El diferimiento beneficiará únicamente al 3% de la cartera de créditos del sistema financiero, según la ASFI, y está dirigido exclusivamente a prestatarios con microcréditos y créditos de vivienda social.
Brújula Digital|06|11|25|
El Gobierno promulgó y reglamentó en tiempo récord la Ley 1670 de diferimiento de créditos para vivienda social y micro y pequeña empresa. La norma fue sancionada el viernes 31 de octubre, promulgada por el presidente Luis Arce el miércoles 5 de noviembre y reglamentada en menos de 24 horas mediante el Decreto Supremo 5484, que entró en vigencia de inmediato.
El decreto reglamenta la “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos Otorgados para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”. La norma establece que el beneficio se aplicará a los préstamos vigentes hasta el 30 de junio de 2025, con un diferimiento automático de seis meses que concluirá el 6 de mayo de 2026.
Durante ese período, las entidades financieras deberán suspender el cobro de capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos, manteniendo las condiciones originales del crédito. Los prestatarios que no requieran del diferimiento podrán continuar con sus pagos, manifestándolo expresamente ante su entidad.
Asimismo, las empresas aseguradoras deberán diferir el pago de las primas de los seguros de desgravamen hipotecario y de las pólizas que amparan las garantías de los créditos, sin generar recargos ni pérdida de cobertura.
La ASFI y la APS serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la ley y su reglamento.
La directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza, precisó –en una anterior oportunidad- que el beneficio está dirigido únicamente a clientes con microcréditos y créditos de vivienda social, no a la totalidad del sistema financiero. “El alivio está orientado a quienes están en ejecución y no pueden acceder a una reprogramación o refinanciamiento”, explicó.
Por su parte, el director de Estudios y Publicaciones de la entidad, Pedro Asturizaga, aseguró que el impacto será “mínimo” en comparación con el diferimiento aplicado durante la pandemia de 2020. “El efecto alcanzará al 3% de la cartera de créditos; no es significativo”, indicó.
El Ministerio de Economía respaldó la medida y señaló que la norma fue impulsada por al menos 12 organizaciones sociales. “Esta ley protege el derecho a la vivienda de miles de familias y asegura la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas”, destacó la cartera estatal.
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