El país podría gastar hasta 2.890 millones de dólares en la importación de diésel y gasolina en 2025. Los subsidios a los carburantes superarían los 2.000 millones de dólares, lo que presiona aún más al déficit fiscal.
Brújula Digital|29|11|25|
La Fundación Milenio presentó su Informe sobre la Economía de Bolivia 2025, en el que sostiene que la recuperación económica del país depende de la implementación de un programa de estabilización integral destinado a frenar el deterioro de los principales indicadores y restablecer los equilibrios fiscales, externos y monetarios.
“El proceso de estabilización debe centrarse en reducir de manera drástica el déficit fiscal, normalizar el suministro de carburantes, cerrar la brecha cambiaria y estabilizar y transparentar el mercado de divisas, asegurando el acceso del público a dólares”, afirmó el director de la institución, Henry Oporto, durante la presentación.
Según señaló, estas medidas son indispensables para detener la inflación y recuperar la credibilidad macroeconómica. Una de las medidas necesarias era la reducción del déficit fiscal.
Milenio plantea también la necesidad de reformas estructurales para atraer inversiones, impulsar las exportaciones y modernizar el Estado. Entre ellas menciona la redefinición del rol estatal, la mejora de servicios como educación, salud y pensiones, y la creación de un clima favorable para la inversión privada y extranjera. Ese cambio, afirma el informe, permitiría avanzar hacia una economía de mercado competitiva, eficiente e inclusiva, dijo el economista Luis Carlos Jemio al comentar el informe.
Crisis energética y subsidios en aumento
El gasto en importación de diésel y gasolina podría ascender a 2.890 millones de dólares en 2025, con subsidios que sobrepasarían los 2.000 millones de dólares. El déficit estructural de GLP anticipa posibles escaseces en 2026, que incluso podrían obligar a su importación, mientras la producción de gas y petróleo continúa en declive.
Con base en una norma internacional del Fondo Monetario Internacional, Milenio estima que Bolivia podría acceder a unos 4.000 millones de dólares de asistencia externa en un periodo de tres años, especialmente si alcanza un acuerdo con el organismo multilateral. Esto abriría la puerta a financiamiento concesional, inversión extranjera y la repatriación de capitales bolivianos.
“Bolivia sólo podrá recuperar la estabilidad y la senda del crecimiento si corrige sus desequilibrios económicos y reconstruye la confianza interna y externa”, concluyó Oporto.
El informe indica que en 2025 la crisis económica se ha profundizado, con un deterioro más severo de los indicadores fiscales, monetarios, financieros, comerciales y productivos. Según Milenio, la economía boliviana entró en una fase recesiva que agrava los desajustes macroeconómicos y hace urgente la intervención gubernamental para restituir la estabilidad.
El estudio advierte que la población enfrenta un aumento del costo de vida, volatilidad cambiaria, falta de dólares y una creciente precarización laboral. En el primer semestre del año, la economía se contrajo en 2,4%, con retrocesos marcados en hidrocarburos, minería, comercio y transporte.
Déficit externo y fiscal en niveles críticos
El documento señala que Bolivia atraviesa un severo estrangulamiento externo. En la primera mitad del año, el déficit en cuenta corriente llegó a US$ 814 millones, mientras las exportaciones cayeron 6,8%, generando un saldo negativo de US$ 203 millones en la balanza comercial. La falta de financiamiento llevó al uso de reservas de oro y a la acumulación de 694 millones de dólares en cuentas por pagar en el mismo periodo.
Milenio proyecta que el déficit fiscal podría cerrar 2025 en torno al 10% del PIB, financiado principalmente mediante emisión monetaria del Banco Central de Bolivia y con recursos del sistema de pensiones. Esta situación, advierte, aumenta la inflación, reduce el poder adquisitivo y genera riesgos para el sistema previsional, que ya registra pérdidas patrimoniales significativas.
Hasta septiembre, la inflación alcanzó 18,3% y podría llegar al 25% a fin de año. En el caso de los alimentos, el aumento superaría el 40%. El informe señala además una caída en los depósitos bancarios y un estrechamiento de la liquidez, lo que afecta la capacidad del sistema financiero para sostener el crédito y, por consiguiente, el financiamiento de la actividad económica.
Hubo amplio interés en el informe.
BD/RED
