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Economía | 14/04/2020

Caboco plantea al gobierno ocho medidas para “salvar al sector”

Caboco plantea al gobierno ocho medidas para “salvar al sector”

Trabajadores de la construccion Foto Caboco.org

Brújula Digital |14|04|20|

La apertura de un escenario de diálogo económico, para analizar el reinicio de las actividades de la construcción una vez sea superado el problema de la pandemia de coronavirus y la aplicación de ocho medidas para “salvar” al sector de la construcción, planteo este martes al gobierno, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), mediante un comunicado de prensa.

En el documento Caboco señala que la situación de sus empresas afiliadas se hace insostenible, debido a la cuarentena vigente en el país para evitar la propagación del Covid-19 y la cantidad de trabajadores que dependen del sector, aproximadamente 320 mil, lo que la entidad empresarial señala, significa una planilla mensual de 960 millones de bolivianos, incluyendo a subcontratistas y otros.

“Por el número de meses que dure la cuarentena, se hace insostenible la economía de nuestras empresas las cual están indefensas, impagas e impedidas de poder cancelar salarios y compromisos a futuro” señalan los empresarios de la construcción y agregan que, ante esa situación, para resguardar el derecho al trabajo de los obreros, profesionales, administradores y proveedores, se debe planificar las acciones e instrumentos consensuados para encarar las actividades económicas tras su reinicio.

En ese contexto, el sector empresarial de la construcción planteó al gobierno ocho medidas que considera necesarias e imprescindibles “para poder lograr salvar al sector”.

En su primera demanda el sector de la construcción pide al gobierno que instruya a todas las Entidades Contratantes que transparenten sus deudas con el sector de la construcción.

Al respecto, se debe recordar que en febrero pasado el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), tenía en ese momento deudas por más de setecientos millones de bolivianos con empresas constructoras. Además, señaló que, en el marco de la ejecución del proyecto del Tren Urbano en Cochabamba, también existían deudas con las empresas constructoras.

Paralelamente, en diversos municipios del país, como el de Sucre, el sector de la construcción demandaba el pago de adeudos por parte del municipio por un importe mayor a cuatrocientos millones de bolivianos.

Los constructores demandan, además la cancelación inmediata de las planillas de avance de obras de proyectos ya concluidos y/o en ejecución, para salvar las necesidades inmediatas de liquidez que tienen las empresas.

Como tercera medida, señalan la necesidad de realizar el análisis de la inversión en infraestructura a nivel nacional, y que los proyectos que sean de emergencia en salud, educación, vías, servicios y producción sean resultados de consensos y otorgados para empresas constructoras nacionales, debiendo las entidades contratantes adecuar las condiciones de licitación a la realidad nacional.


En el campo financiero, como cuarta medida el sector empresarial de la construcción señala la consolidación de préstamos del Estado al sector constructor para cubrir las planillas de salarios, aportes a las Afp’s y Cajas de Salud, por los meses de febrero, marzo, abril y mayo, sin intereses y a un plazo de 5 años.

Además como quinta medida, piden al gobierno que se determine una “Tasa de Interés Social”, con la banca privada, para todos los créditos vigentes y futuros, tanto para personas jurídicas (empresas) como naturales.

En el campo impositivo la sexta medida propuesta por los empresarios de la construcción,  plantea la abrogación inmediata del al Resolución Normativa de Directorio RND 1836 de Impuestos Nacionales, ya que el Sector Constructor ha demostrado que esta determinación es inaplicable y además que existió el compromiso de su abrogación para la última semana del pasado mes de febrero del año en curso, compromiso que no fue cumplido a la fecha.

La RND 1836 de 21 de diciembre de 2018, establece las normas  para la preparación y envío de información por  contribuyentes que realizan la actividad de construcción de bienes inmuebles.

En su propuesta, la séptima medida señala que el reinicio de las actividades del sector no podrá efectivizarse en las condiciones actuales, por ello, se debe establecer que la cancelación de las planillas de avance de obras será de forma mensual, garantizando el estado el presupuesto y la liquidez necesaria para el pago oportuno de cada certificado de avance.

Finalmente los empresarios de la construcción señalan como octava medida que los nuevos proyectos a ser licitados deberán ser “a diseño final”, debidamente estudiados y aprobados, para que no se generen atrasos en la ejecución de las obras.



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