Desde 2023, las publicaciones exclusivas de este medio permitieron destapar un caso que, con el paso de los meses, escaló hasta convertirse en uno de los mayores escándalos en la historia reciente del sector hidrocarburos del país.
Redacción Brújula Digital
Brújula Digital fue el primer medio en revelar las irregularidades en torno a la empresa Botrading, creada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Paraguay.
Desde 2023, sus publicaciones exclusivas sobre los contratos y operaciones de esta intermediaria permitieron destapar un caso que, con el paso de los meses, escaló hasta convertirse en uno de los mayores escándalos en la historia reciente del sector hidrocarburos del país.
Las investigaciones periodísticas de este medio derivaron en la conformación, el 27 de marzo de 2025, de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de indagar los vínculos entre YPFB y Botrading. Tras dos meses de trabajo, el informe final fue aprobado por unanimidad y remitido al pleno camaral, con recomendaciones de enviar la documentación a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público.
Parte de los documentos anexos al informe corresponden a información obtenida y publicada por Brújula Digital.
Una empresa “de papel” creada en Paraguay
De acuerdo con el informe de la comisión, y tal como adelantó este medio desde 2023, Botrading fue creada en Paraguay en 2022 en reemplazo de YPFB Internacional, una sociedad anónima fundada en 2019. Su función era intermediar en la compra de combustibles para Bolivia, pero según la investigación legislativa, nunca tuvo operaciones reales, infraestructura ni personal.
El diputado Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana), impulsor de la comisión, explicó que la empresa operaba “sin vender una sola gota de combustible” y que fue utilizada para revender productos de YPFB Refinación a precios más altos, lo que calificó como una maniobra irregular que generó daño económico al Estado.
“Estamos hablando de una empresa de papel, sin actividad comercial, que en lugar de abaratar costos encareció la importación de combustibles”, declaró Alarcón a este medio.
Según el legislador, las supuestas ganancias reportadas por Botrading –56 millones de dólares– no provienen de una actividad comercial legítima, sino de una reventa interna de productos producidos por YPFB, “una operación ficticia que solo se explica con recursos públicos”.
Los contratos observados
La comisión legislativa detectó cinco contratos principales entre YPFB y Botrading con pagos en exceso que suman 275,7 millones de dólares.
Los casos –más notables son el Contrato 366, que originalmente era de 31,6 millones de dólares y terminó en 274,5 millones, y el Contrato 537, que pasó de 23,8 millones a 30,2 millones.
Otros contratos –el 611, 040 y 379– también registraron incrementos significativos por diésel y petróleo crudo.
A esos montos se suman otros 79,23 millones de dólares identificados como parte del daño económico total, que asciende a 355 millones de dólares. El cálculo incluye las “ganancias” declaradas por Botrading, pagos ilegales de 18,1 millones y un sobreprecio de 4,9 millones respecto a ofertas de otras empresas.
Alarcón sostuvo que, en varios procesos de licitación, YPFB invitaba a cientos de proveedores, pero en la práctica solo participaba Botrading, lo que anulaba la competencia. “Botrading ganaba con precios más altos o más bajos; no tenía pierde”, dijo el legislador.
“El camino chueco” para cerrar contratos directos
En septiembre, el mismo Alarcón aseguró que YPFB usó a Botrading como un “camino chueco” para adjudicar contratos directos y eludir los procesos competitivos.
“Si no hubiera habido Botrading, las proveedoras hubieran tenido que competir entre sí, y eso habría permitido obtener mejores precios”, señaló.
El diputado añadió que, al momento de recibir sus primeros contratos, el 9 de febrero de 2023 –uno por 17,6 millones de dólares para petróleo crudo y otro por 133,5 millones para diésel–, la empresa no contaba con capital propio, por lo que YPFB habría financiado las operaciones bajo su propio nombre.
“Encontramos que Botrading no tenía un solo dólar para comprar combustible. La pregunta clave es cómo cubrió contratos por 776,5 millones. La respuesta es que lo hizo YPFB usando el disfraz de Botrading”, afirmó.
Las empresas proveedoras involucradas en las operaciones fueron Pan American Energy S.L. y Pan American Sur S.A. (Argentina), Corporación Primax S.A. (Perú) y ATEM’s Distribuidora de Petróleo S.A. (Brasil).
El caso del contrato anulado
Brújula Digital también reveló que YPFB pagó 5 millones de dólares a Botrading por una adjudicación de 133,5 millones que ya había sido anulada.
“Nos estaban ocultando la resolución de anulación, y si no se hubiera publicado en Brújula Digital, esos pagos habrían pasado como si fueran legales”, dijo Alarcón.
Tras conocerse estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación contra 10 personas, entre ellas el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y el exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, quien fue aprehendido. Se ordenaron congelamientos de cuentas y alertas migratorias.
La respuesta de YPFB
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, rechazó las conclusiones de la comisión y defendió la creación de Botrading.
Aseguró que la empresa generó beneficios económicos para el país, rompió monopolios de proveedores y permitió ahorros por más de 30 millones de dólares. “Los contratos han generado utilidades positivas, son claros, transparentes y auditados por empresas internacionales”, sostuvo.
Explicó también que los aumentos de precios en los contratos responden a adendas permitidas por norma, aunque tres de los cinco casos superan el 10% establecido como tope legal.
Un caso que marcó agenda nacional
El impacto de las publicaciones de Brújula Digital fue inmediato. En julio de 2023, el medio reveló los primeros sobrecostos en importaciones desde Argentina, y en marzo de 2024 informó que YPFB había anulado una adjudicación a Petroperú para reasignarla a Botrading con un precio 32% más alto.
Cinco días después de esa publicación, la Cámara de Diputados decidió crear la comisión investigadora.
Desde entonces, el caso Botrading se convirtió en uno de los temas más relevantes de la agenda pública boliviana, con repercusiones políticas, administrativas y judiciales que aún continúan en desarrollo.
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