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Economía | 12/12/2019

Gobierno de Evo Morales dispuso $us 11.000 millones en carreteras y el 75% presenta deficiencias

Gobierno de Evo Morales dispuso $us 11.000 millones en carreteras y el 75% presenta deficiencias

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y otras autoridades de ABC. Foto: ABI

Brújula Digital|12|12|19|

El gobierno de Evo Morales dispuso 77 mil millones de bolivianos (11.000 millones de dólares) en carreteras, en los más de 13 años, de los cuales el 75% de los proyectos presenta severas deficiencias, de acuerdo con un informe presentado el jueves por el Gobierno.

“La ABC atravesó un proceso de oscuridad en los pasados 13 años, pues presupuestó 77.000 millones de bolivianos para la construcción de carreteras, lo que significa que recibió ocho veces más que el sector salud. Sin embargo, el 75% de las obras realizadas presenta deficiencias severas en el diseño, construcción, supervisión, entrega y recepción final", aseguró el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

La autoridad lamentó, al presentar ese informe, que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) haya malgastado ese dinero, que significó ocho veces el presupuesto que se destinó a salud, y que no resolvió el problema carretero en el país.

Además, develó que la ABC entregó sin licitación, "a mano libre", 15.000 millones de bolivianos para proyectos carreteros, de los que 12.000 millones de bolivianos fueron erogados en solo una administración, la que comandó la exautoridad de esa entidad, Noemí Villegas.

Solo este año existió un daño económico de 81 millones de bolivianos dentro de la ABC, dijo.Por su parte, el presidente de la ABC, Humberto Nazra, indicó que se identificaron licitaciones irregulares que no respetaron las normativas de contratación, pues en un mayor porcentaje de obras se advierte un incremento de precios en carreteras que, a días de ser inauguradas, requirieron refacción.

El ministro de Obras Públicas dijo que, a partir de ese informe, se realizarán auditorías más "profundas" y los resultados serán enviados a la Contraloría General del Estado y, si es necesario, a la Fiscalía para que esas instituciones continúen con las investigaciones.




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