Edificio de Entel en el centro de la ciudad de La Paz. Foto: Archivo
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El Gobierno dispuso un incremento del 3% en los salarios de los trabajadores de Entel S.A., con retroactividad al 1 de enero de 2024. La medida, que deberá implementarse antes del 18 de octubre de este año, fue criticada por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, quien cuestiona su pertinencia en medio de la actual crisis económica.
“Se aprueba el incremento salarial del tres por ciento (3%) a la masa salarial, aplicado de forma inversamente proporcional para las trabajadoras y los trabajadores de Entel S.A.”, detalla el artículo 1 del decreto. Ello implica que el aumento será mayor para quienes perciben salarios más bajos. El Gobierno justificó esta política que busca aliviar las condiciones de los empleados con menores ingresos.
Por su parte, la disposición transitoria única establece: “La aplicación del incremento salarial retroactivo al 1 de enero de 2024 debe ser efectivizada hasta el 18 de octubre de la presente gestión, debiendo realizar los aportes correspondientes a los entes gestores de seguridad social de corto y largo plazo, conforme a la normativa vigente".
Este plazo fue definido con el objetivo de asegurar que el aumento sea percibido en su totalidad antes de finalizar el año fiscal.
La diputada Campero criticó la decisión, afirmó que, mientras gran parte de la población enfrenta dificultades económicas, los funcionarios del Ejecutivo disfrutan de “privilegios injustificados”. Además, señaló que Entel fue objeto de denuncias por corrupción en los últimos años, lo que, según ella, refuerza las sospechas sobre el manejo de recursos dentro de la empresa estatal.
“La empresa está sumergida en hechos de corrupción, extorsión y otros delitos. Mientras el pueblo sufre, los únicos beneficiados y privilegiados son los funcionarios del Gobierno”, declaró la diputada, quien también pidió que se investiguen a fondo los casos de irregularidades dentro de la compañía.
La diputada concluyó que el incremento salarial en Entel es solo un ejemplo más de cómo el Ejecutivo prioriza los intereses de sus allegados por encima de las necesidades urgentes de la población. “En un momento en que el país enfrenta múltiples problemas económicos, resulta inaceptable que se destinen más recursos a salarios de funcionarios cuando lo que realmente se necesita son políticas que promuevan la reactivación económica y el bienestar de la ciudadanía”, enfatizó.
BD/RED
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