El viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció que se abrirá procesos legales contra responsables de la anterior administración de la aerolínea estatal.
Brújula Digital|17|12|25|
El viceministro de Transparencia, Yamil García, iniciará procesos legales por presunta mala planificación operativa, venta irregular de una aeronave y perjuicio económico a usuarios de Boliviana de Aviación (BoA), tras recibir 16 denuncias formales vinculadas a la gestión anterior de la empresa estatal.
García informó que 11 denuncias fueron presentadas por usuarios y cinco adicionales fueron remitidas a última hora por el anterior gerente de BoA, motivo por el cual el Viceministerio envió un equipo a las instalaciones de la aerolínea en la ciudad de Cochabamba para recabar información y establecer responsabilidades.
El viceministro explicó que la investigación apunta a una planificación crítica realizada en la anterior gestión, que generó perjuicio directo a la población. “El 25 de septiembre se advirtió formalmente al entonces gerente que la planificación era inviable. Se programaron operaciones para 13 aeronaves, cuando solo se contaba con ocho, y ese error tiene responsables que deberán responder ante la justicia”, afirmó.
Entre los hechos investigados figura también la venta de una aeronave en diciembre de 2024, por $us 7,4 millones, pese a la carencia de aviones en la flota. García señaló que existen denuncias que indican que el precio ref0erencial habría sido superior, lo que podría configurar un daño económico al Estado. “Alguien debe explicar por qué se vendió una aeronave cuando BoA necesitaba al menos cuatro más para cumplir su programación”, sostuvo.
Asimismo, García reveló que entre 2023 y 2025 se habrían generado gastos por Bs 2.531 millones debido a decisiones del directorio de BoA, como la operación de vuelos internacionales con mínima ocupación. “Se realizaron vuelos a La Habana con aviones de 168 pasajeros que transportaron solo 17 personas. Estas decisiones no pueden quedar impunes”, señaló.
El viceministro indicó que estos hechos serán incorporados al trabajo de la Comisión de la Verdad y derivarán en denuncias ante el Ministerio Público, además de auditorías especiales y de cumplimiento ante la Contraloría General del Estado. “Vamos a identificar responsables con nombre y apellido. La población merece saber quiénes provocaron este perjuicio”, concluyó.
BD/LE/MZS
