Plan postincendio propuesto por Evo Morales es cuestionado porque no frena desmontes ni asentamientos

Brújula Digital|12|10|19|

El investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) (UNa de las ONG's que más apoyo brindó a Evo Morales y el MAS en el pasado) Leonardo Tamburini, cuestionó la estrategia postincendio presentada por el presidente Evo Morales, con la que se pretende reforestar y proteger la flora y fauna de la Chiquitanía, porque no establece un freno a la dotación de tierras ni a las autorizaciones de desmontes en esta región.

Tamburini sostuvo que no hay ni habrá, al parecer, pausa en la dotación de tierras ni en los “chaqueos” o desmontes en áreas boscosas, según reporte de Los Tiempos.

“Sin la inmovilización de las áreas a recuperarse, no será posible tampoco la regeneración natural. Por el contrario, parece que en todas se hará intervención humana para la ‘reforestación’”, sostuvo.

La estrategia gubernamental se enfoca en garantizar agua para las personas y el ganado damnificado, reforestar el área dañada, rescate y cuidado de animales, entre otros.

Por su parte, el vocero del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, Huáscar Bustillos, coincidió en afirmar que es necesario detener los asentamientos, puesto que la declaratoria de pausa ecológica implica un freno total a las actividades extractivistas con el objetivo de dar tiempo a los ecosistemas para que puedan regenerarse.

Acotó que es necesario controlar la caza en la zona, ya que la fauna silvestre de la Chiquitanía se encuentra mermada a causa del fuego.

Desalojan asentamientos

De acuerdo a una de las determinaciones del cabildo del 4 de octubre realizado en Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz inició el desalojo de las comunidades ilegalmente asentadas en cinco municipios de la Chiquitanía.

Los municipios sujetos de intervención hasta ahora son: Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San José de Chiquitos. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, dejó en claro que el desalojo se lleva a cabo de manera pacífica y en apego a la norma.

Camacho informó que el área de asentamientos ilegales en los cinco municipios alcanza a 1,8 millones de hectáreas. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que “si alguien violó lo que dice la Constitución, por supuesto hay que sacarlo inmediatamente”, pero aclaró que esto amerita la verificación de títulos de propiedad y la georeferenciación del lugar.