COB entrega pliego petitorio al Gobierno y descarta reunión tripartita con presencia empresarial

Brújula Digital|06|03|20|

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, entregó hoy al Gobierno nacional el pliego petitorio del ente matriz de los trabajadores, que contempla la propuesta de incremento salarial para esta gestión, entre otras demandas de los trabajadores.

Huarachi sostuvo que a partir de la fecha están a la espera de la convocatoria del Gobierno para comenzar el análisis de manera conjunta el pliego petitorio de los trabajadores y rechazó cualquier posibilidad de una reunión tripartita con la participación del sector empresarial.

"Entre miércoles y jueves se ha trabajado el documento final del pliego petitorio en el que se encuentra el incremento salarial y otras de nuestras demandas, y hoy día en horas de la mañana se lo ha entregado al Gobierno", manifestó el ejecutivo de la COB.

El dirigente de la COB explicó que el pliego petitorio incluye además, temas que son de prioridad para los trabajadores que tienen que ver con educación, salud, la Ley de Empresas Sociales, la incorporación a la Ley General del Trabajo de los empleados municipales, producción e incremento salarial, entre otros temas.

Huarachi indicó que la propuesta del incremento salarial para este año, plantea 10% para el haber básico y 15% para el mínimo nacional, sostuvo que esta será la base de negociación con el Gobierno.

Acotó que su pedido de incremento salarial será discutido técnicamente, puesto que en el análisis de su propuesta con autoridades de Gobierno se tomará en cuenta el crecimiento económico y el índice de inflación.

El ejecutivo de la COB ratificó que la negociación no será tripartita; gobierno, trabajadores y empresarios, y que por el contrario será solamente entre el Gobierno y el ente matriz de los trabajadores.

Cabe recordar que directivos de las organizaciones empresariales nacionales y departamentales, consideraron los parámetros de aumento señalados por la COB como “irracionales” para la realidad económica actual del país y como “peligrosas” para la actividad productiva y laboral de los propios trabajadores.