Mientras que desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicaron que este proyecto de ley “comprometería la estabilidad del sistema financiero”, declaraciones que fueron rechazadas por el Ministerio de Economía
Brújula Digital|09|09|25|
El sector prestatario a nivel nacional pidió a la Cámara de Diputados aprobar el anteproyecto de ley N° 547/2024-2025, impulsado por el Gobierno, que plantea diferir el pago de cuotas de créditos por seis meses.
“Hacer conocer el anteproyecto que el Gobierno ha lanzado para el día de mañana. El día de mañana esperemos que la Cámara de Diputados apruebe este anteproyecto de seis meses de congelamiento para el sector prestatario”, dijo el ejecutivo nacional del sector, Carlos Bautista.
Explicó que esta medida es necesaria para que los deudores logren reactivar su economía.
El ejecutivo de los prestatarios de La Paz, Mariano Tito, convocó a los sectores a respaldar la propuesta normativa, al señalar que la mayoría mantiene préstamos con la banca.
“Los bancos ya no tienen miedo, otra vez están atacando a las familias. Pero este anteproyecto, si se aprueba, también (impulsará a) que los bancos no sean más maleantes y no se agarren y hagan intereses sobre intereses y lo capitalicen y otra vez nos saquen otros intereses”, indicó.
Desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) se advirtió hace unos días que el proyecto de ley “comprometería la estabilidad del sistema financiero”.
“El sistema financiero canaliza con responsabilidad los recursos de los depositantes hacia actividades productivas y necesidades familiares. Estos fondos no pertenecen a los bancos, sino a los ahorristas, por lo que su protección es fundamental para mantener el crédito y la confianza en el sector”, remarca el pronunciamiento de Asoban.
Asoban alertó que la norma forzaría una inevitable restricción del crédito, con impacto en los sectores más vulnerables, como las microempresas, y con consecuencias sociales como mayor desempleo, pobreza y exclusión financiera.
Este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas rechazó que la medida ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero.
En un comunicado, destacó que la propuesta es “temporal, específica y focalizada” y que no implica condonación de deudas ni intervención en los contratos entre prestatarios y entidades financieras.
“Se trata de una disposición responsable y oportuna que busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos para las familias y pequeños emprendedores afectados por la crisis”, detalla el documento.
El ministerio precisó que el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total, muy por debajo del registrado en 2020, cuando alcanzó el 10,4%. Al 31 de julio de 2025, el saldo de diferimiento apenas llegaba al 1,4%, lo que, según el Gobierno, demuestra la sólida cultura de pago de los prestatarios.
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