|ANÁLISIS|Subvención de hidrocarburos: decisiones fallidas|Hugo del Granado|

Brújula Digital|26|12|24|

Hugo del Granado Cosio

El Decreto 28419 (21|10|05), modificado por el Decreto 5218 (04|09|24), que autorizan la libre importación de carburantes para el consumo directo, fueron complementados por un tercer decreto, el 5271 (13|11|24). Estos decretos son medidas desesperadas de un gobierno hundido en el fango de su profunda crisis, entre otras causas, por la insostenibilidad de la subvención y el fracaso de las decisiones adoptadas para tratar de disminuirla, a saber: las plantas de biodiesel, la habilitación de la infraestructura para la importación por el puerto de Arica, la mezcla de gasolina con etanol, la urgencia del Plan de Reactivación del Upstream (PRU) para elevar la producción y otras medidas de largo plazo con energías renovables. 

La obstinación del gobierno para mantener indefinidamente la insensata subvención es una de las políticas populistas que han llevado la industria petrolera a la profunda crisis que atraviesa.

En esas circunstancias el gobierno acude al sector privado autorizando la importación de carburantes a precios internacionales, pero solo para su consumo; como esto era insuficiente, ya que solamente redujo la subvención en 200 millones de dólares (de 1.600 millones a 1.400 millones) entre 2023 y 2024, tuvo que dictar el último Decreto 5271, ampliando la importación a la comercialización de los carburantes importados; la norma mantiene condicionantes para salvaguardar el control estatal, como por ejemplo “establecer la metodología de cálculo de precios”, idea desechada posteriormente por el ministerio de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.

Al parecer el ministro se ilustró con el artículo de Juan Antonio Molares, quien sostuvo que “si se liberara el mercado de bienes, los precios libres asignarán bien los recursos. Se resolverían los desabastecimientos y los precios internos (...) tenderían a alinearse con los precios internacionales”. (Brújula Digital 19|12|24).

Llama la atención que el DS 5271 es violatorio de la Constitución Política del Estado ya que la misma ordena claramente: 

Art. 361 I YPFB es la única facultada para realizar actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización.

 II YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma, modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente

Los importadores deberán resolver dos problemas: primero la escasez de dólares o para importar con recursos propios (o con créditos caros para quienes no tengan esos dólares) elevando así los costos del producto a comercializar y, el segundo, la prohibición de comercializar productos con subvención. Esto significa que ninguna estación de servicio que comercializa los productos de YPFB podrá comercializar los carburantes importados por los privados. 

Para poder hacerlo los empresarios tendrían que instalar sus propias estaciones de servicio o, en su defecto, las actuales estaciones de servicio tendrían que cambiar de proveedor por un año solamente, ya que ese es el tiempo de vigencia que estipula el Decreto 5271. Esto significaría disminuir drásticamente sus ventas con el beneficio de tener producto disponible, aunque para proveerse tengan que soportar largas filas y también frecuentes cortes de abastecimiento.

Respecto a la escasez de dólares y refiriéndose a los potenciales importadores, el mismo ministro sostuvo: “(…) que estos sectores son exportadores, por lo que deberían contar con los recursos para estas operaciones (El Deber 01|12|24)”. 

Además de las medidas asumidas para reducir la subvención, hasta ahora con insignificantes resultados, el gobierno ha creado dos tipos adicionales de gasolina con mayores precios y octanajes, la gasolina Premium, que cuesta 6,18 Bs y la Ultra Premium 100, con un precio de 6,82 Bs. La gasolina especial solo cuesta 3,74 Bs. No se tomó en cuenta que el mayor problema de la subvención está en el diésel, que es el de mayor consumo en el mercado y no en la gasolina.

Es necesario advertir que un proveedor de carburantes a precio subvencionados (YPFB) y varios a precios no subvencionados, ambos con notables diferencias, abre las puertas a una corrupción incontrolable, es inútil cambiar de color a unos carburantes para diferenciar de los otros. La corrupción se dará no solo en el transporte irregular de productos sino al interior de YPFB. La corrupción en YPFB no es una novedad, las propias estaciones de servicio saben de los trucos para ser favorecidas con el abastecimiento antes que otras y lo mismo sucederá con la facturación y despacho de carburantes en las distintas reparticiones. 

Parecería que el gobierno, con los decretos aprobados ha agotado todos los recursos de su cartera para disminuir la subvención y está resignado a terminar así su gestión.