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Economía | 27/05/2020

Prestatarios preocupados por falta de normativa sobre diferimiento de pago de deudas

Prestatarios preocupados por falta de normativa sobre diferimiento de pago de deudas

Imagen referencial de prestamos bancarios Foto ABI

Brújula Digital |27|05|20|

Una conminatoria para que responda en un plazo de 48 horas a la Petición de Informe Escrito (PIE) sobre el diferimiento de pagos crediticios, fue remitida por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada y la instancia legislativa espera la inmediata respuesta dado que en cuatro días concluye el mes de mayo.

La conminatoria está referida al instructivo emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) respecto al plazo otorgado a los prestatarios para cumplir con sus obligaciones crediticias, periodo de diferimiento que de acuerdo a la entidad de regulación fue solo de tres meses (marzo, abril y mayo), en tanto que la Ley aprobada al respecto establece seis meses después de levantada la cuarentena por el coronavirus.

La presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Otilia Choque, afirmó que “ante la falta de respuesta a la PIE por parte del ministerio de Economía y Finanzas Públicas,  se presentó la conminatoria que fija de acuerdo a normas, un plazo de 48 horas para la respuesta, “presentamos (la conminatoria) por (a través de) la presidencia de la Cámara de Diputados, ni bien la presidencia derive al Ministerio de Economía se cuentan dos días”, explicó la parlamentaria  y recordó que la Comisión de la Cámara Baja que preside, remitió el documento el jueves 7 de este mes y debió ser entregado en 10 días hábiles, es decir hasta el jueves 21 de mayo, pero a la fecha el Ministerio de Economía no envió la respuesta.

Explicó que la Petición de Informe Escrito (PIE)  al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tiene de cuatro preguntas y la cuarta interrogante que la cartera de Estado debió responder se refiere al ¿por qué el Decreto Supremo 4206, del 1 de abril, está por encima de la Ley 1294, también del 1 de abril, que establece que la reprogramación de pagos crediticios se realizará seis meses después de levantada la emergencia sanitaria y no así como determinó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a partir de junio se reinician los cobros”.

Además, la petición de informe pide que (se)  informe “si el comunicado de la ASFI, de fecha 2 de mayo de 2020, se encuentra enmarcado a la Ley 1294 y si hay alguna norma que determina el levantamiento de la emergencia sanitaria y (se haga) conocer cuál ‘el criterio científico sanitario’ que sirvió de sustento a la ASFI, para la emisión de su comunicado de fecha 2 de mayo.

Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) Néstor Conde, expresó la preocupación de su sector ante el silencio del Gobierno nacional sobre la anunciada emisión de un  nuevo Decreto Supremo que reglamentará las condiciones de pago de créditos diferidos durante la emergencia sanitaria.

Conde recordó que en cuatro días concluye el mes de mayo y explicó que sobre el diferimiento existe un fallo judicial a una acción de cumplimiento que determina que la reglamentación debe enmarcarse en la Ley 1294, que establece que las entidades financieras deben realizar el diferimiento automático del pago de amortizaciones de crédito a capital e intereses por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la Covid-19, “otorgando un lapso máximo de hasta seis meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia”.

El dirigente de Conamype aseveró que la tardanza el órgano Ejecutivo en la emisión del Decreto Supremo de reglamentación sobre el pago de créditos, no solo afecta a los afiliados a su sector que tienen créditos, sino a toda la población boliviana que tiene obligaciones con entidades del Sistema Financiero, más si en los últimos días, esas instituciones se comunican con sus deudores para “advertir que el pago de obligaciones debe reiniciare en el próximo mes de junio”.

El dirigente de los pequeños empresarios, señaló que las Mypes en todo el país iniciarán marchas y huelgas de hambre, en caso que se reglamente el pago de créditos desde junio, como lo establecía la carta-circular de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que, “fue anulada”, “estamos ya en estado de emergencia a nivel nacional para poder movilizarnos”, advirtió.

Sobre la situación, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que el diferimiento de pago de créditos incide significativamente en la liquidez que los bancos requieren para el cumplimiento de sus obligaciones financieras y que, incluso, “se constituye en enorme desafío poder atender la demanda de créditos necesarios para la reactivación de las actividades económicas en el país”.

La organización empresarial señaló que el diferimiento de pago de cuotas dispuesto por el Gobierno nacional además de aliviar la carga financiera a empresas y familias sin impactar en su calificación, es decir, que no ingresarán en mora, conlleva el riesgo de un incremento de la mora, ya que algunos sectores se verán afectados por un periodo más prolongado, incluso en algunos casos se prevé la reactivación en el siguiente bienio; por consiguiente, la banca se vería obligada a constituir previsiones genéricas importantes, lo que impactaría en la rentabilidad del Sistema.

BD/JI-PA



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