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Economía | 22/06/2021

Copa y los industriales aceleran decisiones para municipalizar la lucha contra el contrabando

Copa y los industriales aceleran decisiones para municipalizar la lucha contra el contrabando

El Alto esta dispuesto a desplegar acciones de lucha contra el contrabando.

Brújula Digital 22/06/2021

De llegar acuerdos de mutuo interés El Alto será la primera ciudad en municipalizar la lucha contra el contrabando, es decir, vigilará, realizará controles y sobre todo, impedirá la comercialización de alimentos y productos extranjeros que hayan ingresado ilegalmente al mercado nacional. Esa fue, por lo menos, la primera coincidencia al que arribaron el fin de semana la alcaldesa, Eva Copa y el Presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Candipaz), Pablo Camacho.

“El trabajo conjunto va encaminado al desarrollo, una contundente municipalización de lucha contra el contrabando y su expansión”, declaró el directivo empresarial, según refiere una nota de prensa institucional que conoció Brújula Digital

El fin de semana Copa y Camacho promovieron una primera reunión de acercamiento interinstitucional con tres objetivos: reactivar la capacidad industria del municipio, alentar la vigencia de incentivos fiscales y declarar a El Alto zona económica especial.

En este sentido los empresarios entregaron a la alcaldesa alteña un plan de desarrollo que sintetiza lo que proponen hacer e invitaron a la primera autoridad edil, a formar parte de la alianza destinada, en lo macro, a promover la reactivación económica  departamental.

El Alto fiscaliza el contrabando

Parte de la ruta crítica propuesta, contempla precisamente, municipalizar la lucha contra el tráfico ilegal de mercaderías en la ciudad de El Alto.

La idea no es nueva, de hecho, fue expuesta públicamente, por el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic y secundada por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo de la ciudad de Santa Cruz (Cainico).

Municipalizar la lucha contra el contrabando, implica que los gobiernos subnacionales –alcadías y gobernaciones- asuman su cuota de responsabilidad en prevenir el tráfico ilegal de mercaderías, y de esta forma, acceder a incentivos fiscales que el Gobierno Central tendrá que facilitar, por ejemplo, entregando, en compensación, fondos para promover la actividad productiva local.

Es más Blazicevic, dijo que, la Aduana Nacional, entrega dinero en recompensa a quienes denuncia contrabando de mercadería.

Entonces ¿Por qué no hacer lo mismo con los municipios y las gobernaciones si luchan contra el tráfico ilegal de mercaderías?, preguntó el líder empresarial al gobierno.

Al respecto el Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que el tema pasa por un análisis que deberá realizar el Órgano Legislativo, porque en los hechos implicará ampliar competencias y atribuciones que tienen los gobiernos subnacionales y que están prescritas en la Constitución Política del Estado (CPE).

Lo que buscan los empresarios es que los gobiernos municipales y departamentales deberían también realizar controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando que ponen en riesgo la salud de la población y el delito debe ser tratado como atentado a la salud pública.

Estas acciones deben incluir facultades de incautar bienes utilizados por almacenar y transportar productos de contrabando.

La CAO también puso sobre la mesa del debate la posibilidad de ampliar las facultades de interdicción que tienen el Senasag y la Aduana para que puedan ingresar, en cualquier momento, a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas del territorio nacional con apoyo de la fuerza pública.

Novillo también solicitó sobre el tema “evaluar el planteamiento debido a que se debe considerar que si se realiza un control efectivo y estricto en la zona fronteriza, no habrá la posibilidad de ingreso de mercadería de contrabando al país”.

Sin embargo dejó abierta la posibilidad de aprobar las acciones sugeridas por la CAO, previa aprobación de dispositivos legales que puedan certificar su vigencia.

BD/EMV.



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