Sería bueno y pertinente seguir este ejemplo a nivel nacional y convocar a un gran diálogo nacional para el crecimiento y desarrollo del país, lo que permitiría integrar y fortalecer los organismos e instituciones de planificación, desarrollar mecanismos, lineamientos, metodologías, procedimientos.
Brújula Digital|21|08|25|
Ángel Arteaga
Según el Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE (Ley 777), este año fenece la vigencia del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), plan de largo plazo y de mayor jerarquía con un horizonte temporal de diez años, abarcando el período 2015-2025, denominado Agenda Patriótica por la Ley 650.
Este plan fue operacionalizado mediante el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021–2025 aprobado mediante la Ley 1407 de 9 de noviembre de 2021 y de él se desprenden y es la guía de todos los planes sectoriales y territoriales de mediano plazo del país, los cuales también abarcan el quinquenio 2021-2025, feneciendo este último año.
Todo ello se da en un contexto global determinado por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a los cuales Bolivia está suscrita y se ha comprometido a cumplir. Adicionalmente, se cuenta con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2024, que evidencian la ampliación de asimetrías de desarrollo entre las regiones y municipios del país.
Este estado de situación y contexto actual implica una serie de desafíos para la planificación, la inversión y la gestión pública, en definitiva, para el futuro del país, tanto en el corto, como en el mediano y el largo plazo.
En la actualidad, se observa una falencia de visión de futuro, pérdida de rumbo y agotamiento de un ciclo político y económico caracterizado por el hiperestatismo demagógico e irresponsable, así como una aguda crisis económica.
Además, se está ante un hecho político importante: la constitución de un nuevo gobierno nacional y casi de inmediato de nuevos gobiernos subnacionales, los que tendrán la responsabilidad y la obligación de estar a la altura de los desafíos, minimizar las amenazas y brindar certezas y esperanza al país.
Si hay voluntad política y un mínimo de lucidez de los gobernantes y de los sectores de poder, es posible y viable convertir la actual crisis en una oportunidad para resolver los principales problemas nacionales, aprovechando aspectos favorables como las condiciones normativas, administrativas, políticas y sociales existentes.
Todo ello permite, un amplio y real proceso de diálogo y debate sobre el presente y la forma de encarar el futuro entre los niveles intergubernativos, sectores sociales, ciudadanos, empresariales y académicos para diseñar y formular un plan estratégico de desarrollo nacional y regional de largo y mediano plazo, coherente y enmarcado en un nuevo y renovado enfoque filosófico, político y de transformación productiva alternativo.
En tal sentido, uno de los primeros problemas a resolver es la perniciosa práctica de la improvisación, que ocurre principalmente por la coincidencia temporal y de plazos –establecidos por norma– entre el inicio de los procesos de planificación nacional y la reciente posesión de las autoridades de los gobiernos nacional, departamentales y municipales, así como de sus equipos técnicos, quienes generalmente son nuevos y con poca experiencia.
Esto ocasiona una deficiente gestión del proceso de planificación de la gestión pública y de sus resultados, en la medida en que la planificación exige hoy altos niveles de complejidad y amplitud, dada la necesidad de interacción y articulación de tiempos (pluritemporalidad), escalas (intergubernativos), sectores (intersectorialidad) y actores (participación y apropiación social), además de la acumulación de aprendizajes (evaluación y seguimiento).
Otro hecho a señalar es el de los plazos formales y perentorios que impone la norma para la presentación de los planes de desarrollo. Se recurre frecuentemente a la contratación de consultorías por producto al filo de ellos y, en la mayoría de los casos, las mismas reproducen mecánicamente anteriores planes o planes de otros municipios, sustituyendo con simples reuniones –solo para cumplir formalidades– las mesas técnicas de coordinación, articulación de políticas públicas, programas, proyectos, y su implementación entre los niveles nacional, departamental y municipal, así como la interacción con la sociedad.
La situación descrita, y la del país en general, exige con urgencia superar las deficiencias señaladas y mejorar la calidad, pertinencia y eficiencia de la planificación pública. Esta es una herramienta insustituible para priorizar y asignar eficientemente recursos públicos cada vez más reducidos, con la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible.
La planificación, independientemente del tamaño del Estado, constituye una parte neurálgica de su organización y de la función pública. Los planes de desarrollo tienen como objetivo establecer grandes lineamientos, identificar complementariedades y sinergias entre programas y proyectos, así como su relación con las metas y objetivos nacionales.
En este contexto, las candidaturas con mayor posibilidad de acceder al gobierno en las próximas elecciones nacionales deberían prestar atención a lo señalado, y fundamentar en tal sentido sus propuestas electorales y programas de gobierno.
Es digno de mención y ponderable como hecho favorable en esta perspectiva, que el Gobierno Departamental de Santa Cruz haya promulgado acertadamente la Ley del Diálogo Departamental, para diseñar un plan estratégico de desarrollo de largo plazo.
Sería bueno y pertinente seguir este ejemplo a nivel nacional y convocar a un gran diálogo nacional para el crecimiento y desarrollo del país, lo que permitiría integrar y fortalecer los organismos e instituciones de planificación, desarrollar mecanismos, lineamientos, metodologías, procedimientos e instrumentos técnicos, analizar y evaluar el cumplimiento de objetivos.
Metas e impactos de las políticas públicas y los planes de desarrollo fenecidos, así como trabajar diagnósticos compartidos que identifiquen con claridad los problemas que frenan y dificultan el progreso, desarrollo del país y sus regiones, y mirar el futuro en términos positivos, con la participación de los niveles intergubernativos, sectores sociales, empresariales, académicos, actores políticos y ciudadanía.
Ángel Arteaga es miembro de la Plataforma una Nueva Oportunidad.
