La Paz, 07 de septiembre de 2024
Intervención a la empresa que desarrollaría una actividad ilegal en Santa Cruz. Foto: El Deber
Brújula Digital|31|05|24|
Dentro de las pesquisas por el caso denominado “ciberestafa”, el Ministerio Público detuvo a una joven de 19 años que, según señala, tiene el 50% de las acciones de la empresa ilegal que fue desbarata el miércoles. Con ella los aprehendidos aumentan a 10, los mismos que fueron imputados por dos delitos.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que ayer se procedió a la detención de la joven, quien sería dueña de la empresa junto al ciudadano de origen asiático que también está aprehendido.
El representante del Ministerio Público cuestionó que la joven, que según dijo no tiene profesión, tenga la capacidad de tener el 50% de las acciones de la empresa que funcionaba en un inmueble del segundo anillo y avenida Busch de la capital cruceña, donde trabajaban unas 100 personas.
Mariaca indicó que esta empresa operaba de forma legal, pues demostró que cuenta incluso con el Número de Identificación Tributaria (NIT). No obstante, indicó que se realizan las pesquisas respectivas para corroborar la información recabada.
También indicó que esta empresa, cuya actividad sería ilegal, migró de Perú, luego de ser descubierta. Acotó que las presuntas víctimas de esta firma no radican en el territorio nacional, sino que están en el exterior.
"Esta es una organización que está en diferentes países, pero algo importante señalar que, dentro del edificio de Equipetrol, en diferentes pisos operaba un nivel, en uno el tema de Perú, en otro de Chile, de México y así sucesivamente. Estaban bien organizados y tenían encargados de ciertos niveles", explicó Mariaca, refleja El Deber.
Reportes periodísticos indican que los aprehendidos fueron imputados por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Mariaca aseguró que esta imputación será sustentada y defendida ante autoridades judiciales que tengan a cargo el caso.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que la organización realizaba préstamos a intereses altos y casi imposibles de pagar y luego amenazaba y extorsionaba a los deudores.
Se informó también que la banda se dedicaba a las estafas vía internet.
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