Censo 2024: 86% de los trabajadores bolivianos está en la informalidad. De 6 millones de ocupados, la mitad se dedica a agropecuaria y comercio. El bono demográfico del país requiere políticas de empleo formal y productivo para convertirse en verdadera oportunidad de desarrollo.
Brújula Digital|29|10|25|
Julio Linares y Jimmy Osorio/BoliviAnalitika
De acuerdo al Censo 2024, la población ocupada en el país es de seis millones, la mitad está dedicada a la agropecuaria y al comercio; el 86% trabaja en la informalidad. El Censo revela además que la informalidad escaló del 64% al 86% entre 2006 y 2024, evidenciando que el país priorizó políticas de contención social sobre desarrollo laboral sostenido. De los seis millones de trabajadores, solo 823.000 tienen empleo formal.
El Censo 2024 incluyó un cuestionario de 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Entre ellas, un bloque clave se refirió al empleo y la ocupación, dentro del apartado “Características de cada persona”. Este segmento permite identificar la situación laboral (ocupado, desempleado, fuera de la fuerza de trabajo), el tipo de relación laboral (cuenta propia, asalariado, empleador) y el sector económico donde trabaja la persona (agropecuario, industria, servicios, entre otros).
A diferencia de las encuestas tradicionales, el Censo ofrece una fotografía integral del empleo en todo el territorio nacional, incluyendo áreas rurales y regiones que usualmente quedan fuera de las encuestas de hogares. Esta información es crucial para formular políticas públicas, analizar la estructura productiva y diseñar estrategias de desarrollo territorial y laboral. No obstante, al ser un registro estático, el Censo no permite un seguimiento dinámico del empleo, por lo que sus datos deben complementarse con encuestas periódicas, como la Encuesta Continua de Empleo 2025. Ver el análisis completo de este tema aquí.
El empleo es un pilar esencial del desarrollo económico y social. En Bolivia, el tipo, la calidad y la formalidad del trabajo determinan no sólo el ingreso familiar, sino también la estabilidad fiscal y la cohesión social. Sin embargo, las políticas laborales de las últimas dos décadas han tenido resultados dispares.
Durante el auge de los precios de materias primas, el Estado impulsó el gasto público y expandió el empleo estatal: la tasa de desempleo abierto bajó de 8,5% en 2005 a 4,4% en 2014, y el Censo 2024 muestra que no supera el 3%. Pero este descenso no refleja necesariamente un progreso estructural: la mayoría de los nuevos empleos son precarios, temporales o informales.
Como ya se dijo líneas arriba, la informalidad pasó del 64% en 2006 al 86% en 2024, lo que evidencia que Bolivia tuvo más políticas de contención social que de desarrollo laboral sostenido. De los más de 11,3 millones de habitantes censados, el 74,2% está en edad de trabajar (más de 8,4 millones de personas), la cifra más alta en tres décadas: es el bono demográfico del país. Sin embargo, la calidad del empleo dentro de esa masa laboral es la verdadera interrogante.
El 67% de la población económicamente activa (PEA) se concentra en el área urbana, donde el desempleo alcanza 3,3%, frente a 1,7% en el área rural. Pero en las zonas rurales la mayoría trabaja por cuenta propia o en unidades familiares sin beneficios ni seguridad social.
De hecho, el sector agropecuario absorbe casi el 30% del empleo, seguido por el comercio (19%), la industria manufacturera y la construcción. Son actividades que sostienen millones de empleos, pero en condiciones de informalidad estructural (los datos completos los encuentra en el Boletín No 5, en el enlace publicado debajo de esta nota).
La OIT define el empleo informal como aquel que no cumple con la legislación laboral ni con las prestaciones sociales. En Bolivia, el 85,9% de los trabajadores activos se encuentra en ese grupo: de los casi 5,8 millones de trabajadores, solo 823.000 están en el sector formal. En el área rural, la informalidad llega al 93%, lo que significa que nueve de cada diez trabajadores carecen de contrato, vacaciones o seguro de salud. En el área urbana, la cifra también es alta: 82,5%.
Pese a este panorama, las políticas públicas continúan enfocándose en fiscalizar planillas y resolver conflictos laborales, más que en promover empleo productivo o capacitación técnica. El Ministerio de Trabajo, que debería liderar la política de desarrollo laboral, actúa más como ente regulador que como motor del cambio estructural.
Su presupuesto limitado y su débil articulación con los ministerios productivos y educativos impiden una estrategia nacional de empleo.
El empleo productivo es la columna vertebral del crecimiento económico. Cuando más personas trabajan y producen, el PIB crece; pero la calidad del empleo determina si ese crecimiento es sostenible. Un empleo formal, estable y con protección social no solo mejora el bienestar de las familias, sino que reduce la pobreza y fortalece la base fiscal del Estado. En cambio, la expansión de la informalidad perpetúa los bajos ingresos y la desigualdad.
Formalizar el empleo no es tarea de un decreto. Requiere políticas integrales, incentivos a las empresas, reducción de costos de formalización, y un sistema de protección social accesible y eficiente. Solo con una estrategia coherente, gradual y sectorial, Bolivia podrá transformar su bono demográfico en una verdadera ventana de oportunidad laboral que impulse el desarrollo económico y social del país.
BD/RED
