Ante creciente rechazo, Ministro dice que la ley antiganancias ilícitas “no está escrita en piedra”

Brújula Digital|07|10|21|

Ante el creciente rechazo de varios sectores de la sociedad civil al proyecto de “Ley Contra la Legitimación  de  Ganancias Ilícitas,  Financiamiento  al Terrorismo  y  Financiamiento  de  la  Proliferación  de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, el Gobierno retrocedió en su intento de imponer el “secreto profesional” en la legislación. El Ministro de Economía, Marcelo Montenegro dijo que la ley no está escrita en piedra.

“Queda claro que en el caso del periodismo, la reserva de fuente se sigue manteniendo, hay una Ley de Imprenta para tal propósito. Y si vemos en la legislación comparada de varios otros países, se señala este elemento, el secreto profesional, no obstante no está escrito en piedra y  es posible eliminar este elemento del secreto profesional, si causa algún caso de susceptibilidad”, afirmó en conferencia de prensa.

Sin embargo enfatizó que el elemento del secreto profesional “no es un invento” del Gobierno. “Esto ya está en otro tipo de legislaciones comparadas, y por lo tanto, no es un elemento que se haya introducido con el fin de obtener alguna información de algún gremio o ente profesional”, sostuvo.

El artículo referido a la “exención o secreto de confidencialidad”, dispone que: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la IUF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.

Montenegro también defendió el proyecto de ley que fue aprobado por Diputados, y negó que viole el Código Tributario. “En todos los países es posible contar con información nominada de la parte tributaria y eso no es violación a la normativa, eso debe quedar bien claro”, dijo.

En cuanto al “sujeto obligado” reconoció que genera bastante susceptibilidad, pero que debe entenderse que no puede ser cualquier persona, sino un agente concreto que tiene la obligación de reportar una operación (financiera) sospechosa, que además debe tener los medios para reportarlo y debe hacerlo en el marco del protocolo específico dentro la red de las Unidades de Investigación Financieras.

El artículo 17 considera "sujeto obligado" a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar, casinos, actividades comerciales, registro de comerci, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya en el ámbito de su regulación. 

Su criterio no ha sido compartido por constitucionalistas, legisladores de oposición y empresarios, gremiales, transportistas y otros que la norma, tal como ha sido aprobada en Diputados quita el sentido garantista en materia de derechos humanos y del derecho comunitario. Advirtieron que es inconstitucional.

En esa línea consideran que la ley del MAS presume que todos los actos comerciales, económicos, financieros, de los que llaman sujetos obligados, que realizan los bolivianos en su conjunto, ya sean personas naturales y jurídicas, se presumen que son actos ilícitos y todos son sospechosos de delitos.

Ley de estrategia

Por otra parte, el Ministro de Economía se vio obligado a aclarar ante la opinión pública que, la “Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” no fue sancionado por la Asamblea Legislativa, ni promulgado por el Presidente, tal como se ha difundido a través de las redes sociales.

La Ley 1386 de “Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo” no es la misma que está en tratamiento en el Legislativo. “Lamentamos que se pretenda desinformar a la población y alertamos a la misma que no se deje confundir con información engañosa y falaz que pretende generar confusión”, dijo.

BD JMC