Fundación Tierra denuncia a Marinkovic de tráfico de tierras, éste niega la acusación

Brújula Digital |4|11|20|

La Fundación Tierra denunció que el gobierno de Jeanine Añez benefició al ministro de economía, Branko Marinkovic, consolidando en su favor las propiedades agrarias Laguna Corazón, de 12.480 hectáreas, y Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hectáreas, haciendo un total de 33.480 hectáreas. Ambas se ubican en el departamento de Santa Cruz.

La familia del ministro, mediante un comunicado, dijo que Marinkovic no tiene relación con la propiedad Laguna Corazón, pero da a entender que la familia sí es propietaria legal de ambos predios. El comunicado agrega que, tras 10 años de acciones legales, finalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo favorable a la familia en julio pasado.

El pronunciamiento de la Fundación Tierra manifiesta que el gobierno de Añez, al igual que el del MAS, manejó de manera arbitraria al INRA y entregó “títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz, bajo el argumento de trámites (previamente) paralizados”.

Señala que el INRA actuó en favor del ministro Marinkovic al entregarle las dos propiedades mencionadas.

Por otro lado, la Fundación Tierra recordó a las autoridades que la “Ley 3545, artículo 47, prohíbe a Ministros de Estado y otros funcionarios públicos favorecerse con la adjudicación o dotación de tierras estando en funciones y durante el año siguiente a la cesación de sus funciones”.

“Por estas razones, la Fundación TIERRA (…) denuncia públicamente estas actuaciones de favorecimiento a grandes agropecuarios y exhorta a las autoridades a transparentar la información agraria de la gestión 2020 y años anteriores y, sobre todo, a explicar (…) cuál es la situación jurídica actual de las dos propiedades” de Marinkovic.

El comunicado de la familia del ministro, menciona que la titularización de las tierras en cuestión se dio durante 10 años y que fueron compradas da manera legal.

“La titularización de las mencionadas tierras es un trámite que ha tomado más de 10 años y que después de un proceso legal debidamente sustanciado en los tribunales e instancias respectivas ha concluido con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en fecha 17 de julio de 2020, la misma que dispone que el INRA emita resolución final de saneamiento”, dice el comunicado de la familia.

El comunicado agrega que “desde el momento en que estas tierras fueron legalmente compradas hace más de una década, cuando se canceló el total del valor de las mismas”.

BD/MC