Instituciones cuestionan contratos por el litio y presentan 13 observaciones

Brújula Digital|04|05|25|

Diversas instituciones expresaron su preocupación por los contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, que aún deben ser aprobados por la Cámara de Diputados, y realizaron una serie de observaciones.  

Las fundaciones Jubileo, Milenio y Solón, el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) presentaron un manifiesto con 13 puntos en los que advierten que los contratos para industrializar el litio son incompletos y que las empresas contratadas no han demostrado experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías para la Extracción Directa de Litio (EDL).  

Además, las entidades alertaron que las cláusulas técnicas y financieras de los contratos favorecen a Uranium One Group y Hong Kong CBC en detrimento de YLB.  

“Las instituciones abajo firmantes, preocupadas por las características, condiciones e implicaciones técnicas, económicas, financieras y socioambientales de los contratos suscritos por YLB con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, cumplimos con el deber patriótico de hacer públicas nuestras principales observaciones y objeciones a dichos contratos”, se lee en el documento.

Algunos datos de los contratos

El contrato entre YLB y Uranium One Group, empresa rusa, establece la implementación de una planta industrial con capacidad para producir 14.000 toneladas métricas anuales (tm/a) de carbonato de litio en tres fases, con una inversión superior a 975 millones de dólares.  

El acuerdo con Hong Kong CBC, consorcio chino, prevé la construcción de dos plantas industriales en dos fases. Una tendrá una capacidad de 25.000 tm/a y la otra de 10.000 tm/a, con una inversión de 1.030 millones de dólares.  

El 27 de enero, el presidente de YLB, Omar Alarcón, informó que se remitió a la Cámara de Diputados la documentación de los contratos, además de copias legalizadas.   

Una semana antes, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados postergó el debate sobre los contratos hasta recibir la documentación completa.   

Alarcón aseguró que los acuerdos para industrializar el litio serán "muy beneficiosos" para el país y que utilizarán el 1,64% de las reservas, lo que permitirá desarrollar proyectos con otras empresas, según información de ABI.  

El manifiesto presentado por las instituciones es el siguiente

1. Los contratos y sus anexos presentados a la ALP son incompletos, confusos e incongruentes. Su presentación dificulta una comprensión adecuada y su aprobación "en combo" genera incertidumbre sobre su transparencia.

2. A pesar de que las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de EDL que pretenden implementar, se les asigna la zona más rica en concentración de litio del Salar de Uyuni, lo que podría condicionar o limitar la futura participación de otras empresas con mayor experiencia en los procesos de extracción del litio.

3. Contrariando el objetivo de lograr acuerdos con socios estratégicos que aporten las inversiones de riesgo para el desarrollo productivo del litio y otros recursos evaporíticos, los referidos contratos implican que los riesgos financieros irán por cuenta del Estado, puesto que YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos

recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.

4. Existe una incongruencia en los costos de inversión, ya que la planta de Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que la del contrato con CBC, sin que se ofrezca una explicación clara.

5. Las proyecciones financieras de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) parecen estar sobredimensionadas, con expectativas de precios del carbonato de litio que no se ajustan a los precios actuales (por debajo de 10.000 dólares por tonelada) ni a las previsiones razonables a futuro. Esto genera serias dudas sobre la rentabilidad del proyecto para el Estado Boliviano.

6. Los costos finales de producción del litio son elevados y poco claros. El indicador de "costo de producción vs. precio de venta" es excesivamente alto en comparación con estándares internacionales y regionales.

7. Las cláusulas técnicas y financieras de los contratos favorecen a las empresas Uranium y CBC, minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias, incluso a costa de la rentabilidad que le correspondería a YLB.

8. Los contratos no incluyen de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar.

9. Los contratos y sus anexos no contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro de la TCO Nor Lípez.

10. El contrato con CBC impone penalidades elevadas para YLB, en caso de no poder cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual.

11. Las condiciones de transferencia de tecnología difieren en ambos contratos, pero en ambos casos resultan desfavorables para el país.

12. Los contratos no mencionan el destino de los subproductos generados en las plantas, como potasio, boro, magnesio, sodio y otros, los cuales tienen un valor considerable en el mercado.

13. Los contratos imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras (3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.

En conclusión, una vez más, constatamos que la improvisación y falta de experiencia de parte YLB en la negociación de los contratos de recursos naturales y la camisa de fuerza de las normas podrían llevarnos a una nueva frustración, por la duración de los contratos (más de 30 años), similar a lo sucedido con otros proyectos fallidos en los últimos 19 años.

Por todo lo expuesto, consideramos que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe realizar un análisis exhaustivo de cada cláusula de los contratos y, con la gran responsabilidad que le corresponde, no debe aprobar los contratos hasta que todas las observaciones y cuestionamientos sean resueltos, precautelando de esta manera los intereses nacionales.

BD/JA