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Economía | 25/04/2024

Ministro de Hidrocarburos rechaza que caso piscinas sea persecución política y evita referirse a carta de Montenegro

Ministro de Hidrocarburos rechaza que  caso piscinas sea persecución política  y evita referirse a carta de Montenegro

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, en conferencia de prensa este jueves. Foto: APG

Brújula Digital|25|04|24

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, rechazó este jueves que la denuncia que impulsa Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) por el caso piscinas sea una persecución política y evitó referirse a la carta que dejó el exgerente de esta entidad Juan Carlos Montenegro, quien murió ayer.

“Desmentimos que exista una persecución política”, en torno al tema, dijo en conferencia de prensa.

Legisladores evistas y exministro del gobierno de Evo Morales indicaron que detrás de la denuncia por el caso hay una persecución política en contra de exautoridades, entre ellas Luis Alberto Echazú, extitular de Minería y exgerente de Recursos Evaporíticos, quien fue aprehendido el lunes y luego puesto en detención domiciliaria.

Otro de los involucrados era Montenegro, quien falleció este 24 de abril y dejó una carta pública en la que asegura ser inocente y denuncia que la administración de Luis Arce busca, con el caso penal, justificar y ocultar “el rotundo fracaso de la estrategia ilusoria de extracción directa de litio que adoptó arbitraria e irresponsablemente YLB y el actual gobierno desde el año 2021”.

Esta mañana, el ministro Molina no quiso referirse a la misiva y dedicó gran parte de su conferencia a explicar el proyecto que impulsa el Gobierno para industrializar el litio.

“No me corresponde hablar sobre una supuesta carta, le corresponderá (…) al Ministerio Público verificar esa información”, respondió a un periodista.

La denuncia penal presentada el 18 de abril por YLB y la Procuraduría General del Estado es por presuntas irregularidades en la construcción del Complejo Industrial de Uyuni y de 18 piscinas evaporíticas. Debido a esto se calcula un daño económico al estado de 425 millones de bolivianos. El Ministerio Público ha emitido al menos 12 órdenes de aprehensión.

Molina además pidió a los voceros políticos que dejen de, intencionalmente confundir a la población con declaraciones que, además, politizan el tema de la industrialización del litio.

BD/JA



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