El Presidente justifica disposición confiscatoria que es rechazada por productores y sectores

Brújula Digital|22|01|25|

El presidente Luis Arce justificó este miércoles la vigencia de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite la confiscación de productos, una norma que es rechazada por productores y diversos sectores.

Durante su discurso por los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia, el Mandatario se refirió al incremento de precios de algunos productos de consumo masivo.

Al respecto, dijo que se debe puntualizar que la presión inflacionaria se concentra en los precios de productos importados y algunos de producción nacional, en los que se evidenció agio, ocultamiento y especulación que daña la economía popular.

“El gobierno nacional, para defender el bolsillo de los bolivianos, ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino, por el contrario, utilizar esta norma, contra aquellos que cometan agio y especulación y afecten el bolsillo de los bolivianos y las bolivianas”, sostuvo.

Ayer martes, en el segundo ampliado multisectorial realizado en La Paz, se ratificó el rechazo a la disposición adicional séptima del (PGE) 2025 y se anunció que se iniciarán protestas el 10 de febrero si el Gobierno no la deroga.   

“Esa es la resolución y esperamos no llegar a esa. Reitero, el Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional), tienen un momento histórico para derogar esta disposición que hoy nos reúne y que hoy genera tanto conflicto”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Pablo Camacho.

Camacho destacó que en el encuentro se reiteró la demanda de que la administración de Luis Arce escuche las preocupaciones del sector privado. “No puede ser que tantas cámaras y tantos sectores no logremos una interpretación adecuada. Es distinta la lectura del Gobierno y distinta la de todos los sectores y cámaras”, señaló.  

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, confirmó que el 10 de febrero se realizarán movilizaciones si no se deroga la disposición. Dijo que este fin de mes se realizará en Sucre el tercer ampliado multisectorial.

La disposición séptima cuestionada señala que “Faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Al respeto, Arce y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteraron la predisposición por parte del Gobierno al diálogo. Indicaron que no son necesarias medidas de hecho.

BD/JJC