Bolivia entra a la lista gris del GAFI y el Gobierno culpa al “sabotaje político"

Brújula Digital |13|06|25|

Bolivia fue oficialmente incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una categoría que agrupa a países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La noticia fue confirmada tras la plenaria del organismo realizada del 10 al 13 de junio en Estrasburgo, Francia.

La medida representa un duro golpe a la imagen financiera del país. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, calificó la noticia como “negativa y pésima para el Estado boliviano”, advirtiendo que el ingreso a esta lista generará rechazo político y económico a nivel internacional. “Esto es consecuencia de que no se aprobaron las normas requeridas por el GAFI, muchas de ellas bloqueadas por la oposición y sectores internos del propio oficialismo”, apuntó.

Según Romero, la falta de avances en leyes clave contra el lavado de activos refleja no solo un problema técnico, sino una grave parálisis política. “Estamos frente a acciones que terminan beneficiando a quienes quieren mantener vacíos legales para actividades ilegales como el narcotráfico, el terrorismo o el enriquecimiento ilícito”, sostuvo.

En el plano económico, advirtió que este estatus afectará las posibilidades de financiamiento externo y dañará aún más la imagen de Bolivia ante los mercados. “Ya tenemos informes negativos de calificadoras de riesgo, y se cuestiona nuestra capacidad de pago. Ahora, con esta inclusión, Bolivia será vista como un país poco confiable y riesgoso para la inversión”, agregó.

 ¿Qué implica estar en la lista gris?
Ser parte de esta nómina implica que Bolivia estará bajo observación especial del GAFI y otros organismos internacionales. Esto puede traducirse en mayores controles financieros, restricciones para acceder a créditos internacionales y una caída en la confianza de los inversionistas.

Pese a ello, el Gobierno minimizó la decisión y la atribuyó a factores políticos. En un comunicado, el Ministerio de Economía responsabilizó a la oposición y al ala radical del MAS por el “sabotaje” a leyes clave, como la abrogada Ley 1386, que pretendía fortalecer el sistema antilavado boliviano. “Bolivia cumplió con más del 90% de las recomendaciones del GAFI, pero no pudo promulgar una norma esencial debido a la desinformación y la politización”, indica el documento.

Desde 2021, el Ejecutivo había advertido que el país corría el riesgo de ser incluido en la lista gris, luego de que se frenaran normas propuestas en el marco del Presupuesto General del Estado 2024 y otras iniciativas contra el crimen financiero.

 Compromisos asumidos
Pese a los cuestionamientos, Bolivia aceptó una serie de compromisos con el GAFI y GAFILAT, incluyendo:

Aplicación de técnicas especiales de investigación en casos de lavado de activos.

Mayor control sobre sectores vulnerables como inmobiliarias, abogados y contadores.

Sanciones por no registrar correctamente a beneficiarios finales.

Aumento en investigaciones judiciales por legitimación de ganancias ilícitas.

El organismo internacional reconoció algunos avances en inteligencia financiera y decomisos, pero insistió en la necesidad de una reforma más profunda y sostenida.

BD/RED