Asociación Nacional de Defensa de los Fondos de Pensiones plantea revisión de la Ley 065 de Pensiones

Brújula Digital|29|02|20|

La revisión de la Ley 065 de Pensiones fue planteada por la Asociación Nacional de Defensa de los Fondos de Pensiones, organización que además demanda transparencia en la administración de los recursos de los fondos de pensiones y el inicio de un juicio de responsabilidades al exministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce y al expresidente Evo Morales, por la deuda que tiene el Estado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) y por la mala administración de los fondos de los bolivianos para la jubilación.

La posición fue expresada por la representante del sector pasivo, Ana María Pomar, quien a tiempo de  solicitar a la senadora de Unidad Democrática (UD), Carmen Eva Gonzales, que coadyuve las iniciativas  destinadas a recuperar los recursos de los aportantes a las AFP’s y el proceso de responsabilidades a las exautoridades nacionales afirmó, “es momento de luchar (...), queremos pedirle señora senadora un juicio de responsabilidades a  Arce Catacora, al Gobierno del MAS y a Evo Morales. Estamos en nuestro derecho, somos las voz de (los) trabajadores”.

La dirigente del sector pasivo, aseveró que entre los malos manejos que se hizo de los recursos de los aportes laborales está el sistema operativo que impulsó el Gobierno del MAS, que establece que 5 % de ese dinero “tiene que ir a las empresas públicas, ha abierto una puerta que daña nuestros recursos económicos” y pidió que se transparente la forma de la administración de las exautoridades, ya que una buena parte de los jubilados recibe una renta miserable, que no está acorde a sus años de trabajo como a sus aportes.

Ana María Pomar explicó que el sistema actual establece por ejemplo, 60 % del promedio de los últimos 24 salarios para una persona con 20 años de aportes y del 70 % para 35 años de aportes,  a ello, se suman aportes solidarios máximos de 1.540 bolivianos para quienes tengan 20 años de aportes y 2.600 bolivianos para los que tengan 35 años de aportes y se calcula en base a una expectativa de vida de 110 años. Si el jubilado muere y no tiene hijos menores de edad o hasta 25 años cursando estudios, el capital pasa a manos del fondo solidario (Estado) detalló y calificó esa situación como una apropiación de los recursos aportados.

“La Ley 065 tiene serias observaciones, empezando por restringir las inversiones en el exterior que son más rentables, además del hecho que el capital no es tomado como herencia, siendo que es un patrimonio fruto del trabajo de toda una vida, señalo la dirigente al referirse al documento elaborado por su sector y entregado a la parlamentaria ahora “oficialista”.

Pomar afirmó que el Estado adeuda a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 5.000 millones de dólares, 10,4 millones de dólares del 2 % del aporte patronal pro vivienda y detalló que el número de trabajadores activos a nivel nacional alcanza a 2.127.000 y la cantidad de pasivos llega a 1.556.000 a nivel nacional y aseveró que la aprobación de la Ley de Pensiones (065) , que obligó a traspasar la administración de esos recursos (de las ALP a la Gestora), provocó incertidumbre y redujo la rentabilidad de los fondos, además de un  excesivo endeudamiento del TGN de más de 5.000 millones de dólares a las AFP y las baja en las tasas de rendimiento, aspectos que afectan tanto a trabajadores activos como a pasivos o rentistas.