La disposición adicional es rechazada por industriales y otros sectores, que califican a la medida como confiscatoria y arbitraria, ya que, según ellos, impulsa el decomiso de mercadería.
Brújula Digital |01|16|25|
Representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y del Gobierno sostienen una reunión en las oficinas del Ministerio de Justicia para debatir sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
En el encuentro participan el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo; el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez; el presidente de la CNI, Pablo Camacho, y otros representantes.
Lo que indica la disposición
La disposición adicional es rechazada por industriales y diversos sectores, que la consideran confiscatoria y arbitraria, al señalar que promueve el decomiso de mercadería.
El artículo cuestionado “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Gobierno defiende la disposición
El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, informó el miércoles que se mantienen reuniones con el comité de seguridad alimentaria y sectores productores para brindar información clara sobre la medida.
Aseguró que la disposición no afecta a las personas que actúan dentro de la legalidad, sino a quienes almacenan productos con fines de contrabando, perjudicando la economía nacional.
“Esta disposición no va contra aquellas personas que se dedican al comercio lícito, que necesariamente tienen que tener un stock para garantizar el abastecimiento del producto en el mercado. Sino que va en contra de aquellas personas que almacenan productos, especialmente en las zonas fronterizas del país, con fines de contrabando”, apuntó Silva en una conferencia de prensa.
El lunes, gremialistas de La Paz realizaron movilizaciones en rechazo a la disposición y exigieron su abrogación inmediata. Advirtieron que, de no atenderse su demanda, convocarán movilizaciones a nivel nacional.
BD/MC/JA