley de la Madre Tierra, estás de han ido desdibujando por medio de legislaciones posteriores y de menor rango. Uno de los ejemplos más ilustrativos de este conflicto ha sido la aprobación de nuevos eventos transgénicos en Bolivia, contradiciendo los marcos legislativos que lo prohíben.

La conferencia terminó con la participación de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alan García, quien señaló la necesidad de adecuar la legislación de países de América Latina a un enfoque de derechos humanos que permita exigibilidad y judicialidad a los estados en materia de violaciones de derechos a un medio ambiente sano. Para ello, destacó, es necesario tener un sistema judicial independiente y accesible.

BD