Mancomunidad observa acta CPILAP-Gobierno: “consolida cambios en plan de manejo del Parque Madidi a favor de la minería”

Brújula Digital |14|11|22|

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (MCI-RBTQ), observa que el acta firmada el 7 de noviembre entre la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y el Gobierno, consolida cambios en el plan de manejo del Parque Nacional Madidi, sin que se hayan cumplido las condiciones legales ni técnicas, y que favorecen la penetración de la actividad minera en áreas protegidas.

“Manifestamos públicamente que los puntos que anteceden al séptimo punto del acta de San Buenaventura, particularmente los puntos 2 y 3, nos causan mucha preocupación, porque en su formulación consolidan unos cambios que ya se han operado, por lo menos en el Plan de Manejo del Parque Madidi 2015 – 2025, sin las condiciones legales de participación de las comunidades, que por el contrario favorecen la penetración de actividades extractivas”, señala el pronunciamiento.

La Mancomunidad observa que el punto tres de “garantizar la vigencia plena del Plan de Manejo” y del punto dos que señala textual: “los certificados de compatibilidad deben emitirse previo cumplimiento de los Planes de manejo vigentes”, consolidan hechos irregulares en los cambios que se hicieron a, por lo menos, el Plan de Manejo del Madidi entre el 2014 y 2015.

“Debemos exigir una paralización de todos los contratos y trámites de contratos mineros como ha sido propuesto por algunos pueblos afectados, hasta la realización de una auditoría a los cambios que se operaron en los Planes de Manejo hace unos siete años atrás, y cuestionar su legalidad en caso de verificarse una orientación inconsulta hacia los intereses expansivos de la minería y otras actividades extractivas”, plantea la MCI-RBTQ.

También se observa el punto sexto que adolece de una preocupante ambigüedad, puesto que al señalar genéricamente “en el marco de la ley…”, de alguna forma se entendería una aceptación de aquellas disposiciones de la Ley 535 de Minería y Metalurgia que son inconstitucionales y fuente de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

“Mediante la aceptación pasiva de la Ley 535, se determina qué es minería legal y qué es minería ilegal. Pero en los hechos, la experiencia nos muestra que ambas minerías, la que se enmarca y la que no se enmarca en la Ley Minera, violan nuestros derechos y atentan contra disposiciones de protección ambiental”, señala el pronunciamiento.

Por tanto, la Mancomunidad señala que los pueblos indígenas deben avanzar en cuestionar e impulsar la derogación o anulación de varias disposiciones de la ley 535 y su decreto reglamentario, que son abiertamente fuente de violación de los derechos fundamentales.

“Al ser acuerdos ambiguos, y al no afectar la raíz de los problemas, misma que se encuentra ya en la Ley Minera y en los cambios inconsultos de los Planes de Manejo, el acuerdo firmado el 7 de noviembre en San Buenaventura, (con excepción de la disposición que determina la anulación de convenio ilegal con las cooperativas) abre grandes posibilidades de continuar y consolidar la penetración de la actividad minera en áreas protegidas y territorios indígenas”, advierte el amplio pronunciamiento.

Se advierte, que aún cumplidas las regulaciones de adecuación, pueden ingresar los mineros a los territorios indígenas y afectar total e irreversiblemente la vida de los pueblos indígenas.

“Desde nuestra experiencia de lucha, sabemos que acuerdos como el acta de San Buenaventura pueden servir para intereses de varios actores funcionales al gobierno, para desmovilizar a la sociedad civil, y a organizaciones defensoras de derechos indígenas, pero por sobre todo es susceptible que el gobierno la utilice para un lavado de imagen frente a la presión internacional por la contaminación con mercurio en Bolivia”, llaman la atención.

En ese marco, la Mancomunidad como organización de defensa de los derechos a los pueblos indígenas y territorios, en el marco de la unidad de las comunidades sin menoscabo de la defensa de los derechos, afirma que en los 21 años de su creación, ha evitado proyectos de destrucción masiva, como las hidroeléctricas El Bala-Chepete, manteniéndose en movilización permanente en la histórica defensa de los derechos de los pueblos de la región amazónica.

La CPILAP con el punto séptimo del acta firmada con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, logró anular el acta que firmó el Gobierno con el sector de cooperativas auríferas.

BD JMC