Gonzalo Colque advierte del millonario negocio tras las tierras productivas de Santa Cruz

Brújula Digital|11|07|21|

La Fundación Tierra a través de su director ejecutivo, Gonzalo Colque, advirtió de un millonario negocio tras la comercialización legal de tierras productivas del departamento de Santa Cruz, pero también, tras el creciente tráfico de tierras en función de “favores políticos” y económicos.

“Estamos hablando de varios millones de dólares que se mueven en torno al conflicto por la tierra; si vamos a pensar en un predio de 2.000 hectáreas por 1.000 dólares cada hectárea, en un lugar cerca de la zona soyera estamos hablando de 2 millones de dólares, esa es la situación", señaló el experto en asuntos agrarios a Brújula Digital.

Colque señaló que en las zonas donde hay estos conflictos por la tierra que tiene potencial agrícola y ganadero, también presentan sopreposiciones de varios actores económicos productivos y sociales, entre otras cosas, por la falta de transparencia de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Son zonas con potencial económico y ahí hay que valorar la tierra que sea legal o no, mediante estos trámites que van entre 500 a 1.000 dólares por hectárea -haciendo mejoras- cuando se trata de disputa oscilan en 2.000 dólares la hectárea”, explicó.

Sin embargo alertó que es muy difícil estimar los millones de dólares que mueve el mercado ilegal de tierras, pues eso no se tiene registrado. “Se necesitaría hacer un trabajo enorme para ver la magnitud del tráfico, pero sí podemos dar pistas y entender de otra manera el valor económico que está en juego”, dijo.

El ejemplo más claro, indicó Colque, sucedió con el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo quien fue destituido y detenido por un adelanto de “coima”, es decir soborno como parte del pago de un monto que iba a oscilar en 350 mil dólares, pero también por varias denuncias contra la gestión del exministro César Cocarico y sus hermanos, durante el gobierno de Evo Morales.

“Nos preguntamos ¿por qué el presunto propietario está dispuesto a pagar semejante monto de dinero, equivalente a la tercera parte del valor comercial de la propiedad? y la única razón por la que estaría dispuesto a pagar la tercera parte del valor comercial en forma de soborno a los funcionarios públicos es porque no es legal el trámite”, sostuvo.

En ese marco dijo que sectores con poder económico y con poder político han accedido a la tierra con mayor preferencia durante la última década.

Sin embargo, alertó que tanto el problema de corrupción como el tráfico de tierras se salió del control del Gobierno, por lo que es necesario paralizar el proceso de titulación viciado de varios actos de nulidad y comenzar a regularizar el proceso de reforma agraria.

También recomendó una auditoría técnica legal a los procesos de saneamiento y transparentar la información para que se conozca qué actores están detrás hoy en Bolivia, pues lo que se vio en los últimos conflictos es que no se cumplió con la Ley INRA y el derecho preferente que se debe tener.

Los beneficiarios según la ley deben darse en el siguiente orden: indígenas del lugar, indígenas sin tierras, campesinos sin tierras que viven en el lugar y finalmente  para la gente que necesita nuevos asentamientos y que son de otras provincias y otras regiones.

El INRA es parte del conflicto

El INRA ha sido parte del conflicto que actualmente se presenta en Santa Cruz, en análisis de Colque, pues ha conducido el proceso agrario hacia un “proceso oscuro” donde ha dejado de transparentar información pública.

“Ha sido demasiado discrecional el manejo de demandas de titulación de parte del INRA tanto de parte del sector empresarial  como de las comunidades”, manifestó.

Colque señaló que se esperaba cambios con el actual director del INRA, Eulogio Núñez, porque viene de la lucha campesina e indígena y se creía podía tener una mirada progresista.

“Anunció algo interesante; que revisaría los casos de tráfico de tierras, y en particular los antecedentes de la demanda de la familia Marinkovic, y nos pareció buena esa señal, pero donde si cuestionamos toda esa buena voluntad de luchar contra el tráfico de tierras es que empieza y termina en la gestión de Jeanine Áñez”, subrayó.

La actitud del Director del INRA, que tampoco quiso participar de la cumbre agraria para buscar soluciones a los conflictos por tierra en Santa Cruz, según Colque se ve “deslegitimada” debido a que no investiga los hechos de corrupción de los últimos diez años por lo menos.

En cuanto a la gestión de Luis Arce dijo que dio dos señales a favor del sector agroempresarial; el primero, cuando ratificó los fondos públicos para construir la planta de biodiesel en Santa Cruz, lo que implica más tierras, más soya y más monocultivos, y la segunda, referida al proyecto de ley de transgénicos, “que es más favorable que el decreto derogado de Jeanine Áñez”.

“El hecho de que el Gobierno no quiera reunirse con el sector agroempresarial no es una ruptura con el sector agroempresarial, sino que por otro lado tiene compromisos políticos con el sector de los interculturales, es ahí donde hay un choque de intereses”, aseguró.

El investigador dijo que Gobierno nacional se encuentra en el dilema de cómo manejar su poder político y alianza con el sector empresarial y los favores políticos que ha generado con los movimientos sociales interculturales para contar con su apoyo político a cambio de entregarles tierras en dotación.

BD JMC