Empresarios denuncian que el contrabando maneja armas, posee tecnología y tiene recursos

Brújula Digital |31|08|2021|

“El contrabando ha pasado de ser una actividad ilícita, conocida como transporte hormiga, a una con muchos recursos económicos, técnicos y armas, (un) verdadero peligro para todos”, alertó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff y respaldo la posición el Vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.

El ejecutivo empresarial denunció además que el régimen normativo, que sanciona el tráfico ilegal de mercaderías, favorece una actividad que, debido a su crecimiento y transformación, está menoscabando la estructura productiva del Estado.

“A esto debemos sumar la normativa que favorece al contrabando. En la reforma a la Constitución se lo tipifica como delito económico. Pero con la legislación vigente resulta casi imposible un proceso”, apuntó Kempff en una columna de opinión que publicó, recientemente, en un medio escrito en la ciudad de La Paz.

Por su parte Camacho señaló que la mercadería ilegal que ingresa al Estado recorre al menos 1.000 kilómetros, por ejemplo, desde la Argentina y arriba a mercados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sin ningún problema.

“¿Qué está pasando?, ¿Cómo es posible que el contrabando de mercadería recorra miles de kilómetros y no tenga dificultades?”, preguntó el directivo empresarial a las autoridades.

Según Kempff el contrabando también está alimentando la informalidad laboral que además contribuye a frenar la reactivación y el desarrollo económico del país.

“La informalidad y el contrabando deben ser temas centrales de la economía nacional, porque son males que repercuten en el sector formal que a su vez no puede competir con los precios de los productos importados ilegalmente, además, genera condiciones permanentes de riesgo para miles de trabajadores que tienen una fuente laboral”, apuntó el presidente de la CNC.

En los hechos la informalidad laboral está creciendo de forma alarmante en el Estado, señala el empresario.

“Antes de la pandemia, ocho de cada 10 personas ocupadas tenían empleos precarios, inestables, sin seguridad social”, mencionó estadísticas Kempff.

Bolivia encabeza el ranking de empleos en el sector informal de su economía. Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero además de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la informalidad laboral alcanza casi el 90% de la actividad productiva en el Estado.

Según la CEPAL, el término sector informal abarca “las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección”. Incluye todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado.

Reformas estructurales para erradicar el contrabando

En horas precedentes el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, expuso a la Presidente de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, en una reunión ejecutiva que sostuvieron para hablar de los efectos del contrabando, una propuesta de modificación a la Ley 2492 en su artículo 181 referida a la reducción del tributo omitido por productos de contrabando, de 200 mil a 10 mil UFV’s para ser tipificado como delito.

El ejecutivo además planteo la necesidad de implementar sistemas modernos de seguridad como ser hologramas y QR a los productos de procedencia internacional que llegan al país.

El intercambio de información sobre registros estadísticos de internación formal de productos y de operativos de interdicción y cuantificación que realiza la ANB, también fue sugerido como mecanismo de erradicación del tráfico ilícito de mercancías por parte del CNI.

Los empresarios informaron también a Serrudo que Bermejo, Yacuiba, Villazón, Puerto Quijarro, Kasani, Pisiga y Tambo Quemado, regiones fronterizas con Argentina, Brasil, Chile y el Perú, alientan la actividad ilícita movilizando mercadería ilegal a través de “contrabando hormiga” y en “comboys de transporte pesado”.

Por su parte el presidente de Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeabro), Oscar Justiniano, propuso la urgencia de municipalizar la lucha contra el contrabando. “Es urgente y necesario desplegar acciones específicas de control en los mercados locales”, dijo.

En esta postura la CNI considera que la Aduana debe ampliar las competencias para la lucha contra el contrabando a entidades públicas que tienen como mandato el control, supervisión y destrucción de productos de contrabando como ser los municipios, las gobernaciones, Senasag y AGEMED entre otras entidades regulatorias del Estado.

BD/EMV