Fundación Milenio propone un plan para duplicar el aporte de la minería al PIB en cinco años

Economía |07|11|24|

La Fundación Milenio presentó una Estrategia de Desarrollo Minero (EDM) cuyo objetivo es que, entre el 2025 y el 2030, la participación de la minería en el PIB nacional pase de 5.26% al 10%, con una inversión estimada de US$ 5 mil millones durante ese quinquenio.

“Con normas eficientes, que aseguren certidumbre, mayor inversión privada extranjera y nacional, modernización institucional y una drástica reducción del impacto ambiental de las operaciones, es posible pasar de 2.751 millones que representa actualmente la participación de la minería en el PIB a 5.322 millones de dólares”, afirmó Henry Oporto de Milenio.

La estrategia gira en torno a dos ejes: la promoción de la inversión minera, con apertura a la inversión extranjera, en un marco jurídico que proporcione al sector privado libertad económica, ventajas competitivas, seguridad y estabilidad en sus proyectos y operaciones y por otra parte la necesidad de frenar la informalización creciente de la actividad minera, mediante la formalización plena de las cooperativas mineras y su conversión en unidades productivas eficientes y responsables.

Entre las medidas contempladas en el Anteproyecto de una Nueva Ley de Minería, elaborado por Milenio, está reforzar el derecho minero mediante la figura del Contrato de Concesión Minera, en reemplazo del actual contrato administrativo, de manera de afianzar la seguridad jurídica de las inversiones y actividades mineras. 

También se propone, la creación de la Superintendencia de Minas (en lugar de la AJAM), como entidad independiente encargada de administrar los procesos de otorgamiento de derechos mineros y el cumplimiento de obligaciones inherentes a dichos derechos, junto con el establecimiento de la judicatura minera a cargo de un Juez de Minas. 

Otra de las propuestas es la creación de un “régimen tributario más competitivo en relación a los vigentes en otros países mineros, eliminando la Alícuota Adicional de 12.5 sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE); alícuota que determina que hoy en día las empresas paguen una tasa de 37.5% de IUE, una de las más altas en la región”, explicó Oporto. 

Los pequeños productores mineros y las cooperativas mineras podrán acogerse a un Régimen Especial del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (RE-IUE) consistente en un único pago anual del 4,8% sobre el valor bruto de sus ventas. Este Régimen Especial no exime a sus sujetos pasivos del pago de la Regalía Minera (RM) ni tampoco del pago de la Sobretasa a las Utilidades Extraordinarias en la Minería, puntualizó el investigador. 

También se propone destinar el 5% del pago de la regalía minera para beneficio directo de las comunidades rurales colindantes con el área de impacto del emprendimiento minero. 

Entre las medidas concretas están incorporar a la Ley General de Cooperativas, las disposiciones del Decreto 2892 de 2016, para la protección de los derechos laborales y sociales de los trabajadores de las cooperativas mineras, que están en situación de informalidad y explotación.   A fin de que estos trabajadores (que no son socios) reciban una pensión de jubilación, se prevé reforzar el aporte laboral al sistema de pensiones, dentro del régimen tributario especial, de acuerdo al proyecto de Milenio. 

Oporto considera conveniente que las cooperativas mineras tengan la opción de convertirse voluntariamente en sociedades comerciales (SRL), para tener las ventajas de esta otra forma de organización empresarial en términos de mejores prácticas de gestión técnica y administrativa, gerenciamiento, capitalización de activos, acceso al crédito, etc. 

Por último, Milenio propone implementar un programa de servicio civil meritocrático, que institucionalice y cualifique la función pública en el sector minero, contando con la asistencia de la cooperación internacional. “Nuestra minería debe dotarse de un sistema institucional sólido, eficiente y transparente, basado en los méritos, el profesionalismo, la estabilidad funcionaria, la probidad y vocación de servicio, la autonomía de gestión, el apego y cumplimiento estricto de la ley”, concluyó Oporto.