Gobierno asegura que está en pie el pedido de diálogo al puerto de Arica para hablar sobre tarifas

Brújula Digital|09|09|21|

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este jueves que, Bolivia, mediante la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), mantiene su propuesta de diálogo con la Empresa Portuaria de Arica (EPA), en Chile, para que se llegue a un acuerdo en un plazo de tres a seis meses sobre las tarifas en el puerto chileno y así no perjudicar el comercio exterior.

“Nosotros estamos apelando a la racionalidad y a un criterio amplio que tenga la EPA para poder sentarnos a buscar un espacio de análisis entre tres a seis meses para que podamos establecer ahí un cabal y detallado examen de la estructura de la propuesta y de las tarifas como tal (...). Nosotros como país consideramos que la ASP-B y la EPA pueden sentarse y buscar este marco de acuerdo y no perjudicar las actividades comerciales en el Puerto de Arica”, enfatizó el ministro Montenegro, en conferencia de prensa.

La autoridad recordó que si bien el 5 de agosto de 2021 terminó el acuerdo vigente de las tarifas en el puerto de Arica, para ello desde abril pasado, la ASP-B fue solicitando reuniones en reiteradas fechas para analizar el tema de tarifas. No obstante, el mismo fue pospuesto, principalmente, por razones sanitarias.

Dijo que en ese entendido, Bolivia, mediante la ASP-B, ha establecido un plazo de seis meses para estudiar en profundidad los componentes de la estructura de tarifas y ver de dónde viene el incremento del 53%, que se aplica desde 2019, y cómo se justifica, por lo que no se puede aceptar un tratamiento tarifario unilateral, que intenta aplicar la EPA.

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, reiteró que se agotó el diálogo, pero que se espera que el mismo se concrete para llegar a un consenso entre ambas partes.

“Ahora estamos siempre abiertos al diálogo para que podamos encontrar un espacio para poder concertar con la Empresa Portuaria de Arica un acuerdo satisfactorio para ambas partes, entendemos que este acuerdo va a partir en que tengamos un plazo hasta mínimamente de seis meses que nos permita a ambas partes llegar a un consenso", dijo Morales.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, quien también participó de la conferencia, afirmó que como Cancillería se mantuvo una intensa comunicación con su par de Chile, debido a que es un tema que preocupa.

“Nosotros tenemos una relación con Chile que tiene un nuevo impulso a partir de la gestión del presidente Luis Arce, se ha establecido una hoja de ruta y estamos confiados que en este proceso de reconstrucción de la confianza mutua que estamos realizando vamos a encontrar las soluciones a este tema que es un tema particular entre EPA y la Terminal Puerto de Arica (TPA)", afirmó Blanco.

CNC cuestiona a la ASPB

La Cámara Nacional de Comercio lamentó a finales de julio, que decisiones cuestionables de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) resten competitividad a las operaciones de comercio exterior del país, incrementando costos de operación por flete de contenedores en 400 mil dólares anuales y en tarifas a empresarios que se incrementan en un millón de bolivianos.

El gerente General de la CNC, Gustavo Jáuregui quien señaló que se observó oportunamente la decisión de ASP-B que elimina de manera intempestiva el beneficio de la “tarifa de costo cero” para los despachos directos de contenedores.

Ante la importancia estratégica que representa el Puerto de Arica para el comercio exterior boliviano, Jáuregui recordó en reiteradas ocasiones a la ASP-B sobre decisiones cuestionables que restan competitividad a las operaciones de comercio exterior del país.

“Se trata de una medida (la tarifa cero) que beneficiaba de manera efectiva al flujo de carga que pasa por ese puerto, que permitió disminuir tiempos y costos de la cadena logística de manera drástica en el país”, mencionó al referirse a la “tarifa costo cero”.

Calificó el procedimiento de beneficioso para la logística nacional como demuestra el hecho de que las operaciones en el Puerto de Arica pasaron del 4% al 24%, en mayo de la presente gestión.

La inexplicable decisión de ASP-B, según Jáuregui, solo responde a una lógica de recaudación como empresa pública, que impuso una tarifa de 36 y 46 dólares para contenedores de 20 y 40 pies respectivamente, incrementando el costo de las operaciones para el sector empresarial formal boliviano en 400 mil dólares anuales.

Asimismo, como parte de la misma lógica de recaudación, la CNC observó la decisión de ASP-B de recurrir a una resolución ministerial del año 2005 para aplicar tarifas al sector empresarial formal de Bolivia, que se traducen en un incremento de costos de cerca de un millón de dólares anuales para operaciones de despacho indirecto en Arica.

“En esta misma línea, hicimos conocer a la ASP-B, sobre los posibles riesgos que se podrían dar si existe un retraso en el proceso de negociación de nuevas tarifas con el Puerto de Arica, dado que el convenio suscrito a inicios del segundo semestre de 2019 entre la ASP-B y el prestador de servicios en el Puerto vence el 04 de agosto de 2021”, informó Jáuregui.

Con preocupación, la CNC observó que un tema de semejante relevancia estratégica para el comercio exterior del país se encuentre pendiente de acuerdo a escasos días del vencimiento contractual, por lo que, comunicó a la ASP-B que en caso de que las negociaciones que encara la empresa pública se dilaten o estanquen, la institución está en disposición de negociar de forma directa las tarifas con el proveedor de servicios en Puerto Arica.

BD