Gobierno declara prioridad bajar de 200 mil a 10 mil las UFV para castigar con cárcel al contrabando

Brújula Digital |17|03|2022|

Edwin Miranda V.

Hasta el tercer trimestre de 2022, el gobierno espera aprobar y poner en vigencia la reducción de 200 mil a 10 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), para castigar al tráfico ilegal de mercaderías con privación de libertad, anunció este jueves el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas.

“Uno de los desafíos y la reducción de la cuantía para declarar contrabando de 200 mil UFV a 10 mil UFV que también ya está listo para que pueda ser tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, declaró Vargas durante una exposición que hizo sobre los planes que tiene para prevenir el tráfico ilegal de mercaderías en el Estado con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Una medida que podría contribuir a diezmar la actividad nociva del contrabando tiene que ver con reducir de 200.000 a 10.000 UFV la cuantía de la evasión fiscal por el pago de tributos, para sancionar como conducta típicamente antijurídica y por lo tanto, castigada con pena de cárcel para quién o quienes promuevan el contrabando de mercadería, planteó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, con respaldo del gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), e Ian Miranda, jefe de Representación Empresarial de la CAINCO.

El líder empresarial señala que la norma en actual vigente lo que hace es sancionar, con pena privativa de libertad, si acaso una persona –natural y/o jurídica-, es sorprendida internando mercadería por igual o superior a los 200 mil UFV.

“Hay una disposición en el Código Tributario que dice que a un monto mayor a 200 mil UFV, equivalente a un monto mayor al millón de bolivianos, puede ser sancionado con cárcel, esto equivale, por ejemplo, a cuatro tráileres llevando cerveza”, ilustro el líder de los industriales.

“Hay que cambiar esa disposición”, sugirió el empresario y en seguida añadió también la urgencia de hacer cambios a la certificación del Impuesto Directo al Consumo (ICE) “modernizando, aplicando un código de barras electrónica, por ejemplo”, propuso.

Mucho más directo, el diputado Mario Roca, ex director del SIN en el gobierno del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), propuso una reforma integral a la política monetaria y fiscal en el Estado.

Pero ¿cómo será posible abordar una reforma integral a la estructura fiscal del Estado?

Para Roca si bien el tema es amplio, es necesario comenzar a plantear reformas para impulsar un verdadero desarrollo y frenar el contrabando.

En este sentido planteo tres ejes que debería abordar está política nacional: el primer eje es saber cómo recaudamos los impuestos, el segundo, cómo distribuimos esa recaudación y tercero, cómo lo gastamos.

“Hasta ahora los tres ejes están mal, es decir, no sabemos lo que hacemos”, apuntó Roca a modo de reflexión.

A su turno el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Fernando Hurtado, exigió la urgencia de aprobar incentivos fiscales a la formalización para tener una base de emprendimientos cada vez más amplia, que aporte con impuestos y con empleos.

Pidió asimismo reemplazar la fiscalización tributaria que ejerce a empresas formales en centros urbanos, con el despliegue de actividades similares en los cordones fronterizos que tiene el Estado con varios países circunvecinos.

“Necesitamos equidad, que los esfuerzos no se vayan solo a fiscalizar y sobre regular a quienes ya tributan”, afirmó.

Para la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la actividad económica informal es aquella que (sin incurrir en la criminalidad) se aparta del marco legal-regulatorio e incumple obligaciones con sus trabajadores (seguridad social, industrial) y con el Estado (fisco).

En este sentido la entidad empresarial señala que Bolivia es el país con mayor grado de informalidad en la región y el mundo.

En este sentido, por ejemplo, el 85% de las actividades económicas no tributan al fisco y llega al 83% la población Económicamente Activa (PEA) que carece de seguridad social de largo plazo, mencionó la CAINCO.

El drenaje de recursos que resta la informalidad a la economía es significativo.

Según la CAINCO en la actividad industrial suma $us330 MM, en Servicios llega a $us1.006 MM, mientras que en Comercio alcanza $us931 MM.

En total las actividades informales quitan al erario nacional ingresos estimados en $us2.267 MM.

Para formalizar las actividades económicas, la CAINCO señala la aprobación de incentivos fiscales. En este sentido detalla el siguiente planteamiento para modificar el Código Tributario.

Reducir el Impuesto a las Transacciones a su máxima expresión en la cadena de alimentos, instando al gobierno a la promulgación de una ley específica como mecanismo para desincentivar la actividad informal y el contrabando de productos alimenticios.

La entidad empresarial también planteó la necesidad de gestionar la modificación de las normativas municipales, con la finalidad de que las alcaldías, suspendan la licencia de funcionamiento, clausuren temporalmente y/o multen a los comerciantes ante el descubrimiento de alimentos sin registro sanitario, por ende, de contrabando.

El Gobierno apura decisiones fiscales

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, anunció que el gobierno está trabajando en decisiones fiscales que tiene que ver con hacer “modificaciones al Código Tributario en el capítulo referido a tipificar al tráfico ilegal de mercaderías como delito penado con la cárcel”.

“Estamos trabajando en ese sentido y en los próximos días habrá sorpresas con anuncios, reformas tributarias”, adelantó.

BD/EMV