En 12 meses Bolivia debe devolver los $us 828 millones que el gobierno de Arce obtuvo por empeñar el oro de las reservas para comprar combustible subvencionado y pagar la deuda externa. El plazo vence entre abril y julio de 2026, de no cumplirse el oro pasará a propiedad de los bancos internacionales que aceptaron el empeño.
Brújula Digital|Connectas|08|10|25|
Mónica Salvatierra
¿Con qué se encontrará el próximo gobierno? El 8 de noviembre concluirá el ciclo del MAS y de su modelo económico. El país atraviesa la peor crisis económica de los últimos 40 años, reflejada en la escasez de combustible, una inflación creciente y un mercado negro de divisas en el que el dólar se cotiza casi al doble del su valor oficial.
La divisa estadounidense escasea: solo el 6% de las Reservas Internacionales Netas (RIN) están en efectivo. En los bancos ya no se aceptan depósitos ni transacciones en dólares, salvo el pago de altas comisiones por transferencia. Lo cierto es que el país se quedó sin dinero para importar gasolina y diésel, y tampoco logra reunir las divisas necesarias para amortizar la deuda externa.
Por esta razón, el gobierno de Luis Arce decidió empeñar las reservas de oro en bancos internacionales. En la práctica, esto significa que hizo una venta anticipada, comprometiendo las reservas, que deberían ser el “colchón” ante los problemas más graves de la economía.
Las RIN, que en 2014 llegaron a $us 15.000 millones, gracias al auge del gas natural, cayeron a 3.275 millones. De ese total, 3.113,7 millones corresponden a oro y apenas 102,5 millones a dólares, es decir, solo un 3,1 % está en divisas líquidas. El oro, al que se suele llamar “las joyas de la abuela”, es ahora el último recurso con que cuenta el Estado para enfrentar la crisis.
El guardián de ese oro es el Banco Central de Bolivia (BCB). Esta entidad informó que en lo que va del año se vendieron a futuro 8,4 toneladas de oro; en otras palabras, se empeñó el metal para obtener dólares en efectivo. En el primer cuatrimestre se monetizaron tres toneladas, mientras que en el segundo se comprometieron otras 5,4 toneladas. Gracias a este “empeño” de las “joyas de la abuela”, el gobierno de Arce consiguió $us 828 millones que se destinaron a pagar parte de la deuda externa y a la importación de combustibles.
Según el informe del BCB, el oro fue empeñado por un año. “El ente emisor realizó dos operaciones financieras de contratos a futuro que serán perfeccionadas en un plazo no mayor a 12 meses cada una”, señala el documento. Esto significa que en ese tiempo debe devolverse los 828 millones de dólares; de lo contrario, el oro pasará a ser propiedad de los bancos internacionales que entregaron el dinero, además que se deberá pagar intereses, comisiones y otras obligaciones pactadas en los contratos.
Transacciones bajo sospecha
El uso del oro de las reservas también despierta dudas sobre la legalidad de las operaciones. En 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley del oro, que autoriza al BCB a comprar este metal en el mercado interno para fortalecer las reservas internacionales. También permite hacer operaciones en el exterior, incluida la pignoración (empeño). Pero la norma establece que para ello el Banco Central debe contar con la autorización del Legislativo, lo que no ocurrió en este caso.
El economista Gonzalo Colque explica que “las autoridades del BCB alegan que cuentan con una supuesta facultad legal derivada de un artículo incluido en la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Sin embargo, existe una sentencia constitucional que señala que una ley presupuestaria no puede modificar una ley permanente”.
En este contexto, es clave recordar que el oficialismo ya no tiene mayoría en el Senado y que en Diputados apenas alcanza los votos necesarios. Por ello, el gobierno intentó incluir en el PGE 2025 una facultad que le permitiera acceder a estas operaciones sin pasar por el Congreso, pero no lo logró.
La Ley del Presupuesto General fue presentada a la Asamblea Legislativa, pero no hubo quórum para su aprobación. En el marco de las normas bolivianas, si pasa un tiempo sin la luz verde del Congreso, la ley se da por aprobada para que el PGE pueda ejecutarse. Eso fue lo que ocurrió en este caso.
Además, la Ley del oro señala que las RIN no pueden tener menos de 22 toneladas del metal precioso. Sin embargo, esa condición hoy no se cumple.
De acuerdo con el informe del BCB, al 31 de agosto había 24,12 toneladas de oro: 21,85 depositadas en bancos internacionales y 2,27 en las bóvedas nacionales. De las que están fuera del país, 8,4 toneladas están empeñadas y no son de libre disponibilidad. Las que están dentro del país, en cambio, no están refinadas ni certificadas como barras de buena entrega, sino en bruto, lo que tampoco las hace disponibles para usar de inmediato.
Si se descuentan las 8,4 toneladas pignoradas, el Estado tendría en realidad solo 15,72 toneladas disponibles, por lo que se estaría incumpliendo la ley.
¿Por qué debería preocupar?
El economista Gonzalo Colque advierte que hasta ahora no se cuenta con las condiciones para devolver, en el tiempo establecido (12 meses), el dinero que obtuvo Luis Arce por las 8,4 toneladas del oro que empeñó, esto considerando que el plazo vence entre abril y julio de 2026.
“Las reservas internacionales netas podrían tocar fondo e incluso volverse negativas en 2026, lo que pondría a la economía nacional en una situación crítica. Se está vendiendo oro en condiciones desventajosas, justo en un momento en que el precio internacional sube y los bancos centrales del mundo compran oro en lugar de vender”, remarca Colque.
Por su parte, Carlos Aranda, economista de la Fundación Populi, añade que “si bien el BCB podría tener la facultad de empeñar oro, ésta debería limitarse al excedente por encima de las 22 toneladas mínimas. Por lo tanto, la legalidad de la operación queda en entredicho y cabe preguntarse si el BCB hizo la consulta jurídica necesaria para evitar una posible violación de la ley”.
Aranda observa además que el BCB justificó la operación como una forma de evitar el default del Tesoro General de la Nación. “El mandato del BCB es velar por la estabilidad monetaria, no buscar fondos para que el Tesoro pague sus deudas. Al admitir que actuó para evitar un default, el BCB reconoce su falta de independencia y su sometimiento al Poder Ejecutivo. Esto le resta credibilidad a una institución que debería ser sólida para garantizar la estabilidad monetaria del país”, concluye.
Un desafío para el próximo gobierno
¿Qué opinan los candidatos a la Presidencia que el próximo 19 de octubre se medirán en las urnas por la Presidencia de Bolivia?
José Gabriel Espinoza, responsable del equipo económico de Rodrigo Paz, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Ramiro Cavero, economista principal de la alianza Libre, que postula a la Presidencia a Jorge Tuto Quiroga, coinciden en que el panorama económico que recibirá el próximo gobierno será altamente desafiante.
Ramiro Cavero, en el programa radial La Hora Pico, advirtió que si el Gobierno de Luis Arce no entrega el mínimo de 22 toneladas de oro de las RIN tendrá que enfrentar consecuencias legales, porque la norma establece que esa cantidad debe mantenerse en todo momento.
Cavero recuerda que las reservas son un respaldo crucial para cualquier país, ya que permiten disponer de dinero de manera inmediata en situaciones de emergencia, como una pandemia, o para garantizar la compra de combustibles.
“Si el Gobierno de Arce no asegura el abastecimiento de gasolina y diésel después de la posesión del nuevo mandatario, se generará un serio problema”, alerta.
Por su parte, José Gabriel Espinoza cuestiona que el BCB hubiese incumplido la norma que define su esencia: mantener la estabilidad de la moneda nacional y preservar la estabilidad cambiaria y monetaria. Para Espinoza, el ente emisor cometió una ilegalidad al destinar el dinero obtenido por las operaciones con el oro al gasto corriente del gobierno central, como el pago de la deuda externa y la compra de combustibles.
Consultado sobre cómo enfrentar esta situación, Espinoza considera que al tratarse de “una situación demandante” el siguiente gobierno deberá fomentar las exportaciones para el ingreso de dólares al país, atraer inversiones y promover la llegada de remesas, todo con el fin de fortalecer las reservas.
Con relaciones a las medidas que se tomará si su frente gana, Espinoza indica que se contempla el uso de unos $us 3.000 millones de créditos ya aprobados, pero aún no desembolsados, y la gestión de otros nuevos, que requieren autorización del Poder Legislativo, lo cual podría reforzar las RIN.
Asimismo, advirtió sobre la necesidad imperiosa de reducir el gasto corriente del Estado, que equivale al 10 % del Producto Interno Bruto y se concentra en la importación de combustibles. Desde la visión del PDC, ese costo debería ser asumido primero por las empresas estatales y luego por un nuevo esquema de precios. Cabe recordar que en Bolivia la gasolina y el diésel están fuertemente subvencionados, con un costo que supera los $us 2.000 millones anuales.
Espinoza insiste en que es fundamental recuperar la buena gestión del Banco Central de Bolivia, para que deje de financiar los gastos del gobierno y vuelva a cumplir su rol esencial: garantizar la estabilidad de la moneda y del tipo de cambio.
La merma del oro
El economista Gonzalo Colque explica que, entre 2023 y agosto de 2025, el gobierno de Arce monetizó 57,4 toneladas de oro, a un ritmo de 19 toneladas por año. Además de las 21 toneladas vendidas y 8,4 empeñadas, convirtió en divisas otras 28 toneladas compradas a los cooperativistas auríferos, bajo el argumento de “fortalecer” las reservas internacionales.
Estas operaciones fueron financiadas con emisión monetaria del BCB, lo que incrementó la inflación y redujo el poder adquisitivo de la moneda nacional. Es, hasta ahora, el gobierno que más oro vendió en toda la historia de Bolivia.
Después de 20 años de gestión del MAS, Bolivia pasó de un boom económico, que le generó 60.000 millones de dólares en renta petrolera, a tener que vender y empeñar gran parte de las llamadas “joyas de la abuela”. El resultado es un hueco financiero con el que se encontrará el próximo Presidente de Bolivia y el que deberá intentar tapar para intentar recuperar la economía nacional.
BD/IJ
